El Gobierno avanza en la normativa que permite expropiar pisos, chiringuitos y hoteles que se encuentren cerca el mar,  a cambio de ceder a sus propietarios su uso durante 30 años, prorrogables a otros 30, en función del caso. Asimismo determinaría un máximo de 75 años para las concesiones destinadas a actividades desarrolladas en el litoral, como las que tienen lugar en determinadas zonas de la Costa de Cádiz con propiedades a los pies del mar, dentro de la línea marítimo terrestre. 

La novedad es que el Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando actualmente en la modificación del Reglamento General de Costas con el firme objetivo de paliar el avance del mar como consecuencia del calentamiento global, aunque por ahora no se ha publicado ningún borrador y lo que está en vigor es la ley de costas de 1988 y el reglamento de costas de 2014. Ambas contemplan que determinados inmuebles en la costa puedan pasar a manos del Estado siempre que se cumplan una serie de condiciones que reconoce la ley.

Asimismo, el documento está siendo revisado una vez que el Tribunal Supremo tumbara parte del texto en enero por defecto en la tramitación. 

En esta nueva normativa sí que atenderá razones de emergencia climática y que la zona litoral donde convergen rocas, paseos marítimos, playas de arena, agua y olas es "especialmente sensible a la subida del nivel medio del mar vinculada al cambio climático". Con todo, la intención no sería desalojar a los particulares cuya vivienda está en una zona declarada como dominio público marítimo terrestre, sino evitar nuevas reformas urbanísticas que pongan en peligro los ecosistemas de la costa. Los afectados también recibirían una indemnización por el deslinde.

Al parecer, el Tribunal Constitucional ya se pronunció hace años y dijo que era perfectamente constitucional que la indemnización consistiera en una concesión.

De momento, el Gobierno ha llevado a cabo una "consulta pública previa" sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaría un decreto anterior del año 2014, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas. Y una vez redactado el borrador completo de la norma, también se someterá a información pública.