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La amenaza del sistema de control de emisiones en los puertos a dos principios fundamentales de la UE

Un abogado lleva al Parlamento Europeo el "impacto distorsionador" de la directiva ETS por la presunta vulneración de los derechos de no discriminación y libre competencia

Varios estudios estiman una pérdida de hasta el 15% de la cuota de mercado de los puertos españoles por su aplicación

Transportes aborda con los puertos de toda España la descarbonización y electrificación de los muelles

Vista aérea de la terminal de APM en el Puerto de Algeciras. / Comport

El abogado Félix Cervantes Rodrigo, especializado en Derecho Europeo y Competencia, ha puesto encima de la mesa del Parlamento Europeo el impacto "altamente distorsionador" de la Directiva de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE, que entró en vigor el 1 de enero de 2024 y, según su análisis, está provocando un desvío masivo de tráfico hacia puertos no comunitarios. El letrado, además, apunta a que esta normativa vulnera dos principios clave del Derecho de la Unión Europea: los de no discriminación y libre competencia.

Para debatir este problema, el letrado ha sido invitado por el Secretariado de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) a intervenir en una sesión prevista para el 24 de septiembre de 2025 a las 16:40 en Bruselas, en relación con la denuncia que él mismo presentó. El abogado subraya que, aunque la directiva tiene un objetivo legítimo —la descarbonización del transporte marítimo—, su aplicación unilateral está generando una "competencia desleal" que pone en riesgo la competitividad de los puertos de la UE.

Vulneración de principios fundamentales

La denuncia de Félix Cervantes no solo se basa en los datos económicos, sino que también tiene fundamento jurídico. El abogado argumenta que la directiva ETS, tal como está aplicada, vulnera varios principios clave del Derecho de la Unión Europea, como el de no discriminación (artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -TFUE-), ya que, según argumenta, la normativa "discrimina indirectamente a los puertos de la UE al imponerles una carga regulatoria que sus competidores directos de terceros países no tienen". Otro principio fundamental que se ve alterado por la aplicación del ETS es el de libre competencia (artículos 101, 102 y 107 del TFUE), ya que el desvío de tráfico "crea una distorsión en el mercado, afectando la competencia leal y pudiendo derivar en ayudas de estado indirectas a los puertos no comunitarios".

El abogado también indica la afección al principio de proporcionalidad (artículo 5 del Tratado de la Unión Europea -TUE-): "Aunque la directiva persigue un objetivo legítimo, las medidas aplicadas son desproporcionadas en relación con los efectos negativos que generan en la economía portuaria europea", señala.

Además de la denuncia, el informe jurídico detalla las posibles acciones legales a emprender ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluyendo recursos de anulación (art. 264 TFUE) o por omisión (art. 265 TFUE) por la falta de medidas compensatorias. La denuncia también invoca la posible activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite a la Comisión Europea tomar medidas contra un Estado miembro si este no defiende los principios del Derecho de la Unión.

Un buque emite humo en el Puerto de Algeciras. / Vanessa Pérez

Costes, desvíos y "fuga de carbono"

El abogado expone que el núcleo del problema reside en el sistema de costes que impone la Directiva ETS. A partir de 2024, las navieras que operan en puertos de la UE deben asumir el coste de las emisiones de carbono, que se estiman en aproximadamente 90 dólares por tonelada métrica de combustible en el primer año. El impacto total aún no se ha materializado por completo debido a la implementación gradual del sistema, que finalizará en 2026. A pesar de los objetivos de la UE, la naturaleza unilateral del ETS genera una desventaja competitiva considerable, incentivando a las compañías a desviar sus rutas a puertos fuera de la comunidad, como Tánger Med, Port Said, Nador y Suez, que no están sujetos a la misma regulación.

Según la denuncia y los informes adjuntos, esta situación está provocando una pérdida significativa de tráfico, especialmente en los puertos de transbordo del Mediterráneo, como Algeciras, Valencia y Barcelona. Los documentos, que citan estudios de la Asociación Europea de Puertos Marítimos (ESPO), Puertos del Estado y la consultora CE Delft, estiman una pérdida de hasta el 15% de la cuota de mercado en tráficos de corta distancia desde 2022. Además, se advierte de un fenómeno de "fuga de carbono", donde las emisiones no se eliminan, sino que simplemente se trasladan fuera del control de la UE, lo que compromete el objetivo medioambiental de la directiva.

El impacto económico es especialmente grave para España. Un estudio encargado por el Gobierno de Canarias, adjunto a la denuncia, proyecta que sin una exención para las islas, se podría generar una pérdida económica anual de más de 70 millones de euros y una reducción considerable de empleos en el sector portuario.

Propuestas de solución

Para mitigar los efectos perjudiciales de la directiva, el abogado Félix Cervantes no solo denuncia el problema, sino que también propone una serie de soluciones concretas, plasmadas en una propuesta legislativa técnica anexa. Las medidas buscan restaurar el equilibrio competitivo y asegurar que los objetivos de descarbonización se logren sin perjudicar a los puertos de la UE.

Las propuestas clave incluyen la extensión de la normativa a puertos no comunitarios, con la creación de "cláusulas espejo" o "medidas de reciprocidad". Estas medidas obligarían a las navieras a cumplir con las obligaciones del ETS en rutas de alta frecuencia que conecten con puertos no comunitarios, como Tánger Med, lo que evitaría el desvío de tráfico.

También contempla el abogado la creación de mecanismos compensatorios, como un Fondo Europeo para el Apoyo de los Puertos y la Adaptación del Sector Marítimo, que se nutriría del 25% de los ingresos del propio sistema ETS del transporte marítimo (con una asignación mínima de 3.000 millones de euros anuales) con el objetivo de compensar a los puertos afectados por el desvío de tráfico y financiar proyectos de innovación y electrificación de muelles.

Otra propuesta es la armonización global, para lo que se insta a la UE a intensificar los esfuerzos en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) para establecer un régimen global de comercio de emisiones, "ya que una solución a escala mundial es la única forma de garantizar una competencia equitativa y una descarbonización efectiva sin fragmentar el mercado".

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