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El Gobierno admite que hay 18 barcos monocasco operando aún en España

Estos buques se dedican al transporte y avituallamiento de combustible · La UE obliga a que antes de 2010 todas estas embarcaciones deben estar fuera de servicio · La norma afecta a todos los barcos

El 'Prestige', que provocó el cambio en la normativa sobre los monocascos.
Europa Press / Madrid

07 de marzo 2009 - 01:00

El Gobierno central admitió ayer que hay al menos 18 buques monocasco registrados que siguen prestando servicio de transporte y avituallamiento de combustible, tanto gasoil como fuel, en los puertos españoles. La Unión Europea fijó en 2010 la fecha límite para su desaparición, y aseguró la Administración central que ésta se producirá "en función de su fecha de construcción".

La normativa se aplicará de distinta manera según la antiguedad de las embarcaciones. De esta manera los barcos de más de 23 años de antigüedad tendrán que ser retirados como plazo máximo en 2005. Sin embargo, los de más de 28 años, y con capacidad de 30.000 toneladas serán eliminados progresivamente hasta su prohibición definitiva en enero de 2010. Ese año está previsto que desaparezcan también los otros buques con capacidad entre 5.000 y 20.000 toneladas, y los más pequeños, de 600 hasta 5.000.

Estas normas afectarán a todos los barcos de cualquier origen que entren en puertos europeos y a todos los que tengan pabellón europeo, independientemente de las aguas por las que naveguen.

Según fuentes de Marina Mercante los petroleros deben estar ya retirados mientras que aún quedan gabarras, pontonas y embarcaciones menores.

El anuncio del Ejecutivo llegó tras una pregunta parlamentaria del diputado de CiU Jordi Jané. El Gobierno aseguró que es precisamente la normativa europea, aprobada en 2002 tras el accidente del Prestige en Galicia y modificada en 2004 y 2007, la que "ampara la existencia de estas embarcaciones petroleras".

En este sentido, el parlamentario catalán recordó al Gobierno el caso del hundimiento de la gabarra Savinosa en el puerto de Tarragona, que pudo haber provocado "un gravísimo daño ecológico y suscita interrogantes" sobre los controles necesarios y la seguridad preventiva para evitar este tipo de incidentes.

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