España pide celeridad en la negociación de un nuevo pacto pesquero con Rabat

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, pidió ayer a la Comisión Europea (CE) que acelere la negociación de un nuevo pacto pesquero entre la Unión Europea (UE) y Rabat y facilite compensaciones a la flota afectada por el paro de las actividades.

En su visita a Bruselas, la primera del ministro desde que tomó posesión en el cargo, Arias Cañete explicó a la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, que el pacto es una cuestión "prioritaria" para España, y pidió que su negociación tenga lugar "a la mayor velocidad posible".

Además, solicitó a la CE que mientras el convenio no esté concluido se adopten medidas a nivel comunitario para compensar económicamente a la flota afectada. En ese contexto, expuso a Damanaki la preocupación por los costos que acarrea la paralización del pacto, tanto para armadores como para pescadores, que cifró en unos 15 ó 16 millones de euros anuales.

La cifra podría ser mucho mayor en caso de que no se renovara el acuerdo, "cosa que el Gobierno español descarta", ya que habría que iniciar desguaces y adoptar otras medidas que obligarían a invertir cantidades adicionales, precisó el ministro. "El Gobierno español descarta la hipótesis de 'no acuerdo' con Marruecos y va a trabajar para que haya un acuerdo", resaltó el ministro.

Arias Cañete añadió que, de cara a la renovación del acuerdo pesquero, España "va a hacer todos los esfuerzos para que en el Parlamento Europeo no ocurran accidentes como los que ha habido en el anterior Protocolo". En diciembre la Eurocámara vetó la prórroga del mismo alegando la sobreexplotación de algunas especies y la presunta ilegalidad de utilizar los recursos propios de la población saharaui.

El ministro consideró que la negociación del actual acuerdo con Rabat es menos compleja, por su envergadura y su compensación financiera, que la de los pactos pesqueros del pasado, cuando había 400 barcos y 4.000 pescadores.

Ello, unido a que ya existe un acuerdo básico entre el sector pesquero español y el marroquí, debería facilitar la conclusión del pacto, consideró. Para el ministro, la CE va por "el buen camino", al haber expresado su "compromiso político" en favor de una "rápida negociación" y de ayudar al Gobierno español a buscar una compensación financiera.

En la reunión, que el responsable de Pesca calificó de "interesante e intensa", Damanaki le comunicó que el colegio de comisarios ya ha dado el visto bueno al mandato para la negociación del acuerdo y que espera que a lo largo del mes de enero los Estados miembros lo aprueben también.

Cañete confió en que el nuevo mandato "permita cumplir con lo que dice el PE por una parte, pero que también tenga la flexibilidad suficiente para que el reino de Marruecos pueda aceptar un acuerdo equilibrado para ambas partes".

La comisaria, según Cañete, le explicó además que ya ha llevado a cabo los contactos iniciales con las autoridades marroquíes para la renovación del acuerdo.

Por su parte, el ministro trasladó a Bruselas que el Gobierno español impulsará la aprobación del mandato en el Consejo y trabajará para la aprobación del nuevo pacto en la Eurocámara.

En la reunión con Damanaki se trató, por otro lado, la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), actualmente en negociación y que debería entrar en vigor en 2013, una propuesta que prima medidas para reducir la capacidad de la flota y proteger los caladeros.

El ministro manifestó la "enorme preocupación" de España por algunos temas incluidos en ella, "fundamentalmente por la regulación de los descartes, que coloca en una situación imposible a la flota pesquera española", explicó.

Paralelamente a la visita del ministro, representantes de los pescadores, las ONG y las industrias del sector celebraron ayer en Bruselas una reunión especial para analizar las consecuencias de la suspensión del acuerdo pesquero con Marruecos. El Consejo Consultivo Regional de la Flota Comunitaria de Larga Distancia evaluó las consecuencias de la interrupción del convenio y las alternativas para los pescadores perjudicados, la mayoría españoles (de Andalucía y Canarias).