El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Línea justifica su decisión de dejar libres a los hermanos Isco y Antonio Tejón, los Castañitas, en la previsible lejanía del juicio oral por narcotráfico y en la existencia de "circunstancias personales y de arraigo familiar y social" que atenúan el riesgo de fuga de los hermanos.

Así lo recoge en el auto de libertad provisional de ambos, adelantado ayer por Europa Sur, en el que les permite eludir la prisión preventiva en la que permanecían desde hacía más de un año gracias al pago de una fianza de 120.000 euros por parte de Isco y 200.000 euros en el caso de Antonio, ambas cantidades en metálico. Los investigados ya las han pagado, aunque el segundo permanece en prisión a la espera de que se resuelva un recurso por otra causa.

La diferencia en las cuantías, detalla el auto, se debe a que el primero se entregó voluntariamente, mientras que el segundo, que la Policía considera el cerebro del clan, fue detenido tras estar 19 meses huido. Para fijarlas se ha tenido en cuenta la capacidad económica y patrimonio de los investigados, recogida en "la profusa documental económica obrante en autos".

El juez resalta en su dictamen que hay indicios que apuntan a un más que probable retraso del juicio oral del caso: se trata de una causa compleja por el número de personas que figuran como investigados, hay trámites del sumario ordinario todavía no cumplimentados y también el desglose de la causa, con muchos investigados afectados por un delito de blanqueo de capitales en otro procedimiento (la causa de La Línea solo contempla el delito contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal). El criterio de la Audiencia Provincial, recuerda el juez, es que el avance del procedimiento penal y la relevancia de los hechos deben de "incidir en la situación personal de los investigados".

Pero además, el titular del Juzgado considera que "no pueden obviarse" las circunstancias de arraigo de los investigados, residentes en La Línea. En este sentido, recuerda que uno de los criterios utilizados por los tribunales superiores a la hora de valorar la existencia de riesgo de fuga es "la existencia de un domicilio conocido del imputado que permita percibir, junto con sus restantes circunstancias personales, laborales, económicas, etc., su mayor o menor arraigo en el territorio".

Por otra parte, el auto del juez recoge la oposición del Ministerio Fiscal, que emitió sendos informes oponiéndose a las peticiones de libertad provisional de ambos investigados y que ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la puesta en libertad. 

Los hermanos tendrán que comparecer los lunes y viernes de cada semana, "y cuantas veces fueran llamados", ante el juez, debiendo hacer entrega de sus pasaportes al juzgado y comunicar sus cambios de domicilio. Se les prohíbe la salida del territorio nacional, "incluida la colonia de Gibraltar".