Reacción unánime de rechazo de los principales sindicatos de la Policía Nacional y agrupaciones profesionales de la Guardia Civil a la puesta en libertad bajo fianza de los hermanos Francisco y Antonio Tejón Carrasco, líderes del clan los Castañitas. Ambos permanecían en prisión provisional por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a una organización criminal.

Para los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el auto del juez tira por tierra años de trabajo e investigación, además de minusvalorar el riesgo al que se enfrentan a diario las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. 

"Sentimos indignación y frustración. Tantas horas de trabajo para detener a delincuentes tiradas por la borda. Han quedado en libertad en menos de un año con una fianza que es calderilla para ellos", ha valorado Carmen Velayos, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Cádiz. 

Para la también secretaria provincial del SUP, la decisión del juez "genera alarma social" y una sensación de impunidad entre los narcotraficantes. "Respetamos la decisión del juez pero, obviamente, no la compartimos. Es un mal ejemplo para la sociedad", ha remachado Velayos. La Policía Nacional fue el cuerpo que detuvo a los hermanos Tejón en 2018. "Parece que no se valora nuestro trabajo", ha agregado otro representante provincial del SUP.

En la Guardia Civil la sensación de malestar también es patente. "La puesta en libertad nos causa tristeza y malestar. Sale barato delinquir a tenor de la finaza y echa por tierra la labor de los compañeros", ha manifestado José Cobos, portavoz en Cádiz de la Asociación Española de la Guardia Civil (AECG). Cobos también cargó contra la "irrisoria" fianza impuesta por el magistrado: "Esta gente tiene el dinero por castigo". 

José Encinas, secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se ha sumado a las críticas por la puesta en libertad. "Es una sorpresa desagradable. Refuerza nuestra reivindicación de que el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz tienen que ser declarados Zona de Especial Singularidad para acabar, entre otras cuestiones, con el atasco judicial en el que se basa la puesta en libertad", ha manifestado.