Cuando los propietarios de los comercios y bares del barrio de Santiago se enteraron de lo que sucedía, se lanzaron inmediatamente a cerrar las persianas y echar la llave a las puertas. Alrededor de un millar de personas se dirigía hacia allí desde La Atunara, donde habían permanecido concentrados durante casi una hora en protesta por las muertes de dos hombres en el mar en una acción supuestamente vinculada a la actividad de las mafias del narcotráfico. En un edificio de la avenida Menéndez Pelayo todo eran carreras después de unos segundos de estupor. Estaban en el destino de la marcha: la Comisaria de la Policía Nacional de La Línea. Los agentes protegieron el lugar de tal modo que los manifestantes pasaron de largo y terminaron en el cercano cuartel de la Guardia Civil, donde se produjeron insultos, amenazas y lanzamiento de objetos. Dentro de la Comisaría nadie daba crédito. Los clientes de los comercios, tampoco. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que en una ciudad española se produzca una manifestación con proclamas que justifican el contrabando y el narcotráfico? ¿Cómo es posible que suceda, además, en plena pandemia?

Encontrar una respuesta no es fácil. Aunque todos -la mayoría de los linenses, que rechazan con rotundidad la violencia, y el ínfimo grupo que la justifica- coinciden en una causa: la labor policial contra las redes del narcotráfico es fundamental e indispensable, pero no puede ser la única medida en una ciudad en la que, durante muchos años, se ha consolidado en un pequeño pero significativo grupo de la población un modo de vida vinculado a la cercanía con Marruecos y a la proximidad con Gibraltar y relacionado con actividades delictivas.  

La manifestación del miércoles se produjo después de dos días de gravísimos disturbios con nocturnidad en zonas de La Atunara, Las Palomeras y San Bernardo. Esa noche, los ataques a las Fuerzas de Seguridad, mientras seguía la quema de mobiliario urbano e instalaciones municipales, pasaron una línea roja: un proyectil de los que se usa para cazar jabalíes impactó en un coche de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. 

"Iban a hacernos daño", relatan fuentes policiales, que explican cómo les lanzaban gasolina para mojarlos y luego prenderles fuego con bengalas. Cócteles molotov en dos partes. El grupo de personas que actuó durante las noches del lunes, el martes y el miércoles "sabía lo que hacía". Atacaba en un punto de la ciudad y rápidamente se movía hacia otro concreto con tácticas de guerrillas que dificultaban la labor de los policías y también los bomberos. Son, en su mayoría, varones jóvenes. La Policía ha ido avanzando en la investigación -en su curso lógico, puesto que está judicializada- mientras pone freno a los incidentes.

El anuncio de más refuerzos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado extinguió los disturbios el pasado jueves. A las mafias criminales no les interesa que aumenten los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Aduanas, ya que eso dificulta sus alijos. 

Mientras tanto, en esa calma chicha, la Policía continúa con su tarea habitual de patrulla por la ciudad, investiga quiénes produjeron los incidentes y realiza sus intervenciones contra el narcotráfico. Es decir, los disturbios no han paralizado ni mucho menos la lucha contra estas actividades delictivas. En las últimas horas se han aprehendido 120 gramos de MDMA en la Verja de Gibraltar, se ha desarticulado un punto de venta de cocaína en San Roque y se "sigue deteniendo a delincuentes comunes y a cualquier otro que pueda alterar la normalidad en la localidad", afirman fuentes policiales. 

2018: El Plan Especial de Seguridad

Para comprender el estallido de violencia en La Línea hay que remontarse al 31 de julio de 2018. Ese día entró en funcionamiento el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar diseñado por el Ministerio del Interior para devolver el principio de autoridad a una zona que había alcanzado un estado preocupante como consecuencia de las actividades delictivas de las organizaciones criminales.

En julio de 2020, este plan se prorrogó hasta diciembre de este año. En los dos primeros, las detenciones crecieron casi un 40% y se intervinieron casi 300 toneladas de droga. En resumen, la presión policial aumentó sobre las redes organizadas hasta límites que no se conocía con anterioridad, pero ¿qué más? La respuesta es: poco o nada. "Hay muchas personas que están metidas en esas redes porque ganan mucho dinero, pero alrededor hay otras muchas que realizan tareas menores y no tienen una salida porque no se les ha ofrecido", explica un veterano policía de La Línea, convencido de que la solución policial es clave, pero no debe ser la única. Y lo es. 

Esa presión ha dañado las redes del narcotráfico y el contrabando hasta crisparlas. A sus integrantes, grandes y pequeños, pero también a sus familias, a sus vecinos y amigos. A toda un grupo social que ha hecho de estas actividades delictivas un modo de vida. Mínimo en comparación con el resto de la población de la comarca, pero existente. Sin formación alguna -no hay más que leer las pintadas que han aparecido en La Línea en estos días- sin trabajo y sin opciones de futuro. 

El detonante

La mecha prendió la llama el lunes 10 de mayo. Un coche de la Policía Nacional que patrullaba por el paseo de Levante recibió el aviso de unos pescadores de la zona de que dos hombres habían caído al agua desde una embarcación inestable por la mala mar. El pesquero acudió al rescate y, cuando alcanzó la zona en la que la embarcación había zozobrado, perdió el motor.

Una embarcación de Gibraltar que estaba en la zona acudió también en auxilio, pero cuando se dirigió al puerto se rompió la cuerda con la que remolcaba al barco de pesca. La Guardia Civil no tardó en acudir también a la zona. Estaban buscando a un desaparecido en un accidente de helicóptero ocurrido unos días antes y la patrullera de inmediato. Uno de los hombres que cayó al agua estaba muerto ya cuando fue rescatado. El otro murió poco después. Los agentes intentaron reanimarlos en el puerto, pero sin éxito. Ángel y Sergio, de 19 y 51 años, se habían ahogado. Supuestamente habían salido para suministrar de combustible a una narcolancha. 

Un bombero apaga un coche incendiado.

El caso es que muchos vecinos del barrio de La Atunara acusaron a los policías de no haber permitido que se socorriera a los dos hombres. Y aquel mismo día empezaron los incidentes en el mismo puerto. Un grupo de jóvenes encapuchados levantaron barricadas en la zona de Levante, donde ardieron los primeros contenedores, en la rotonda entre la Ronda Norte y la carretera del Higuerón. Arrancaron bloques de hormigón de la glorieta y en varios puntos de San Bernardo ante la mirada atónita de los conductores que no podían circular por la zona. 

Los disturbios continuaron toda la tarde. Y durante la noche. Además del corte de carreteras con barricadas incendiadas, salió ardiendo el edificio que en su día albergó el restaurante La Marina, todo un referente gastronómico de la zona que estaba cerrado. También una torre de socorrismo de la playa de Levante, un módulo de servicios y una importante cantidad de contenedores de basura usados para cortar el acceso al paseo marítimo. 

Se produjeron los primeros altercados en el interior del Puerto de La Atunara, debido al gran número de personas que se acercaron al lugar de los hechos. Al tratar de establecer un cordón de seguridad, tuvieron lugar enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por lo que fue desalojado el puerto. Ya en el exterior, los agentes de la Policía Nacional fueron increpados e incluso agredidos con piedras a la salida del coche fúnebre. Un vehículo policial resultó dañado. Los agentes hicieron uso de sus armas reglamentarias con disparos al aire y de escopetas de bolas para disuadir a la masa de gente congregada en la zona. 

El mensaje de que los agentes no habían querido auxiliar a los ahogados se transmitó con rapidez por las redes sociales. La Policía Nacional respondió: "Al igual que en otras ocasiones, los agentes han intentado por todos los medios auxiliar a los fallecidos intentando localizar los medios adecuados para su rescate. El mensaje malintencionado no hace más que aumentar el estado de crispación entre los familiares, amigos y vecinos de los fallecidos".

El martes, La Línea despertó en calma, aunque había seguido la quema de contenedores y algún incendio de vegetación en varios solares. Los bomberos de La Línea denunciaron haber sido agredidos y amenazados cuando actuaban contra el fuego.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, insistió en la necesidad de poner en marcha un plan social para La Línea. "No tenemos ningún plan de empleo, específico. Con la pandemia, parte de la actividad económica, digamos, normal se ha venido abajo y por otro lado presión policial sobre el narcotráfico, que animo a continuar, tiene como consecuencia que el modus vivendi de una parte de la población se corte de raíz", describió el regidor. 

En la madrugada del miércoles volvieron los incidentes. Contenedores y árboles quemados, calles cortadas con grandes piedras, farolas arrancadas de cuajo y pintadas en las paredes. Los barrios de La Atunara y San Bernardo fueron de nuevo víctimas de los exaltados. 

Por la tarde se produjo lo que iba a ser una concentración y se convirtió en manifestación que discurrió desde la Atunara por la Comisaria de la Policía Nacional, el cuartel de la Guardia Civil y el Ayuntamiento antes de disolverse en las calles del centro mientras muchos linenses disfrutaban del solecito en las terrazas. 

Los disturbios volvieron esa noche. Agresiones a la Policía Nacional con piedras, cohetes y gasolina a la que luego le prendían fuego, quema de mobiliario urbano y de coches, además del intento de formar barricadas, se sucedieron hasta que los violentos dieron un paso más y, en Las Palomeras, un vehículo policial recibió el impacto de un un cartucho en la zona superior de la luna delantera, atravesando incluso la protección.

Juan Franco alertó de que los incidentes se estaban trasladando a otras barriadas y de que los daños ascendían ya a 244.000 euros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el Gobierno no permitiría ni un ataque más a las Fuerzas de Seguridad. Llegaron entonces a La Línea dos destacamentos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP) que seguirán "hasta que se reconstituya la normalidad en los barrios y la gente pueda pasear con tranquilidad y sin temor". La ciudad vive desde entonces dos días de calma tras la tempestad. Nadie sabe si realmente ha pasado o todavía queda por venir. Lo único que está claro es que el problema no se ha solucionado.