Secretarios e interventores piden mayores garantías jurídicas

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cádiz celebró ayer su asamblea anual en la sede del Palacio de Congresos de La Línea. Esta cita sirvió a los habilitados nacionales para ponerse al día y fijar algunas demandas.

La principal que fue debatida y aprobada ayer por los colegiados fue solicitar mayor protección y garantías jurídicas a la hora de realizar su trabajo.

Antonio Aragón, presidente de la delegación gaditana, señaló que las funciones que realizan secretarios, interventores y tesoreros requieren de un estatuto o reglamento que les aporte mayor protección jurídica.

"Cada vez nos encontramos con más casos en los que un habilitado es llamado a un juicio como investigado, cuando nosotros no tomamos decisiones, solo informamos. Lo lógico sería que nos citaran, al menos al inicio, únicamente como testigos", añadió el portavoz del colectivo.

En su opinión, no dejan de ser funcionarios, aunque no colaboradores necesarios, que se ven envueltos en muchas ocasiones en los casos judiciales que salpican a los ayuntamientos.

El reglamento o estatuto que reclaman los habilitados nacionales ya fue iniciado, aunque la convocatoria de elecciones y un gobierno en funciones que dura ya más de 300 días ha imposibilitado que siga adelante.

"Exigimos una protección legal más fuerte que nos permita trabajar con independencia y autonomía para que podamos informar libremente de las decisiones que toman los representantes políticos", añadió Aragón.

El representante gaditano del colegio de interventores, secretarios y tesoreros aludió también a la necesidad de que las retribuciones o las vacaciones no estén sujetas a las decisiones de las administraciones locales porque, en ocasiones, suelen usarse como elemento para provocar la petición de traslado de un habilitado que, a ojos del político, no está haciendo la labor que debiera. "A menudo nos da la sensación de que vivimos en una especie de libertad vigilada", añadió.

Aragón insistió en que el colectivo no goza de un poder ejecutivo y que, por tanto, su única función es informar de casos que en ocasiones son muy complejos y difíciles de dirimir.

Los habilitados advirtieron sobre la ingente documentación que con motivo de los planes de ajustes y la reducción del déficit público se ven obligados a hacer para mantener al Ministerio de Hacienda perfectamente informado en tiempo y forma.

Reclamaron que se convoquen más plazas y señalaron que si hubiese suficientes funcionarios no habría vacantes que nadie quiere cubrir, como es el caso del municipio de Los Barrios, que no consigue atraer a ningún habilitado nacional al Ayuntamiento.

Sus representantes consideran que existe mucha desinformación acerca del origen y procedente de los habilitados y que la gente piensa en la mayoría de los casos que son nombrados por los representantes políticos de la administración local. "Ocurre sobre todo cuando se nombran tesoreros, interventores o secretarios accidentales, y eso hace pensar que son elegidos por el alcalde, cuando no es realmente así", concluyó Antonio Aragón.