Las ayudas económicas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa de La Línea de la Concepción Novomag Manufacturas Metálicas han centrado este martes el inicio del cuarto juicio de la macrocausa de los ERE. Los beneficiarios de los 420.708,47 euros que recibió la firma linense han asegurado fue la propia Junta  la que les dio la ayuda para "pagar las deudas" de otra empresa de La Línea, Industrias Domésticas Inoxidables del Sur (Idisur), con la que habían estado trabajando con anterioridad.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los cinco acusados constituyeron Novomag para “poder recibir fondos públicos de la Junta con los que saldar las deudas" de Idisur, pero los acusados han asegurado en su declaración ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que desde la Junta de Andalucía les dijeron que "tenían que crear una empresa" para recibir la ayuda, aunque los trabajadores no recuerdan quién fue la persona que se lo comunicó, y han reconocido que parte del dinero "era para pagar la deuda considerable que Idisur tenía con la Seguridad Social" que rondaba el medio milano de euros.

Uno de los trabajadores ha afirmado que "no sabe quién era" Javier Guerrero Benítez, el ex director de Trabajo y Seguridad Social que les concedió la ayuda, y ha afirmado que continuaron con la empresa Novomag en el marco de la "lucha por defender sus puestos de trabajo y porque se mantuviera una industria de cierta relevancia que tenía La Línea de la Concepción".

Uno de los acusados ha explicado que cuando fueron al IFA presentaron un proyecto, avalado por un grupo inversor de Madrid, para la fabricación de artículo de menaje de acero inoxidable pero con piezas de gran tamaño para la hostelería y el sector hotelero.

Otro de los acusados ha explicado que comenzaron a trabajar con Idisur tras el cierre de la sucursal de Magefesa en La Línea, para lo cual la Junta les cedió los terrenos de la antigua Magefesa y las instalaciones a cambio de las indemnizaciones que les correspondía del Fogasa y de la salida de la sociedad vinculada a Magefesa. Este trabajador, ya jubilado, también ha dicho que fue la Junta la que les dijo que tenían que crear una nueva empresa -a la que denominaron Novomag, como Nueva Magefesa- para recibir el préstamo y ha coincidido en que el dinero recibido era para "pagar las deudas de la Seguridad Social" para detener el embargo de las naves, al tiempo que ha explicado que se bajaron incluso los salarios para que la empresa pudiera seguir funcionando.

Este acusado también ha dicho que tenían muchos proyectos para la nueva empresa y ha asegurado que nunca dudaron de la legalidad de la ayuda porque "venía de la Junta".

Otro de los acusado ha dicho que tenían una inversión de Estados Unidos en la que se garantizaban unas compras "muy buenas", en relación con unas piezas de baterías con fondo de cobres, y para ello recibieron un incentivo de 400 millones de pesetas en subvenciones y préstamos. Novomag, según este acusado, se creó como un "ente comercial", porque la marca Magefesa "tenía un valor muy fuerte" y crearon la firma Novomag para que los clientes la asociaran con Magefesa.

El dinero que recibió Novomag se empleó en pagar las deudas con la seguridad social de Idisur, porque esta empresa "no podía funcionar por las deudas que tenía", ha insistido el acusado, que ha reconocido no obstante que entre 2002 y 2010 quedó "inactiva completamente".

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de tres años de cárcel para cada uno de los acusados, y también otros ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación. Y reclama que los acusados y Novomag indemnicen a la Junta de Andalucía con 420.708,47 euros, la cantidad abonada en la ayuda.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía considera igualmente que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero solicita una condena inferior a la de la acusación pública, dado que pide que sean condenados a 18 meses de prisión menos un día cada uno de los cinco acusados, lo que posibilitaría en caso de condena la suspensión del ingreso en prisión.