Fegadi solicita el consenso político para la reforma del artículo 49 de la Constitución referido a la discapacidad
Reforma constitucional
La primera reforma social de la Constitución responde a los casi 20 años de lucha del movimiento cívico de la discapacidad
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Los Plenos del Congreso para debatir y votar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española referido a discapacidad se han fijado para los próximos días 16 y 18 de enero. La propuesta incorpora demandas históricas realizadas por organizaciones como Fegadi Cocemfe y Cocemfe Nacional, que solicitan el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que la reforma sea adoptada por unanimidad.
El nuevo artículo reconoce el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y, además, obliga a los poderes públicos a impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión de este grupo social en entornos universalmente accesibles.
Francisco José Márquez, presidente de Fegadi Cocemfe, afirma que “se permitirá un avance muy importante en la inclusión de las personas con discapacidad, dejando atrás el asistencialismo y propiciando un espacio para ejercer los derechos de ciudadanía del colectivo que mejoren la calidad de vida de los mismo”. También reconoce el papel fundamental que las organizaciones representativas de personas con discapacidad desempeñan en el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes imponen a los poderes públicos.
“La reforma del artículo 49 supone no solo usar el término que las propias personas con discapacidad hemos consensuado para referirse a nosotros, sino también superar el enfoque asistencialista y adoptar el reconocimiento de nuestros derechos humanos, haciendo énfasis sobre los derechos y deberes de los que somos titulares las personas con discapacidad, en condiciones de libertad e igualdad”, explica el presidente de COCEMFE.
La primera reforma social de la Constitución responde a una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad, de casi veinte años, con un amplísimo consenso social, que ahora está a punto de trasladarse al plano político y normativo.
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