Verdemar se querella contra TNG, la promotora vietnamita responsable de los rellenos del proyecto Eastside en Gibraltar

Verdemar Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes la interposición de una querella contra la promotora vietnamita TNG para ejercer la acusación popular por los vertidos de escollera y otros materiales para los rellenos del proyecto urbanístico Eastside en Gibraltar.

"Entendemos que es el momento procesal oportuno para comparecer en el ejercicio de la acusación popular, pues es ahora cuando, pese a desconocer parte de lo instruido, se infiere de lo hasta ahora hecho público la dimensión nacional de la trama delictiva y cómo afecta al interés de los ciudadanos, aún no siendo necesaria la interposición de una querella", ha valorado el colectivo conservacionista. Con esta querella, el grupo ecologista busca tener acceso a toda la documentación del caso evacuada hasta el momento.

Los ecologistas han recordado que desde la cantera de la Utrera, en Casares (Málaga), se ha estado llevando a cabo un trasiego de piedra de escollera de gran tonelaje hasta Gibraltar para las ampliaciones del proyecto Eastside en la Zona de Interés Comunitario (ZEC) del Estrecho Oriental. Para Verdemar, estos rellenos pueden estar infringiendo Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara como ZEC la zona del Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación.

El grupo conservacionista ya interpuso en su momento una denuncia ante la Fiscalía de Algeciras, que, a su vez, la trasladó a los juzgados de La Línea de la Concepción. Como consecuencia se abrieron diligencias previas por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea, por delitos graves contra el medio ambiente.

Para la personación del grupo ecologista en el proceso, el Juzgado fijó una fianza de 10.000 euros, una cifra que Verdemar considera excesiva (dados sus limitados recursos económicos) y que ha pedido que sea reconsiderada "teniendo en cuenta la naturaleza no lucrativa de la asociación". Para los ecologistas, "existen precedentes" en los que se ha fijado una fianza simbólica o incluso se ha eximido de ella a asociaciones similares, cuando se acredita la actuación en defensa de intereses colectivos o difusos, como los medioambientales.

El detonante: los rellenos en la costa llanita

La denuncia de Verdemar, respaldada por informes del Seprona y por la propia inacción reconocida del Ministerio para la Transición Ecológica, acusa a Gibraltar de verter escombros y materiales potencialmente contaminantes sobre aguas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, una franja marina incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico. Según los informes remitidos a la Fiscalía, estos rellenos están “destruyendo el área marina” y alterando el equilibrio de los ecosistemas, al tiempo que afectan a especies protegidas y a actividades socioeconómicas vinculadas a la pesca o el turismo.

Las actuaciones, no notificadas oficialmente por el Gobierno de Gibraltar al Ejecutivo español ni autorizadas por las autoridades ambientales españolas competentes, se están llevando a cabo para dar forma al Eastside Project, una ambiciosa urbanización costera de lujo adjudicada al grupo TNG Global Foundation, que incluye unas 1.300 viviendas, un hotel, un puerto deportivo y una zona comercial. Actualmente, la promotora ya ha comenzado la comercialización de los inmuebles.

España: de la denuncia penal a la presión internacional

El 15 de mayo, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, exigió a la Unión Europea que actúe “para evitar que los rellenos sigan adelante sin control ni supervisión”. Desde el Gobierno central, el caso ha sido derivado desde la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente al ámbito de la Fiscalía de Algeciras, dado que los hechos denunciados tienen lugar en lo que España considera su jurisdicción marítima.

La línea argumental de Madrid es clara: los trabajos se realizan sobre aguas que forman parte de su territorio y dentro de una zona protegida, por lo que podrían estar violando tanto su legislación interna como normas europeas e internacionales.

Gibraltar, sin embargo, lo niega categóricamente y recuerda que durante su etapa como parte de la Unión Europea, la Comisión Europea investigó ya las quejas españolas y concluyó que las obras del Eastside se estaban desarrollando “correctamente y conforme a la legalidad”, si bien el proyecto analizado es diferente al que ahora se ejecuta.

El Gobierno del Peñón asegura que está trabajando con la promotora TNG para evitar que se vea afectada por estas acciones legales, y subraya que la parcela en cuestión fue “legal y debidamente cedida” por las autoridades gibraltareñas. Eso sí, rechaza de plano la intervención en cualquier procedimiento judicial “en un tribunal extranjero que pretende ejercer una jurisdicción extraterritorial que no reconocemos”, en palabras de Picardo.