El Tratado pasa de puntillas por los rellenos y los vertidos pero iguala a Gibraltar con los precios de emisiones de carbono de la UE

El capítulo medioambiental del Tratado de Gibraltar, a cuyo texto final ha tenido acceso Europa Sur, pasa de puntillas por los rellenos para crear terrenos ganados al mar, la permanencia de zonas de fondeo, el búnkering en aguas protegidas o los constantes vertidos de residuos al mar. Sí establece que el Reino Unido, en lo que respecta al Peñón, adoptará un sistema de fijación de precios del carbono equivalente al que se aplica en la Unión Europea (UE), reforzando la coordinación climática entre ambos territorios y alineando sus políticas con los estándares europeos en materia de reducción de emisiones. La medida busca acabar con desajustes competitivos y fugas de carbono. Tiene un impacto directo en la competencia con el Puerto de Algeciras, que hasta ahora sufría el agravio de tener que aplicar esas normas mientras que el Puerto de la Roca no estaba obligado.

El Capítulo 5 sobre Medio Ambiente y Clima, aprobado en el tratado, obliga a ambas partes a mantener niveles de protección medioambiental y climática equivalentes. En particular, el Artículo 220 establece que Gibraltar deberá implementar un mecanismo de precios del carbono con alcance y eficacia comparables al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE, vigente en el momento de la entrada en vigor del acuerdo. Esto incluye la cobertura de todos los vuelos entre Gibraltar y el Espacio Económico Europeo, así como entre Gibraltar y el Reino Unido, garantizando coherencia en la regulación del sector aéreo.

Además, el tratado prevé mecanismos de supervisión y revisión periódica: el Reino Unido revisará la aplicación de su sistema de fijación de precios del carbono en Gibraltar en 2030 y posteriormente, en línea con la progresión hacia metas de reducción de emisiones más ambiciosas.

El texto, sin entrar en detalles, afirma que "teniendo en cuenta que la Unión Europea y Gibraltar comparten una misma biosfera en lo que respecta a la contaminación transfronteriza", la UE y Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, "se comprometen a respetar los principios medioambientales internacionalmente reconocidos a los que se han adherido, incluidos los recogidos en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. También los acuerdos multilaterales aplicables, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro. Estos compromisos implican que la protección del medio ambiente debe integrarse en "la elaboración de políticas públicas, incluso mediante evaluaciones de impacto, adoptando un enfoque preventivo para evitar daños y aplicando el principio de precaución frente a riesgos inciertos". Asimismo, se establece que los daños ambientales deben corregirse prioritariamente en su origen y que quienes generen contaminación deben asumir la responsabilidad de sus impactos, en línea con el principio de “quien contamina paga”.