Tratado de Gibraltar: la UE y Reino Unido se comprometen a estrechar lazos en materia judicial y policial

El proyecto de Tratado de Gibraltar dedica buena parte de su contenido a establecer mecanismos de colaboración en materia de judicial y de seguridad, especialmente en materias vinculadas al crimen organizado, al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otras. Así se expone en el texto al que ha tenido acceso esta redacción, en el que las autoriudades de la UE y Reino Unido se prometen "prestarse asistencia mutua mediante el intercambio de información".

El acuerdo pretende resolver muchas diferencias existentes en la materia en la actualidad y que, sin la existencia de la Verja y con espacio de libre tránsito entre La Línea y Gibraltar, carecen aún más de sentido. Cuatro son las claves que fija el documento:

• La prevención, investigación, detección o persecución de delitos, incluida la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito
• La ejecución de sanciones penales
• La protección contra las amenazas a la seguridad pública y su prevención
• La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

"La información, incluida la relativa a personas buscadas y desaparecidas, así como a objetos, podrá ser solicitada por una autoridad competente del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, o de un Estado miembro [de la UE], o facilitada espontáneamente a una autoridad competente del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, o de un Estado miembro", indica el tratado, que trata de impulsar mecanismos de coordinación policiales inexistentes hasta ahora pese a la vecindad de unos y otros.

En esa línea, se prevé la puesta en marcha de "controles policiales reforzados en Gibraltar y en la zona fronteriza contigua" cuando sea necesario y de forma conjunta, "sobre la base de una evaluación de riesgos, con el fin de prevenir delitos penales y la migración irregular.

El paso dado va más allá y vincula a las autoridades judiciales en materia penal. La meta, se afirma, es "establecer la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, por una parte, y el Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, por otra, en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos penales y la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

Europol y Eurojust

En la actualidad, no son extrañas las quejas de las autoridades policiales y judiciales españolas en relación a la persecución de actividades ilícitas que tienen sus raíces en la colonia británica, ya sea en relación con el blanqueo de capitales, el contrabando de tabaco o el tráfico de drogas. O de todas a la vez. La salida de Reino Unido de la UE a raíz del referéndum de 2016 hizo que los mecanismos de cooperación se cancelasen y que determinadas peticiones de lasa autoridades policiales de España, así como de sus jueces y fiscales, requieran de tediosas comisiones rogatorias.

En la nueva etapa de cooperación, en la que se incluyen tanto a Europol como a Eurojust (las agencias de la Unión Europea para la cooperación policial y judicial) se prevé el intercambio de "datos personales" y de información, además de otras materias, tales como "informes generales sobre la situación, resultados de análisis estratégicos, información sobre procedimientos de investigación criminal, información sobre métodos de prevención de la delincuencia, participación en actividades de formación y prestación de asesoramiento y apoyo en investigaciones penales individuales, así como cooperación operativa".

Junto a la creación de figuras como agentes, fiscales y magistrados de enlace que faciliten las tareas, se alude en el texto "permitir el intercambio entre los Estados miembros, por una parte, y el Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, por otra, de información extraída del registro de antecedentes penales" de las personas investigadas.