La violencia no es ideología, es derecho penal

Hablar de violencia machista o de género no es un invento ideológico ni una construcción retórica interesada. Se trata de un hecho social y criminal acreditado por datos empíricos y práctica jurisdiccional.

Los datos de 2025 y del arranque de 2026 muestran que el fenómeno persiste con una brutalidad que no puede ignorarse. En 2025, 46 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España, cifra más baja desde que se empezaron a recopilar estos registros en 2003, pero que sigue representando vidas humanas destruidas y centenares de menores afectados. Además, los datos de 2026 muestran que se han superado ya los diez crímenes machistas, incluyendo casos de violencia vicaria. Estos asesinatos no son abstracciones estadísticas sino muertes violentas provocadas por quien debería haber sido compañero, y ponen de manifiesto que el riesgo para las mujeres sigue siendo dramáticamente real.

Las cifras del Sistema VioGén reflejan que a finales de 2025 había más de 103.000 casos activos.

Desde una perspectiva doctrinal y criminológica, la violencia de género no es un fenómeno aislado ni inconsistente y, aunque no exista un perfil claro de machismo violento, este presenta patrones característicos de dominación, control y escalada de daño que exceden cualquier explicación simplista. Como he señalado en algunos de mis análisis, existe una distinción clara entre la violencia interpersonal genérica y aquella que se ejerce por motivos de género. Esta conceptualización no busca en absoluto politizar la realidad; responde a la necesidad de entender jurídicamente el fenómeno para garantizar respuestas proporcionadas del derecho penal y de las políticas públicas.

Es imprescindible recordar que el Derecho penal no castiga ideologías sino que sanciona actos efectivos. Los hechos acreditados por las estadísticas oficiales, la jurisprudencia y los informes policiales muestran una continuidad y recurrencia sistemática de conductas que lesionan gravemente la dignidad, la libertad, la salud y la vida de las mujeres. Negar esta realidad supone desentenderse de quienes sufren violencia en silencio, minimizar un fenómeno que sigue costando vidas y obstaculizar la mejora de las políticas públicas de prevención y protección.