Picardo carga en el Parlamento de Gibraltar contra el informe "parcial" del ex auditor que cuestiona su gestión

El Parlamento de Gibraltar ha dado comienzo al debate sobre la moción del polémico informe del ex auditor Tony Sacramento, que comprende los años de gobierno 2018/2019. El documento, que se abordará por los distintos parlamentarios, salpicó con diversos escándalos al gobierno actual, compuesto por el Gibraltar Socialist Labour Party, (GSLP) y el Gibraltar Liberal Party (GLP). El debate durará varios días, al tenor de las implicaciones y acusaciones.

La primera sesión ha comenzado con la intervención del ministro principal, Fabián Picardo, líder del GSLP, y con las críticas Keith Azopardi, líder de la oposición y del Gibraltar Social Democrats (GSD), que se encuentra ausente del Peñón por temas personales. Azopardi ha expuesto que el Gobierno no avisó con la antelación suficiente sobre la agenda, para que le hubiera dado tiempo a solicitar un cambio de fecha. El gobierno gibraltareño arguyó tener una agenda apretada en octubre con un viaje ministerial "esencial para octubre sobre asuntos de 'enorme' importancia nacional para Gibraltar" para justificar el comienzo de la sesión.

Durante la primera jornada de la moción, Picardo ha criticado nuevamente la "parcialidad" del informe realizado por el auditor aunque, ha señalado que "no rechazará en su totalidad". El Gobierno pretende presentar enmiendas para rechazar únicamente aquellos aspectos que, "con respaldo de asesoría legal, se demuestren carentes de la independencia, objetividad y competencia requeridas".

El socialista ha señalado las supuestas incongruencias del informe: por un lado, "certificó que las cuentas públicas de Gibraltar cumplían con los más altos estándares de integridad financiera" y, por otro, "lanzó críticas generales sobre obstáculos en el acceso a la auditoría, mala gestión presupuestaria y opacidad". También ha señalado el "oportunismo político" de la oposición, que a ojos del gobierno "perjudica la reputación internacional de Gibraltar".

Picardo ha señalado al ex auditor por su "parcialidad", recordando que "la oficina del auditor principal es un cargo creado bajo la Constitución de Gibraltar de 2006, nombrado de manera independiente por el Gobernador y encargado de auditar las cuentas públicas de Gibraltar". "Aunque el cargo es independiente del Gobierno, debe desempeñarse dentro de estrictos límites constitucionales y legales, y conforme a los estándares reconocidos de imparcialidad, objetividad y conducta profesional", ha añadido. "Los estándares de gobernanza establecidos, como el Informe Hampel, refuerzan que los auditores pueden recomendar mejoras, pero deben mantenerse neutrales y evitar invadir el terreno de la política o el partidismo", ha subrayado.

El Gobierno de Gibraltar considera -inspirado en precedentes legales de Jamaica, Trinidad y Tobago y el Reino Unido- que "los auditores no son inmunes al escrutinio y pueden ser cuestionados cuando exceden sus funciones o crean apariencia de parcialidad", en referencia al informe de Tony Sacramento. Según el asesoramiento legal del ministro principal, hay partes del informe que "estaban fuera de la autoridad legal del auditor principal, fueron procesalmente injustas y no cumplieron los estándares de independencia e imparcialidad que requiere una auditoría constitucional".

El ministro principal ha defendido esta acusación hacia Tony Sacramento mencionando el Código de Práctica de Auditoría del Reino Unido (NAO), "aunque la legislación gibraltareña no replica textualmente estas disposiciones". El líder gibraltareño sostiene que los mismos principios aplican bajo la common law (tradición del derecho anglosajón), apoyado en jurisprudencia como la de los casos R v Roberts (1908) y Roberts v Hopwood (1925).

El Código de Práctica de Auditoría de la NAO que Picardo cree que no cumplió el ex auditor establece normas profesionales clave, entre ellas: independencia, integridad y objetividad; profesionalidad y eficacia en el desempeño de funciones legales; proporcionalidad y auditoría basada en riesgos; escepticismo profesional con pruebas suficientes para respaldar conclusiones y respeto por los límites, es decir, examinar cómo se aplica una política, no la política en sí.

El líder gibraltareño ha explicado que para probar todas las alegaciones del informe, el Gobierno encargó un dictamen jurídico independiente a Jonathan Fisher, uno de los principales expertos del Reino Unido en derecho de auditoría. Fisher llegó a la inequívoca conclusión de que el informe contenía "errores muy graves". En su opinión, el enfoque adoptado era “incoherente con las normas fundamentales de la práctica internacional de auditoría”, "se desviaba hacia cuestiones de política más que de aplicación", contenía “errores materiales que reflejan falta de competencia” y "no se atenía a los principios de independencia, objetividad y normas profesionales de auditoría que se esperan de un auditor constitucional".

Picardo ha subrayado que este dictamen justificaba la respuesta del Gobierno. "Un informe no puede dar la máxima puntuación a las cuentas de Gibraltar y, al mismo tiempo, acusar al Gobierno de falta de transparencia y responsabilidad. Ambas posturas no pueden ser lógicamente ciertas", volvió a detallar. Siguiendo el consejo de Fisher, el Gobierno mantuvo que las críticas del informe excedían el mandato del auditor principal, "que carecían de fundamento de hecho o de derecho y no debían considerarse fiables".

En los próximos días, abordará una por una las acusaciones contra ministros y altos cargos, analizando los nueve puntos en disputa y exponiendo los hechos "para demostrar por qué el Informe es erróneo en el fondo y contrario a los principios legales que rigen la función de auditoría". La segunda sesión está prevista para este miércoles, 24 de septiembre, a las 10:00.

¿Qué dice el informe?

El ex Auditor destacó numerosas cuestionas, entre ellas: que Fabián Picardo intervino personalmente para impedir una auditoría sobre el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el Gibraltar Savings Bank, el banco estatal que gestiona los bonos del Gobierno; un gasto público de 5 millones de libras en servicios para el Departamento de Medio Ambiente adjudicados a dedo, sin mediar una licitación pública y con vínculos familiares con uno de los ministros del gobierno, John Cortés; la adjudicación a dedo de viviendas de promoción pública; pagos ex gratia por valor de más de 13 millones de libras esterlinas entre abril de 2018 y mayo de 2025 "sin una explicación adecuada".

El informe describe estos gastos como "excesivos y en muchos casos injustificados", e incluían pagos a agentes de policía que se retiraron desde abril de 2020, además de la asignación de un número "inusualmente alto" de agentes de policía a nuevos trabajos en otros lugares del sector público durante los últimos seis años, todos con salarios y condiciones protegidas, y la mayoría sin una explicación adecuada. Sacramento concluye que un número significativo de estos traslados probablemente estaban relacionados con la actual Comisión de Investigación sobre la jubilación del excomisario de policía, Ian McGrail.

Negativa a un Comité de Cuentas Públicas y reformas extrañas

Un estudio de la agencia Transparency International UK también cuestionó la negativa del Gobierno llanito a disponer de un Comité de Cuentas Públicas, medida que, por el contrario, es una petición expresa del partido de la oposición, el GSD.

Además, sospechó de la legilasción llanita sobre auditoría: "¿Por qué el Gobierno no ha actualizado la legislación de auditoría que se remonta a la década de 1970? Ha tenido mucho tiempo para hacerlo, pero no ha logrado ningún progreso. En cambio, logró aprobar a toda prisa cambios en las leyes de investigación, justo cuando los ministros estaban siendo sometidos a escrutinio por una en curso. ¿Y qué razón sólida hay para negarle a su auditor general la supervisión de las empresas de propiedad pública, mientras al mismo tiempo se reduce el personal y la dotación de la oficina de auditoría?", deslizaron en el estudio británico a raíz del informe del ex auditor.