La oposición de Gibraltar arremete contra el Gobierno de Picardo con una cascada de acusaciones por favoritismo y pagos irregulares

El partido de la oposición de Gibraltar, el Gibraltar Social Democrats (GSD), ha formulado una cascada de acusaciones al Gobierno llanito, dirigido por el partido de Fabián Picardo, el Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP). A las sospechas de intromisión por parte del jefe del gobierno de la colonia en las labores de auditoria de Tony Sacramento, contraviniendo las leyes gibraltareñas, se han sumado ahora las acusaciones sobre pagos "cuestionables" a personas relacionadas o del entorno de los socialistas-laboristas, según el informe auditor de 2018/2019.

El GSD ha catalogado esos pagos como "favoritismo político" a la hora de adjudicar contratos públicos, algo "inaceptable". El partido que dirige Keith Azopardi ha subrayado que los pagos que denuncian se enmarcaban dentro de un apartado más amplio del informe de auditoría que revisaba pagos ex gratia por un total de 11 millones de libras entre 2018 y 2024, algunos de los cuales parecían “excesivos y en muchos casos injustificados”, lo que planteaba dudas sobre la “equidad y coherencia” de las condiciones aplicadas entre los empleados públicos.

Entre los pagos mencionados por los socialdemócratas llanitos se encuentra un pago de 260.000 libras, más 19.773 en costes legales, realizado en 2022 a una persona identificada como miembro ejecutivo del GSLP para resolver una reclamación que, según dejó constancia Sacramento, era considerada "defendible por otros funcionarios públicos".

Sacramento también cuestionó el ascenso de esa última persona mientras estaba en excedencia y su traslado con un salario mejor tras un aparente “nombramiento directo”. Además, expresó su "preocupación" porque esa persona había presentado reclamaciones de horas extras no relacionadas con “numerosas anomalías”.

Destaca también otro pago de más de 664.000 libras concedido en abril de 2025 al director de Medios, un experiodista y candidato electoral del GSLP que había comenzado en el cargo cuando el GSD estaba en el Gobierno. Sacramento señaló que el contrato no “estipulaba el pago de una gratificación por cese” y que sus solicitudes de información sobre las razones del pago no habían sido respondidas.

También han señalado un cobro ex gratia de 60.000 libras hecho a un exministro del Gobierno en 2022/2023, sobre el cual Sacramento observó que “pese a solicitar información al Gobierno gibraltareño, no se me había informado de los motivos de dicho pago".

Otras cuestiones donde el partido de Azopardi ha puesto la lupa son la oferta de nombramiento en la Gibraltar Development Corporation (GDC) a una persona “estrechamente relacionada con un ministro del Gobierno”, en circunstancias en las que Sacramento expresó dudas sobre si el puesto había sido anunciado públicamente y por qué se habían ofrecido determinadas condiciones económicas. Sus preguntas quedaron sin respuesta, según el partido opositor.

El GSD alude a pagos "cuestionables" a personas relacionadas o del entorno del partido de Fabián Picardo

El GSD ha apuntado directamente a uno de los hombres fuertes de Picardo, John Cortés, ministro de Medio Ambiente, por la decisión de no volver a licitar servicios con Wildlife (Gibraltar), planteando cuestiones que, según el ex-auditor, podrían suponer un conflicto de intereses percibido debido a vínculos familiares con Cortés, lo que “podría llevar a una pérdida de confianza en el proceso de contratación”.

Keith Azopardi ha pedido al Gobierno que las preguntas formuladas por el antiguo autor principal se respondan "clara y públicamente" para disipar "el fantasma del favoritismo o el clientelismo político". Asimismo, el socialdemócrata ha exigido y prometido la creación de un Comité de Cuentas Públicas para fiscalizar al Gobierno, ya que, según indica, la colonia es el único territorio bajo dominio británico que no dispone de una.

Respuestas del Gobierno

El Gobierno gibraltareño se ha defendido de estas acusaciones afirmando que el GSD se estaba apoyando en afirmaciones del informe de auditoría que cuestionaban pagos a personas identificadas por el entonces auditor principal como simpatizantes del GSLP, pero subrayó que no quedaba claro qué “criterios objetivos” se habían utilizado para establecer ese “supuesto” vínculo.

El GSLP ha defendido que Sacramento conocía la identidad de la persona que recibió el pago de 60.000 libras, "únicamente se queja de no haber recibido la justificación a tiempo", han sostenido, dando además otra versión de los hechos: en realidad, “el exministro en cuestión es un antiguo ministro de un Gobierno del GSD” y que el pago fue realizado “para resolver una reclamación contra el GHA” (Autoridad Sanitaria de Gibraltar).

“El ex-auditor principal es consciente de ello, pero no lo menciona, lo que sugiere que para él la afiliación política al GSD no es algo que merezca comentario, mientras que la supuesta afiliación al GSLP le parece lo suficientemente grave como para destacarlo específicamente en el informe”, han expresado.

Para el Gobierno, las “alusiones y conclusiones” del apartado del informe relativo a auditorías de “valor por dinero” y que incluyen los pagos mencionados, parecen “poco fiables y de carácter partidista”, y “diseñadas para beneficiar a la oposición”. “El uso exagerado que está haciendo la oposición del GSD de las conclusiones "cuestionables" del informe del ex-auditor principal demuestra que dicho informe está siendo claramente utilizado, como parece haber sido concebido, como un arma contra el Gobierno GSLP-Liberal,” han añadido.

El GSLP y sus aliados liberales, "seguirán respondiendo a todos los aspectos del informe de auditoría" y espera poder demostrar “los muchos errores” que considera que contiene el documento, “mostrando finalmente lo poco fiable que es este informe sesgado, hasta el punto de que no merece ser considerado una auditoría como tal”, han concluido.

Amenazas de muerte

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha denunciado este martes, 15 de julio, que ha recibido varias amenazas de muerte a raíz de las acusaciones "escandalosas" y "sesgadas" del exauditor del Peñón, Tony Sacramento, que entre otros hechos, alertó que Picardo intervino personalmente para impedir una auditoría sobre el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el Gibraltar Savings Bank, el banco estatal que gestiona los bonos del Gobierno.

La Policía Real de Gibraltar, según ha informado al portal de noticias gibraltareño GBC News, ha arrestado por el momento a un hombre de 38 años sospechoso de emitir amenazas de muerte y hacer uso indebido de redes sociales. No obstante, mantiene la investigación en curso.

El Gobierno llanito, en relación con estos sucesos, ha afirmado que "la agitación generada por la publicación y la cobertura del informe del antiguo auditor principal, un informe que el Gobierno considera "sesgado" y "políticamente motivado ha dado lugar a acusaciones difamatorias, amenazas de violencia y a que miembros de nuestra comunidad se sientan vilipendiados públicamente".