El ex auditor Tony Sacramento acusa a Picardo de bloquear una investigación contra el blanqueo en el banco estatal de Gibraltar

El ex principal auditor de Gibraltar, Tony Sacramento, jubilado este año, ha denunciado que el ministro principal, Fabian Picardo, intervino personalmente para impedir una auditoría sobre el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el Gibraltar Savings Bank, el banco estatal que gestiona los bonos del Gobierno.

En un informe recién publicado —correspondiente al ejercicio fiscal 2018-2019, aunque con menciones a hechos más recientes—, Sacramento afirma que la decisión del ministro principal fue “inaceptable, impropia e inconstitucional”, citando la Constitución de Gibraltar, que establece que el auditor debe ejercer su función con plena independencia del poder político.

Según GBC News, el ex auditor relata que en marzo de este año comunicó al director interino del Savings Bank su intención de realizar una auditoría para verificar si la entidad cumplía con la Proceeds of Crime Act, la ley gibraltareña que regula las obligaciones contra el lavado de dinero. Se organizaron reuniones con el director del banco y con el secretario de Finanzas para acordar los detalles. Sin embargo, antes de que comenzaran los trabajos, el propio ministro principal convocó a los tres a una reunión conjunta.

Durante ese encuentro, según Sacramento, Fabian Picardo le informó de que el Gobierno no deseaba que se realizara la auditoría y que había obtenido un dictamen legal que respaldaba que el auditor principal no tenía competencias para llevarla a cabo. Picardo justificó su posición argumentando que una revisión de este tipo podría provocar “una pérdida de confianza pública” en el Gibraltar Savings Bank.

Como consecuencia directa de esa intervención, Sacramento afirma que no ha podido realizar la auditoría. Añade que, pese a haberlo solicitado, no se le han entregado ni las actas de aquella reunión ni el dictamen legal en el que el Gobierno basó su decisión.

El ex auditor sostiene que la Constitución de Gibraltar establece claramente que el auditor principal “no estará sujeto a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad”. Por eso, califica la actuación de Picardo de “impropia e inconstitucional”.

La denuncia no se queda ahí. Sacramento advierte además que el Gibraltar Savings Bank no cuenta con un responsable de cumplimiento (Compliance Officer), una figura obligatoria por ley para garantizar que las operaciones financieras se ajusten a las medidas contra el lavado de dinero. Según su testimonio, el propio director del banco ha solicitado repetidamente al Gobierno ese nombramiento, sin éxito.

Por último, el ex auditor considera “conflictivo” el papel del secretario de Finanzas como supervisor del Savings Bank, ya que simultáneamente desempeña funciones dentro del propio banco, como aprobar ingresos y retiradas de fondos. A su juicio, esta doble función compromete la independencia necesaria para supervisar con rigor la actividad financiera del organismo.

Estas revelaciones llegan apenas un día después de que el Parlamento Europeo incluyera a Gibraltar en una lista de territorios considerados fiscalmente responsables y libres de dinero sucio. La denuncia de Sacramento plantea interrogantes sobre la transparencia del principal banco público del Peñón.