Picardo afirma que la guerra en Oriente Medio puede retrasar el tratado sobre Gibraltar entre la UE y Reino Unido

El Gobierno de Gibraltar y la oposición se han unido en el Parlamento gibraltareño para condicionar la ratificación del tratado a la firma de un concordato con el Gobierno de Reino Unido que otorgue al Peñón independencia para rescindirlo en un futuro tal y como tiene España. Durante el debate parlamentario del texto final, la coalición de laboristas y liberales, por un lado, y los socialdemócratas, por otro, han aprobado por unanimidad una moción que establece esta concesión de Reino Unido como indispensable para activar el proceso que derivará en la entrada en vigor del acuerdo.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, explicó en el Parlamento que este acuerdo paralelo al tratado establecerá salvaguardas para garantizar que cualquier activación de la cláusula de terminación solo pueda realizarse "con el consentimiento del gobierno y la población de Gibraltar". Es decir, la dará poderes para pedir que se extinga, pero también para impedir que un futuro ejecutivo británico lo haga en contra de la voluntad del Ejecutivo gibraltareño. Según explicó, el Gobierno de Starmer está conforme. De hecho, leyó una carta que le envió el ministro para Europa, Stephen Doughty, garantizándolo.

La importante novedad aportada por el ministro principal es que la firma del acuerdo, según su versión, se ha retrasado debido a la guerra abierta en Irán, extendida prácticamente a todo Oriente Medio, lo que también podría aplazar la propia implementación del tratado más allá del 10 de abril. Esta es la fecha marcada en rojo porque ese día deberá entrar en funcionamiento del Entry Exit System (EES) en todas las fronteras exteriores de la UE... incluida la existente entre La Línea y Gibraltar, salvo que se haga una nueva excepción con ella, como ocurre en la actualidad al no pedirse el pasaporte a los ciudadanos de la colonia británica.

El líder de la oposición, Keith Azopardi, coincidió en que Gibraltar debe “tener control total sobre la continuidad del tratado” y asegurar que su voz sea escuchada en los órganos que supervisen su aplicación. Azopardi apoyó la moción parlamentaria que condiciona la ratificación del tratado a la existencia del concordato, la cual fue aprobada por unanimidad.

La oposición

Durante el debate parlamentario, Azopardi expresó sus “profundas reservas” sobre varias de las disposiciones. Sin embargo, lo respaldará una vez se firme el concordato porque, según señaló, ofrece beneficios como mayor movilidad en Europa y posibles ventajas económicas. También conlleva, entiende, riesgos: poderes otorgados a España que podrían ser abusados, cambios en el modelo comercial y mecanismos políticos y económicos intrusivos que podrían afectar la seguridad y viabilidad del territorio. Por ello, subrayó que el concordato debe garantizar que el control de la aplicación, revisión y continuidad del tratado permanezca en manos de Gibraltar. “Si algo sale mal, debemos ser nosotros quienes presionemos el botón de emergencia, asegurando que nadie más tome decisiones sin nuestro consentimiento”, dijo.

El líder opositor también criticó la falta de análisis económico por parte del gobierno sobre los impactos del tratado, advirtiendo que las cláusulas de terminación y la influencia que la UE podría dar a España generan una “certeza incierta” que podría dejar a Gibraltar expuesto a decisiones futuras sin previo aviso. Además, expresó su preocupación por la presencia de oficiales españoles en controles fronterizos, insistiendo en que el problema es de principio, no de ubicación o uniformes.

Picardo respondió que solo los agentes gibraltareños tendrán poderes ejecutivos y que los oficiales españoles solo realizarán funciones migratorias desde la instalación compartida conocida como la Schengen shack, ubicada en la frontera. Rechazó cualquier interpretación que sugiera la presencia de fuerzas armadas españolas en Gibraltar, asegurando que las salvaguardas del tratado protegen la soberanía del Peñón.

La moción

El viceprimer ministro de Gibraltar, Joseph Garcia, defendió en el Parlamento la moción para otorgar el consentimiento de Gibraltar a la ratificación del tratado, que calificó de “histórica” por su proceso, contenido y proyección de futuro. Según las proyecciones gubernamentales, si no se hubiera alcanzado un acuerdo podría suponer una caída de ingresos de al menos 169 millones de euros (147 millones de libras) y un aumento del gasto de 175 millones de euros (152 millones de libras).

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa de la soberanía británica de Gibraltar. García aseguró que el Tratado no altera el estatus de Territorio de Ultramar y que contiene una cláusula de salvaguarda “firme y completa” que impide que el texto pueda interpretarse como cesión o reconocimiento de soberanía a España. “El tratado no toca la soberanía de Gibraltar”, afirmó, insistiendo en que se trata de un acuerdo práctico sobre comercio y movilidad.

En materia comercial, dijo, Gibraltar no se integrará en la Unión Aduanera ni aplicará IVA, pero introducirá un impuesto sobre transacciones con tipos progresivos hasta el 17%, equivalente al mínimo vigente en la UE. El Gobierno prevé nuevas oportunidades de acceso al mercado europeo, aunque reconoce que algunos sectores necesitarán apoyo para adaptarse.

El acuerdo ofrece seguridad jurídica al transporte por carretera, garantiza la continuidad del enlace comercial con el Reino Unido y restablece la operatividad de ambulancias gibraltareñas hacia hospitales españoles y europeos.

En aviación, el Tratado permitirá por primera vez vuelos regulares entre el aeropuerto de Gibraltar y destinos de la UE, eliminando el veto previo de España. Se creará una empresa conjunta con participación al 50% entre Gibraltar y España para gestionar determinados aspectos operativos bajo normativa europea.