Rafael Salgueiro

Economista

De postre tenemos boicot con nata

Fresas

Fresas

Como ya sabe el lector, en abril de este año las Cortes aprobaron la ley que incluye la prohibición del espectáculo cómico-taurino popularmente conocido como El bombero torero, el de las personas bajitas (creo que se dice así). El objetivo del proyecto de ley era transponer conjuntamente varias directivas europeas, incluyendo una relativa a la discriminación. La tramitación fue aprovechada por uno de los grupos parlamentarios del córner noreste del país para introducir la enmienda que dio lugar a la prohibición explícita del espectáculo. Ha sido un caso muy curioso, porque los supuestos discriminados a proteger dijeron no sentirse discriminados, sino perjudicados.

Nuestro Gobierno, quizá para compensarnos, ha hecho frecuente otro espectáculo de parecida naturaleza: la charlotada. Bastante popular en el pasado, parecía llegada la hora de modernizarla, y no siendo bastantes las que se nos ofrecen fuera de los ruedos, se consideró muy oportuno incorporar a algunos extranjeros al elenco. La solicitud fue calurosamente aceptada por la ministra de Intransigencia Ecológica, que ofreció la mejor disposición del Gobierno de España para que los solicitantes, parlamentarios alemanes de la plataforma ecologista Compact, viniesen a inspeccionar la utilización del agua en las producciones de frutos rojos en Huelva y hortícola en Almería. Finalmente, se suspendió una parte de la función que se había preparado, el desplazamiento a Andalucía, lo cual les fue muy agradecido desde el Ministerio tras haber tenido a bien recibirles, y de intentar darle una apariencia de normalidad a lo que no era normal en absoluto.

Se ha publicado que esta visita de inspección sobre el terreno, a modo de mariscales de campo, se decidió tras sugerir a algunas cadenas de alimentación alemanas que no pusiesen a la venta frutos rojos procedentes de Huelva, con el argumento de que el agua utilizada en su cultivo es agua que se hurta a Doñana, ciertamente necesitada de ella. Se ha publicado también que esta sugerencia coincide en el tiempo con el inicio de la producción fresera alemana, de forma que las motivaciones no eran sólo ecológicas, las que casi siempre son indiscutibles por su propia finalidad y, desde luego, utilísimas para promover lo que no sería otra cosa que un boicot.

Es verdad que Alemania es un mercado principal para esta exportación onubense. En 2022 las exportaciones totales sumaron algo más de 1.000 millones de euros (431 millones en frambuesas y 573 en fresas), de los cuales el 30% corresponde a las expediciones destinadas a Alemania (según DataComex). Además, el volumen total de exportaciones viene aumentando de forma continuada: un 54% entre 2015 y 2022, con lo cual es perfectamente comprensible la aspiración de ampliar la superficie dedicada a este tipo de cultivos. La restricción, claro está, es la disponibilidad de agua y creo que todos, Gobierno andaluz incluido, hemos asumido que sería inadmisible ampliar el uso del agua subterránea, minorando la que es necesaria para la conservación de Doñana.

Dicho en otras palabras, está asumido que es indiscutible el valor prioritario de este espacio natural. Pero esto no justifica que baste con mencionar su nombre para eludir cualquier tipo de análisis objetivo y el rechazo de cualquier propuesta de conciliación de valores ecológicos y económicos, aun asumiendo la prioridad de los primeros en este caso. Desgraciadamente, la finalidad del proyecto de ley presentado al Parlamento de Andalucía, la ampliación condicionada de la superficie regable, fue inmediatamente objeto de discusión no ya política sino ideológica. La condición está muy clara en el texto: sólo se podrá hacer si se dispone de agua superficial, para lo cual es necesario construir alguna infraestructura prevista desde hace tiempo. No se trata, pues, de utilizar más agua subterránea, de forma que no parece muy claro que se produzca una mayor afección al espacio protegido. Por el contrario, sí que podría ser muy razonable pensar en la aportación de agua superficial a Doñana cuando fuese necesario, mediante la construcción de las conducciones necesarias, pero no he visto que esto haya sido planteado, al menos en los debates entre políticos. Esto requeriría, claro está, establecer un procedimiento de compensación económica a los agricultores que tuviesen que dejar de producir cuando el agua sobre la que tienen derechos tuviese que ser destinada a la conservación de ese espacio natural. Pero, ¡ay!, eso tendría el inconveniente de hacer visible que la conservación de los valores naturales tiene un coste. No sería sólo un coste de oportunidad, siempre difícil de percibir y de evaluar, sino totalmente explícito, porque implicaría un gasto presupuestario. Esta compensación también tendría que producirse, sin ninguna duda, en el caso de que prosperase alguna de las propuestas que se han hecho para reducir la superficie actualmente regada. En todo caso, creo que tendría que haber más serenidad, más ciencia y menos populismo en la discusión de un asunto de tanta importancia.

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