La Consejería de Fomento no paralizará el proceso de exposición pública para la ubicación de cuatro torres de telefonía móvil a pesar de que así lo ha requerido la asociación Septem Nostra. Desde la Consejería se ha indicado que todavía están tramitándose los expedientes y que existe un plazo de diez días (a contar desde el pasado 26 de mayo cuando se publicó el anuncio en el BOCCE) para presentar alegaciones.

A esa vía, la de la presentación de quejas, es a la que se agarra la Consejería para que las distintas entidades o particulares puedan presentar alegaciones que, una vez estudiadas, se atenderán o no. Atenderse supone subsanar las deficiencias que pudieran detectarse. El problema radica en que resulta complicado presentar alegaciones a un expediente que está incompleto, puesto que no se puede conocer la totalidad del problema, que ya expuso 'El Faro' en su edición del pasado domingo.

La asociación Septem Nostra denuncia "la indefensión" habida al no poder presentarse alegaciones en su totalidad. De hecho, el pasado viernes pedían que se paralizara el proceso de exposición pública hasta conocer todos los informes pertinentes. Por ejemplo, si la torre que quiere ubicarse en Santa Catalina influye en los trabajadores del cementerio o incluso en el parque de San Amaro. O si la que pretende ubicarse en la calle Martín Moreno, a tan sólo 64 metros del Severo Ochoa, es legal.

Todas estas dudas que plantea la asociación quedan en el aire y no existen informes que ayuden a clarificarlo. La ubicación de torres de telefonía móvil similares a las que quieren instalarse en Ceuta ha generado malestar en ciudades tan similares como Melilla, en donde llegó a constituirse la asociación Matarme a modo de protesta por la existencia de una de estas torres en una barriada melillense. Valencia o La Coruña son otros de los puntos en donde se han organizado colectivos ciudadanos de repulsa ante este tipo de instalaciones.

Una resolución del Parlamento Europeo fechada en abril de este año apunta a la necesidad de que se fomente el diálogo entre las asociaciones de vecinos y los políticos en torno a este tipo de problemáticas dada la cantidad de litigios judiciales que se producen.