El Supremo reconoce el riesgo de la Policía Nacional y ampara la jubilación anticipada para un tercio del cuerpo

El Tribunal Supremo reconoce una de las principales reivindicaciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes tendrán a partir de ahora acceso a la jubilación anticipada amparándose en las condiciones de riesgo inherentes a su profesión. Así lo reconoce una reciente sentencia emitida por el alto tribunal que da la razón al sindicato Jupol frente a la Administración General del Estado.

El fallo tiene condiciones. El pronunciamiento abarca solo a los funcionarios que ingresaron al cuerpo a partir de 2011 y que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone aproximadamente un tercio de la plantilla, según estimaciones de los sindicatos policiales. Para estos agentes, su situación de retiro laboral queda equiparada a la de las policías autonómicas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra) y locales. La sentencia, asimismo, no pone plazos ni la forma de ejecución para materializar este derecho.

La sentencia da respuesta a un recurso de Jupol contra el Estado y reconoce el derecho a la jubilación anticipada por "la existencia de una actividad profesional excepcionalmente penosa, arriesgada y peligrosa". De facto, el Supremo concede la condición de profesión de riesgo para los policías nacionales.

Como consecuencia, el fallo emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, obliga al Ministerio del Interior, que titula Fernando Grande-Marlaska, a desarrollar una normativa para regular la jubilación anticipada para los policías nacionales encuadrados en el régimen de la Seguridad Social (a partir de 2011). Quedarán así equiparados a los cuerpos autonómicos y locales, que lograron estos coeficientes reductores en 2019 y 2022, respectivamente. El marco legal permitirá su retiro antes de los 60 años.

Sindicatos como Jupol (impulsor del recurso), así como Jusapol y Jucil han celebrado la noticia. “Es una victoria histórica para todos los policías nacionales que accedieron al cuerpo a partir del 2011 y abre el camino para la consecución de la jubilación anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España para todos los policías nacionales y guardias civiles. Se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España”, ha valorado el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.

Brecha policial

La sentencia tiene una cara B. Algo más de 50.000 policías nacionales, los que accedieron al cuerpo antes de 2011, se encuentran adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado. Para ellos, el dictamen del Supremo no tiene efectos ya que su jubilación se regula por una normativa distinta a la del Régimen General de la Seguridad Social (la que ampara el fallo).

“Esta sentencia crea una brecha dentro de la Policía Nacional. Muchísimos compañeros se quedan fuera, además de la Guardia Civil, que ha estado reclamando esta consideración junto a la Policía Nacional mano a mano. La sentencia a simple vista parece muy positiva, pero rascas un poco y ves que está incompleta”, señala Sebastián Sützl, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP).

Al tratarse de un pronunciamiento del Supremo, como la más alta jurisdicción del Estado, el fallo puede ser esgrimido por otros colectivos (Guardia Civil o Vigilancia Aduanera) para sentar jurisprudencia y beneficiarse de sus estipulaciones.

La vía europea para universalizar las mejoras

La sentencia del Supremo da respuesta, parcialmente, a una de las demandas históricas de la Policía Nacional (compartida con la Guardia Civil, aunque este cuerpo no quede beneficiado) que, ante la reiterada negativa del Gobierno a reconocer a estos agentes en las mismas condiciones que sus compañeros locales y autonómicos, se vio obligada a recurrir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Una delegación de este organismo europeo visita estos días Cádiz y Sevilla para conocer la realidad de este colectivo, en unas reuniones enmarcadas en el estudio que realizan en diferentes puntos de Andalucía. Por ello piden una directiva europea que reconozca su situación y universalice las mejoras para todos los cuerpos.

“Vamos a seguir adelante con nuestra petición a la Unión Europea. No solo porque esta sentencia no incluye a todos los policías y guardias civiles, también porque no incluye ni cuándo ni cómo se va a realizar la disposición reglamentaria. En la propuesta que le presentamos a la directiva europea sí que se incluye todo, así que sin duda seguiremos adelante”, explica a Europa Sur el portavoz de la CEP, quien confía en que se realice lo antes posible, gracias a la vía urgente del organismo supranacional.

Aunque el pronunciamiento del Supremo supone una sustancial mejora de las condiciones de los cuerpos de seguridad del Estado, los agentes recuerdan que son muchas las reclamaciones pendientes para lograr unas condiciones de trabajo dignas.

Vehículos en mal estado, con coches patrulla de más de 10 años; comisarías que no cuentan con un sistema de ventilación o refrigeración adecuados, sin aire acondicionado; materiales que deben pagar en muchos casos de su propio bolsillo y, entre otras demandas, la falta de generadores de emergencia para hacer frente a situaciones como el apagón de abril que dejó inoperativas muchas dependencias.

Los representantes de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil llevan años exigiendo su reconocimiento como profesión de riesgo, inversiones y que el Ejecutivo se preocupe de "proteger" a sus miembros. Esta sentencia (o la directiva europea, lo que llegue antes) puede ser un paso más para lograrlo. Habrá que esperar a ver quién actúa primero: el Gobierno de España o la Unión Europea.