Policía Nacional y Guardia Civil, profesionales sin reconocimiento frente los riesgos del narcotráfico

Algeciras/Los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pusieron sus cartas sobre la mesa este martes en Algeciras ante la delegación del Parlamento Europeo que analiza las condiciones laborales del colectivo en toda Europa. La segunda de las tres jornadas de trabajo de los miembros de la Comisión de Peticiones, tras la desarrollada el lunes en Barbate, sirvió a los agentes como altavoz para varias de sus reivindicaciones históricas: que las agresiones que sufren sean consideradas eurodelitos y que su trabajo se reconozca como una profesión de riesgo. El estudio de los eurodiputados, inicialmente a escala comunitaria, estuvo inevitablemente capitalizado por la situación específica que se vive en la comarca del Campo de Gibraltar, marcada desde hace años por el narcotráfico y una creciente violencia hacia las autoridades.

El polaco Bogdan Rzonca encabeza la delegación que visita hasta el miércoles varios puntos de Andalucía para conocer las necesidades de los cuerpos de seguridad. A escuchar. "A recibir tanta información como sea posible de los problemas que somos conscientes que sufrís aquí", reconoció el eurodiputado conservador, quien invitó al amplio plantel de entidades, colectivos y autoridades del Campo de Gibraltar, citados en el Ayuntamiento de la ciudad algecireña desde primera hora de la mañana, a hablar "sin censura" para conocer de cerca los peligros de la zona.

El primero en trasladar la realidad de la zona fue el alcalde anfitrión, José Ignacio Landaluce (PP). "Esta es una de las ciudades más seguras de España y Europa en cuanto a delitos, pero eso no es incongruente con la necesidad de potenciar la seguridad en la frontera sur de Europa en la lucha contra el narcotráfico", defendió. Para ello, reclamó una vez más al Gobierno central la declaración de la comarca como Zona de Especial Singularidad y medidas, no solo policiales, para combatir esta lacra. Esta figura, en la que Interior asegura que lleva años trabajando (aunque sin cristalizar), supondría un incremento de las retribuciones y permitiría que la comarca fuera más atractiva para los agentes como destino.

A lo largo de la mañana se sucedieron las reuniones en el Consistorio, en las que participaron la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez; la delegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores; mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera; sindicatos policiales; y el presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, Francisco Mena, entre otros.

Casi 17.000 agresiones en un año

David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Nacional de la Policía, es el peticionario, y por tanto el origen de esta misión. En diciembre de 2023 presentó los documentos, solicitando estas dos iniciativas. Cada vez se hace más urgente, pues la situación ha empeorado. “El pasado 2024 ha sido un año de récord con 16.800 agresiones contra policías y guardias civiles”, situación que insiste que se repite en muchos países europeos, de ahí la necesidad de elevar a la categoría de eurodelito la agresión a agentes y que, en consecuencia, se armonicen las penas en toda Europa.

“El objetivo de esta misión es evaluar si sufrimos esa desprotección jurídica y si la Unión Europea debe tomar medidas urgentes para frenar esas agresiones, y la única manera de conseguirlo es que se nos declare profesión de riesgo y que esos ataques sean considerados eurodelitos”, sentenció Gutiérrez.

Sin duda, los graves problemas a los que se enfrentan los agentes y guardias se ponen de manifiesto en la lucha contra el narcotráfico. El Estrecho de Gibraltar es casi entrada obligatoria de la droga en Europa y el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad toma especial consideración en esta zona. El fallecimiento el año pasado de los agentes de la Guardia Civil durante la persecución a una narcolancha es buena muestra de ello.

“Qué más es necesario? ¿No vale solo con los muertos, heridos graves y personas imposibilitadas por la lucha contra el narcotráfico?”, reclamó Francisco Javier Benito Molina, presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

La situación se ha recrudecido. Narcolanchas, armas de guerra, aviones teledirigidos, incluso narcosubmarinos en Portugal comienzan a contarse como parte del arsenal de estas organizaciones ilegales.

“El endurecimiento de estas bandas organizadas nos hace pedir auxilio a Europa, para que nos den los medios suficientes para combatirlas”, insistió Benito, quien reivindica, como el resto de los participantes en estas reuniones, un endurecimiento de las penas. “El problema es lo barato que le sale al narcotraficante este tipo de agresiones. Mientras no tengamos una legislación común que permita una condena fuerte no vamos a conseguir nada”, concluyó.

Esto, por desgracia, lo sabe Daniel Flores por sus propias carnes. En 2014, este guardia civil fue brutalmente embestido por un vehículo cargado con 500 kilos de hachís. “Me rompieron la pierna, sufrí estrés postraumático que me llevó a depresión. Volví a trabajar, pero lo tuve que dejar debido a las secuelas. Además, no me reconocen el acto de servicio”, lamentó este agente que trasladó en las reuniones la necesidad de mayor proyección jurídica y que se aumenten las penas por este tipo de agresiones.

Los narcotraficantes antes huían, ahora se ven impunes, sin miedo alguno, armados incluso con fusiles y preparados para agredir a los agentes. “Les sale barato. Al que me agredió a mí lo condenaron a cinco años de cárcel por cinco delitos, entre ellos contra la salud pública por los 500 kilos de hachís que portaba y por las lesiones que provocó a mí y a mi compañero. De esos 5 años va a cumplir 2 y medio. Eso es lo que cuesta intentar matar a dos guardias civiles y traficar con droga”, explicó Flores.

Algo más que medidas policiales

La lucha contra el narcotráfico no se queda únicamente en las medidas policiales. Paco Mena, como portavoz del movimiento asociativo de lucha contra la droga, recordó que para combatir esta lacra hace falta mucho más. “El narcotráfico se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Para eso se necesitan medidas sociales, educativas, formativas, de empleo y de infraestructuras”, muchas de ellas se recogen en un documento que trasladó a la comisión. Mena pidió que se haga mucho más, que se invierta especialmente en las barriadas olvidadas por el Estado donde el narcotráfico tiene su caldo de cultivo.

A sus palabras se suma Antonio Flores, secretario provincial del SUP, quien reclamó cambiar el sistema policial y trabajar conjuntamente para parar la entrada de droga en la “punta de lanza” que es esta comarca. “Necesitamos medidas para evitar que los jóvenes caigan en lo fácil”, solicitó.

Una misión "politizada"

Aunque todos los intervinientes coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de los agentes, la visita también generó debate político. La eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, denunció las “condiciones miserables” en las que se encuentran los agentes y acusa al gobierno de abandonar a quienes se juegan la vida en el Estrecho, insistiendo en que “Bruselas tiene que conocer la precariedad con las que Grande-Marlaska tiene a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad”.

Borrás hizo suyas muchas de las reivindicaciones policiales en las que se lamentan las faltas de recursos e insistió en el papel político de otorgar las herramientas necesarias y defender los intereses de quienes nos protegen. “Porque si agredir a un agente va a salir gratis, al final ocurre lo que estamos viendo: un incremento acelerado de las agresiones”, lamentó.

La eurodiputada socialista Lina Gálvez criticó la manipulación política de la misión e insistió en que su trabajo debe centrarse únicamente en las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad de toda Europa. “En ningún momento se recoge en los papeles que se deba hablar sobre narcotráfico y sin embargo están utilizando un acontecimiento tan desgraciado como el que ocurrió en Barbate para hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez”, lamentando que con esto se opaquen las peticiones tan nobles de la policía.

La eurodiputada socialista recordó que la misión es “para recabar información. Ni se evalúa ni se legisla” y que existe un Plan Especial desde 2018 ejecutándose en la comarca con buenos resultados.

En la misma línea fueron las consideraciones de los fiscales, de los que Gálvez ejerció como portavoz ante la negativa de estos de atender a los periodistas. Según Gálvez, valoraron que existe un aumento de la peligrosidad de las redes del narcotráfico porque su labor está centrándose ahora en la cocaína. La fiscal antidroga consideró que el Plan Especial para el Campo de Gibraltar “está siendo un éxito, porque se están incautando muchísimos alijos y parando operaciones”, aunque la necesidad de cambiar la legislación y la colaboración transfronteriza siguen siendo vitales.

El petaqueo, como se conoce comúnmente al repostaje de gasolina para las narcolanchas, necesita otro tipo de consideración que no sea delito administrativo, y trabajar en el blanqueo de dinero. El responsable de Aduanas insistió, según palabras de Gálvez, en la importancia de "seguir el dinero" y mejorar todo lo relativo al blanqueo de capitales y movimientos internacionales para poder incautar el patrimonio de estas bandas.

A pesar de las diferencias políticas, hay una coincidencia clara entre todos los actores que tomaron la palabra en esta visita: la situación de los agentes en el Campo de Gibraltar es crítica, y Europa debe actuar con urgencia. Ya no se trata solo de mejorar condiciones laborales, sino de reconocer la gravedad del problema y ofrecer un respaldo legal y material real a quienes están en primera línea.

Con la violencia al alza y una industria del narcotráfico cada vez más sofisticada, la petición de declarar profesión de riesgo y considerar las agresiones como eurodelitos no solo se justifica, sino que se hace más que necesaria.

La misión termina este miércoles, 28 de mayo, en Sevilla con una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz. Se procederá así a recapitular la información recogida en las visitas a Barbate y Algeciras.