El secretario municipal aboga por ejecutar la sentencia de la 022-TG

La polémica urbanística sobre el área 022-TG de Torreguadiaro, en San Roque, ha entrado en una encrucijada de consecuencias judiciales y políticas impredecibles. El secretario general del Ayuntamiento, Alejandro del Corral, ha emitido un informe en el que aconseja la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga a adjudicar de nuevo el terreno respetando las bases del concurso, y que contradice un segundo informe redactado por el departamento jurídico del Consistorio, que considera que el fallo judicial es inejecutable. Ambos documentos están incluidos en el expediente municipal que será sometido a debate en el pleno extraordinario convocado para mañana jueves. En él, los ediles de la Corporación deberán pronunciarse sobre la nueva propuesta del alcalde, José Vázquez, que aboga ahora por que el Ayuntamiento presente alegaciones contra la sentencia del TSJA. Una decisión, la de Vázquez, que va en contra de lo aprobado por el pleno el pasado mes de agosto con los votos del PSOE.

El secretario general, en su informe, discrepa de la inejecución del fallo judicial. "El Pleno Corporativo debe de proceder y actuar a llevar a cabo las medidas adecuadas de cara al cumplimiento íntegro de lo determinado en la sentencia -nueva adjudicación del concurso conforme a las bases-, independientemente de los problemas con que con posterioridad puedan suscitarse. Es evidente que en el cumplimiento de la citada sentencia deberá de actuar con los medios adecuados de cara a la recuperación de la parcela en su estado original", señala Del Corral.

El secretario municipal deja claro en su escrito que la ejecución del fallo compete "exclusivamente" al Pleno, "que debe someterse a lo que determinen los juzgados y tribunales". Del Corral subraya en el encabezado del informe que éste "tiene exclusivo carácter consultivo y confidencial de nivel interno del propio Ayuntamiento". Del mismo modo, recalca que con el informe "no existe responsabilidad alguna por parte de la Secretaría General".

Del Corral aboga así por llevar a término lo estipulado por el TSJA en noviembre de 2004. La sentencia considera que la adjudicación del área por parte del Ayuntamiento, en marzo de 2002, a la empresa Venta de Viviendas y Edificios Rehabilitados (VVERH) fue ilegal. Según el tribunal, existe una "sombra de duda más que razonable" de que la resolución del concurso estaba decidida de antemano a favor de VVERH. Por ello, instaba a adjudicar de nuevo el terreno respetando las bases del mismo y eliminando la opción de esta empresa. Una sentencia -ratificada por el Tribunal Supremo en febrero de 2008- que en principio beneficia a Sotogolf, la sociedad que interpuso el recurso contencioso-administrativo y cuya oferta fue descartada por la Mesa de Contratación frente a la de VVERH.

El secretario general de San Roque señala además que deberá acordarse "la liquidación del contrato ya que es de obligado cumplimiento por la sentencia firme que afecta al Ayuntamiento debido a que la adjudicación de la Mesa de Contratación ha sido anulada. Por tanto, al Ayuntamiento le correspondería el requerimiento adecuado de cara a la restitución recíproca de lo que cada una de las partes haya recibido. Hablamos de una parcela y de una cantidad pecunaria". Del Corral, ante esto, añade: "Una vez ejecutados los pasos deberá procederse al cumplimiento íntegro de la sentencia que sólo será ejecutada cuando se cumpla lo que determina: nueva adjudicación del concurso conforme al pliego de condiciones".

La opinión del secretario general choca frontalmente con el informe realizado por el gabinete jurídico del Ayuntamiento, que interpreta que la sentencia del TSJA no puede llevarse a efecto al considerar que existen "causas tanto materiales como legales que provocan la imposibilidad de la ejecución de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2004". El documento -que está incluido en el expediente del pleno junto a un tercer informe urbanístico redactado por la Gerencia Municipal de Urbanismo- descarta además la obligatoriedad de pagar indemnizaciones a VVERH y Sotogolf, las sociedades inmersas en el proceso judicial. "Igualmente instado para ello en relación al derecho de indemnización que pudiera haberse derivado para cualquiera de las partes, el Pleno de San Roque entiende que no existe derecho de indemnización alguno, ni para VVERH ni para Sotogolf Costa. De igual forma, y por idénticos motivos, no procede proponer fórmula alguna que contenga las bases de una futura indemnización", reza el texto.

El informe jurídico, de fecha 20 de octubre, está firmado por el asesor jurídico Roberto Gil, y por los asesores letrados Miguel Pacheco y Francisco González-Deleito. En este documento también aparece la firma y el sello de la Secretaría General, acompañada de una anotación a mano -en principio del propio secretario- en la que subraya: "Sólo con carácter consultivo a efecto de fe pública". De esta forma, Del Corral deja claro que hace de notario pero que se desvincula de las conclusiones adoptadas por el departamento jurídico municipal. Y es que éstas desoyen los informes encargados por el Consistorio al bufete Cuatrecasas y a la Diputación Provincial, en los que se apostaba por adjudicar de nuevo el concurso y resolver el contrato firmado en su día con VVERH por un valor superior a los seis millones de euros.

El informe de los asesores municipales abre la puerta al alcalde para plantear mañana en el pleno la inejecución de la sentencia, pese a la postura adoptada por el PSOE en las sesiones plenarias anteriores. Además, da la posibilidad a PP y USR -los mismos partidos que adjudicaron la parcela a VVERH en 2002- a sumar sus votos para evitar que el Pleno haga efectivo el fallo del TSJA.

Vázquez desoye a Cuatrecasas y a la Diputación

Cuando el Supremo ratificó la sentencia del TSJA, el Consistorio encargó dos informes para ver qué salida tenía. Estos documentos fueron realizados por el despacho de abogados Cuatrecasas y la Diputación Provincial de Cádiz. Ambos informes coincidieron en la ejecución de la sentencia, adjudicando de nuevo el área 022-TG y resolviendo el contrato firmado por VVERH. Esto conllevaba la devolución de los más de seis millones de euros abonados por esta sociedad. Asimismo, abrían la posibilidad de indemnizaciones a las empresas implicadas en el proceso. Poco después, el pasado mes de agosto, el Pleno aprobó acatar el fallo judicial del TSJA. Ahora, el alcalde aboga por presentar alegaciones en virtud de otro informe jurídico.