Sotogolf exigirá responsabilidades a los que obstruyan que se acate el fallo

Sotogolf Costa, la sociedad que en principio se beneficia de la sentencia del TSJA al resultar como la probable nueva adjudicataria del área 022-TG, remitió un escrito al secretario general del Ayuntamiento de San Roque con fecha del lunes pasado. En él, la empresa advierte que es su intención "la de exigir, ante cualquier instancia y vía, las responsabilidades a que hubiere lugar, respecto de todos aquéllos que, con su voto o actitud, adoptaran una postura obstructiva del legítimo cumplimiento y ejecución de la sentencia en los términos que de ella se deriven".

Sotogolf sostiene que ante una situación creada "artificialmente", en referencia al pleno de mañana, "y que difícil ajuste y justificación legal tiene, qué duda cabe que es necesario y de lo más ilustrativo conocer su posición o su recomendación a la Corporación".

La empresa mercantil recuerda que el Pleno aprobó en agosto acatar la sentencia del TSJA y que VVERH presentó un recurso de reposición contra dicho acuerdo. "En su responsabilidad y diligencia dejamos el asunto en la medida en que, según parece, uno de los puntos del orden del día del próximo Pleno a celebrar en esta semana viene constituido, precisamente, por la inejecución de la sentencia".

Según Sotogolf, "hasta este momento el secretario, sin que tenga explicación racional alguna, ha venido eludiendo toda posibilidad de contacto y cualquier tipo de relación con Sotogolf, pese a haber obtenido ésta a su favor el fallo de las sentencias. Siendo, antes al contrario, paradójico y sin la menor de las lógicas plausibles, la postura de enroque adoptada junto a VVERH, en una defensa a ultranza de los intereses procesales y, sobre todo comerciales, de ésta. Esta actitud ha llevado a la entidad edilicia a aceptar un recurso de reposición carente del más mínimo fundamento procesal, a omitir cualquier traslado a Sotogolf del mismo, pese a ostentar pleno interés administrativo y tener la condición de parte en el proceso administrativo, conculcando, a todas luces, las garantías más básicas de defensa que previene la propia Ley. Todo ello, sin que todavía esta parte alcance a explicarse la forma con que se está conduciendo el procedimiento y su intervención misma en su calidad de habilitado nacional y de garante de la observancia de la legalidad en las actuaciones municipales".

Sotogolf insta al secretario municipal a aclarar "cómo es posible en términos administrativos hábiles, de los que usted en definitiva es el garante, contrariar el sentido de un acuerdo, adoptado conforme a los informes pertinentes, sin que sobrevenidamente haya acaecido hecho alguno más que la manifestación interesada de voluntad de VVERH, reproducida en un recurso de inaudita procedencia".

La entidad, del mismo modo, añade: "De qué le han servido a la Corporación municipal y a usted los informes solicitados, tanto a la Diputación Provincial, como al propio bufete Cuatrecasas y que han supuesto un gasto de erario público. De dónde se extrae tan aventurada conclusión de que la sentencia es inejecutable, sino es más que de la indicación de la empresa que procesalmente ha sido condenada junto al Ayuntamiento".

Costas realizó el proyecto del paseo marítimo

Una de las piedras angulares de la polémica está en el posible pago de indemnizaciones. VVERH alegó en un informe que había realizado los equipamientos contemplados en el desarrollo del área 022-TG. No obstante, según el informe realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo incluido en el expediente, el proyecto del paseo marítimo de Torreguadiaro corresponde a la Dirección General de Costas. Así, el documento recuerda que en junio de 2001 el Ayuntamiento aprobó en pleno el proyecto de "recuperación ambiental del borde litoral de Torreguadiaro", redactado por Gregorio Pérez Pina y Juan José Muñoz Pérez (de Costas), y el arquitecto municipal Nicolás Moncada. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente dio el visto bueno a la actuación en marzo de 2002, una vez fue puesto a su disposición el suelo. La memoria recoge que en el proyecto se posibilita la dotación en infraestructura viaria y aparcamientos, accesos y equipamientos complementarios a la actividad del uso de la playa sobre espacio libre público de 32.000 metros cuadrados. El citado proyecto contaba con un presupuesto por contrata superior a los dos millones de euros y fue ejecutado por la empresa Joca Constructora, que lo concluyó a finales de 2005.