El juicio que se celebra en Algeciras contra el clan de los Castañas por narcotráfico ha quedado suspendido este martes después de que el abogado Juan José Simón, representante de varios de los procesados, haya presentado formalmente su renuncia.

El letrado ya había comunicado al tribunal su abandono del caso la semana pasada a través de un escrito, al que tuvo acceso Europa Sur, por “la más absoluta pérdida de confianza de mis patrocinados”. El letrado justificaba su renuncia en que algunos de sus ya ex clientes se mantienen en prisión provisional pese a que, según su versión, la Fiscalía Antidroga se habría pronunciado verbalmente semanas atrás partidaria de su puesta en libertad bajo fianza.

Al no contar con defensa, el tribunal acordó la suspensión del procedimiento hasta que los procesados vuelvan a contar con asistencia letrada, tal y como es preceptivo en el proceso. El plazo dado concluyó a las 15:00, pasado el cual se procedería al nombramiento de abogados de oficio de no nombrar los acusados uno o unos alternativos. Previsiblemente, este miércoles se reanudará la vista con normalidad.

El juicio tenía previsto avanzar a partir de este martes en la toma de declaraciones tanto a procesados como a los agentes de la Guardia Civil que participaron en las diferentes actuaciones con las que se analiza si los encausados formaban parte de una trama dedicada al tráfico de drogas, entre otros delitos.

Se trata de la segunda renuncia de un letrado de la macrocausa, cuyas sesiones está previsto que se desarrollen hasta finales del próximo mes de junio. El pasado 13 de abril, el representante letrado de uno de los procesados renunció durante la celebración de la vista tras recibir amenazas de su cliente. 

Las amenazas se produjeron durante el receso en el que los miembros del jurado estaban deliberando sobre las impugnaciones al escrito de acusación y una docena de cuestiones previas. Según otros abogados presentes en la sala, el procesado dijo a su letrado que se "verían en la calle", junto con otros insultos.  

El proceso judicial comenzó con 157 personas procesadas de las que 69 alcanzaron acuerdos de condena por conformidad, mientras que la retirada de las acusaciones se elevan a 26.