La primera sesión del macrojuicio por narcotráfico contra el clan de los Castañas ha concluido este lunes en Algeciras con los acuerdos de conformidad de condena alcanzados entre la Fiscalía Antidroga y la defensas de 62 personas que se sentaban en el banquillo de los acusados. En la sesión, además, el ministerio público ha retirado los cargos a veinte de los encausados.

La vista oral del mayor juicio celebrado hasta la fecha en España por tráfico de drogas seguirá adelante mañana y en sucesivas sesiones con 75 acusados, varios de ellos declarados en rebeldía y con órdenes de búsqueda y detención.

El principal procesado es Antonio Tejón, supuesto líder del clan y con antecedentes por narcotráfico, para el que se solicitan las penas más graves por los delitos contra la salud pública, contrabando, pertenencia a organización criminal y receptación. Por todos ellos, la Fiscalía pide para él una condena conjunta de 15 años y medio de reclusión.

Los acuerdos alcanzados por la Fiscalía con las defensas de los 62 acusados afectan a delitos por contrabando, con penas finales de 3 años y 9 meses -en vez de los 5 años previstos en el escrito de acusación- y contra la salud publica (tráfico de drogas) de 4 años -en vez de los 6 años iniciales-, según fuentes judiciales consultadas por esta redacción.

Escrito de acusación

La Fiscalía, por medio de la titular Antidroga en el Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, presentó el pasado 29 de marzo un nuevo escrito de acusación en el que perfila aún más los cargos y las condenas que propone para los acusados y donde expone los hechos investigados por el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil entre los días 26 de junio y 27 de agosto de 2020 en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, donde se constataron varias operaciones de los Castañas vinculadas al narcotráfico.

“Se constata la existencia de un grupo de personas perfectamente organizadas que se dedican a la introducción de importantes cantidades de hachís por las costas del Campo de Gibraltar, procedente de Marruecos, todas ellas desempeñando una función necesaria e imprescindible que iba dirigida a tal fin delictivo”, subraya la Fiscalía.

La investigación se centró inicialmente en la zona conocida como la Vega de Ringo Rango y en la calle Almadraba, en la barriada de Palmones, en Los Barrios, “donde los acusados desarrollan una incesante actividad de preparación de embarcaciones semirrígidas, gasolina, víveres y el resto avituallamiento necesario, como son GPS, teléfonos satelitales, trajes de neopreno, así como lugares de guardería tanto de las sustancias estupefacientes como de los vehículos y las embarcaciones semirrígidas”.

Tejón, líder desde la cárcel

Antonio Tejón, siempre según el relato de la fiscal, dirigía toda esa estructura criminal desde la prisión, donde se hallaba en esos momentos en prisión preventiva por asuntos relacionados con el tráfico de drogas. A través de un lugarteniente, A.C.J., daba las instrucciones a su equipo de confianza, formado por quince personas.

Todos ellos “ejercían claras funciones de dirección, siendo los encargados de llevar a cabo todas las gestiones para la introducción de grandes cantidades de hachís, procedente de Marruecos, por vía marítima, usando embarcaciones de alta velocidad, de las consideradas como género prohibido, conforme a la Ley de Contrabando.

Eran estos acusados quienes se encargaban de coordinar todas las tareas de intendencia de la red: gestionar los acuerdos con los proveedores marroquíes para la adquisición de la droga, arrendar las naves y fincas donde primero ocultaban, acondicionaban y botaban las lanchas, fichar a las personas que se encargaban del avituallamiento de la gasolina y víveres de las embarcaciones, conseguir a lo pilotos, a las personas que servían como puntos de vigilancia, a las que conseguían los vehículos de carga -en muchas ocasiones, sustraídos- así como a los conductores y, finalmente, a las personas que descargaban la droga y guardarla.

Inicialmente, las penas propuestas por Arroyo sumaban 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas, lo que da una idea de la importancia de las actividades ilícitas del clan, si bien los acuerdos de conformidad alcanzados han rebajado de forma considerable las cifras.

Los 62 acusados que han aceptado su culpabilidad en los hechos de acuerdo con el relato de la Fiscalía Antidroga no tendrán que personarse más en la vista oral hasta el próximo 26 de junio, cuando se eleven a definitivas las conclusiones del ministerio público.