Salida de Reino Unido de la UE

Preocupación en Exteriores por el impacto en el Campo de Gibraltar de una falta de acuerdo sobre el Brexit

Arancha González Laya, ministra de Exteriores, en la Verja de Gibraltar.

Arancha González Laya, ministra de Exteriores, en la Verja de Gibraltar. / E. Fenoy

La cuenta atrás para el Brexit se acorta y la incertidumbre por la falta de acuerdo y sus consecuencias sobre el Campo de GibraltarGibraltar crecen en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, ha reconocido su "preocupación" por la futura situación de Gibraltar mientras que los equipos negociadores de la UE y Reino Unido han retomado este domingo las conversaciones en medio del pesimismo

Para González Laya, es un deber mutuo, del Reino Unido y España, alcanzar un acuerdo que permita gestionar ese área de "prosperidad compartida" alrededor del Peñón. Pues si no hay pacto, ha recordado, "la frontera externa de la UE será Gibraltar".

La ministra reclamó a principios de semana un esfuerzo a los equipos negociadores con el fin de desbloquear la situación. González Laya tenía previsto viajar a Londres para negociar aspectos vitales para la relación entre España y Gibraltar a partir de enero. El viaje se anunció, pero por el momento no se ha producido y no hay fecha para ello. Fuentes de Exteriores reconocieron entonces a Europa Sur que existía un estancamiento de las conversaciones. 

Tras el acuerdo sobre los derechos de los trabajadores transfronterizos, alcanzado el pasado 17 de noviembre, aún quedan pendientes de desarrollo otros tres protocolos para las materias previstas en otros tantos memorandos de entendimiento: tabaco y otros productos, cooperación en materia medioambiental y  cooperación policial y aduanera.

Negativo para las economías

González Laya ha abundado que la ausencia de un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea "en las circunstancias actuales" de pandemia "sería muy negativo para las economías", en una entrevista en Sky News.

González ha subrayado que Reino Unido "sufriría incluso más" que la UE si no se llega a un pacto sobre la futura relación, que entraría en vigor al fin del periodo de transición post Brexit, que acaba el 31 de diciembre.

La ministra ha asegurado que tanto España como la Comisión Europea y el negociador comunitario, Michel Barnier, desean un acuerdo, pues ese es el mandato. Pero "se necesita a dos personas para bailar el tango" y las dos partes deben trabajar para hallar "una pista de aterrizaje para este avión" y llegar a un consenso.

Preguntada sobre la posición británica reacia a ceder soberanía, González ha contestado que los acuerdos comerciales no están para reclamar la soberanía nacional, pues "es claro" que las partes negociadoras son soberanas, sino que lo que hacen es ayudar a "gestionar la interdependencia".

Insistió en que lo importante es "construir una relación que las dos partes quieran", porque "entienden que beneficia más a sus ciudadanos y empresas que separarse sin pacto".

Sobre las normas de competencia, uno de los obstáculos para el consenso, dijo que es importante coincidir en que ninguna de las partes "competirá de manera injusta" con la otra, reduciendo impuestos o estándares laborales o medioambientales.

"Acordemos que no vamos a hacer eso y, por supuesto, hallemos un mecanismo que nos permita ver si eso está ocurriendo y cómo abordarlo", ha afirmado.

González Laya ha agregado que el posible pacto comercial entre el Reino Unido y la UE "es único" porque son vecinos, y no puede compararse con el que Canadá tiene con el bloque, sino que "se parece más" al que tienen Canadá, México y Estados Unidos.

Sobre la pesca, otro de los puntos espinosos, dijo no entender "por qué no es posible entenderse": "La pesca en el Reino Unido son 6.000 barcos que emplean a 12.000 personas. Esta es la magnitud del problema", ha declarado. Considera, no obstante, "un gesto hacia la galería" el hecho de que la Marina británica haya anunciado que destinará cuatro naves a patrullar las aguas territoriales para frenar posibles incursiones de pescadores comunitarios a partir del 31 de diciembre.

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