Un juez de La Línea impone a Verdemar una fianza de 10.000 euros para ejercer la acusación contra los rellenos de Gibraltar en aguas protegidas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea de la Concepción exige una fianza de 10.000 euros a Verdemar Ecologistas en Acción para que pueda continuar personada en la causa penal abierta por los rellenos realizados por Gibraltar en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un enclave protegido por la Red Natura 2000.

La medida, acordada por el titular del juzgado el 4 de junio, supone un duro golpe para la continuidad del colectivo ecologista en el procedimiento. Verdemar ha expresado que, si bien comprende que el juez actúa conforme a la ley, el importe es “inasumible” para una organización sin ánimo de lucro, que no recibe subvenciones públicas y que se financia exclusivamente mediante aportaciones de socios.

Según ha confirmado el grupo ecologista a este Europa Sur, estudia la posibilidad de recurrir la resolución o, alternativamente, lanzar una campaña de recogida de donaciones para reunir los fondos necesarios. “Estamos planteándonos otros escenarios para poder defender nuestro patrimonio ante estos ataques”, señalan desde Verdemar.

La decisión del juez, formalizada en una providencia a la que ha tenido acceso esta redacción, responde al artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que obliga a quienes ejercen la acción popular a presentar una querella y prestar una fianza que garantice posibles responsabilidades económicas si el proceso resulta desfavorable.

Rellenos en aguas protegidas para un megaproyecto urbanístico

La causa se remonta a una denuncia presentada por Verdemar ante la Fiscalía de Medio Ambiente, tras detectar movimientos de tierra y vertidos de escollera procedentes de la cantera de Casares (Málaga) hacia el litoral este de Gibraltar. Estos trabajos forman parte del Eastside Project, una ambiciosa operación inmobiliaria impulsada por el Gobierno gibraltareño y adjudicada al grupo TNG Global Foundation, con sede en Vietnam. El proyecto prevé levantar un hotel de lujo, residencias, zonas comerciales y un puerto deportivo sobre el mar.

La Fiscalía de Área de Algeciras asumió el caso tras recibir la denuncia y, a comienzos de mayo, trasladó al juzgado un escrito en el que considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia se sustenta, entre otros elementos, en un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que advierte del “grave impacto ecológico” de los rellenos sobre un entorno marino de alto valor ambiental.

El informe del Seprona indica que los materiales depositados en la costa este del Peñón alteran las condiciones físico-químicas del agua, afectan a especies protegidas y destruyen hábitats marinos esenciales para el equilibrio ecológico del Estrecho de Gibraltar. Este entorno está reconocido como Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000, la mayor red de espacios protegidos de Europa.

El requisito de la fianza: legal, pero disuasorio

El artículo 270 de la LECrim permite a cualquier ciudadano o entidad personarse como acusación popular en un procedimiento penal, incluso sin haber sido víctima directa del delito. Sin embargo, también faculta al juez para exigir una fianza con el objetivo de cubrir las costas del proceso y eventuales indemnizaciones si la querella no prospera. La cuantía, como en este caso, queda a criterio del juzgado.

Para colectivos ecologistas como Verdemar, este tipo de exigencias suponen una barrera económica difícil de superar. “Nos obliga a plantearnos si podemos seguir ejerciendo una labor que, paradójicamente, ha sido considerada suficientemente seria como para que la Fiscalía actúe”, lamentan.

El movimiento ecologista ha denunciado en múltiples ocasiones que las trabas judiciales y económicas dificultan la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente, a pesar de estar reconocida por la legislación europea y nacional como un derecho fundamental.

Próximos pasos

La organización estudia interponer un recurso contra la providencia del juez, al considerar que la cuantía de la fianza es desproporcionada respecto a su capacidad económica. Como alternativa, no descartan abrir una ronda de recaudación de fondos para sostener su personación y continuar ejerciendo presión sobre lo que consideran un ataque grave al litoral y a la biodiversidad del Estrecho.