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La asociación profesional Jucil, la más representativa de la Guardia Civil, ha lanzado este miércoles un mensaje claro en la provincia de Cádiz: “sin medios, sin personal y sin reconocimiento, no se puede garantizar la seguridad ciudadana como los gaditanos merecen”. La organización presenta así sus principales reivindicaciones de cara a las próximas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, el órgano que vela por los intereses profesionales de los agentes y el buen funcionamiento del Instituto Armado.
Entre sus exigencias, destacan la equiparación salarial con las policías autonómicas, la implantación del turno 6x6, un régimen de jubilación igualitario, el reconocimiento como profesión de riesgo y la dotación de más medios humanos y materiales frente al auge de la delincuencia y del crimen organizado.
El secretario provincial de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, advierte de que los agentes se enfrentan a “un territorio muy extenso, con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas”, donde deben hacer frente a desafíos como la inmigración irregular, el narcotráfico o las redes criminales. “Nuestras reivindicaciones —añade— tienen el firme propósito de reforzar y empoderar a los guardias civiles de Cádiz para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen. Para ello, es crucial una acción inmediata”.
Domínguez insiste en que el Gobierno debe declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, una medida que permitiría dotar a la zona de recursos extraordinarios y estables para afrontar lo que Jucil considera “un problema de seguridad y también socioeconómico excepcional”.
Junto a ello, la asociación reclama la restitución inmediata del OCON Sur, la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico que fue desmantelada en 2023, o bien la creación de una estructura similar “con plena capacidad operativa para combatir frontalmente al crimen organizado”.
Además de estas medidas urgentes, Jucil considera “prioritario” un aumento de personal en la Comandancia de Cádiz, acompañado de una reestructuración de unidades que optimice los recursos y mejore la eficiencia del servicio.
La asociación pide también la implantación de turnos regulares que favorezcan la conciliación y el descanso, así como una remuneración justa para los coordinadores de servicios, con una planificación que no penalice la vida personal de los agentes.
En materia de seguridad, Jucil exige la eliminación de los servicios conjuntos que obligan a los guardias a desplazarse solos para recoger a otro compañero, una práctica que califican de “ineficaz y arriesgada”.
También reclaman material especializado para el Servicio Marítimo, incluyendo chalecos con flotabilidad y calzado adecuado, además de pistolas Taser para los puestos de la sierra, donde los agentes operan sin apoyo cercano.
A ello se suma la incorporación de drones en los principales puestos para mejorar la respuesta e investigación, y una revisión de la adjudicación de pabellones oficiales, para garantizar un uso conforme a la normativa.
Domínguez subraya que la equiparación salarial con las policías autonómicas es “una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”.
Según Jucil, un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso y 12.000 euros menos que un ertzaina, pese a desempeñar las mismas funciones. “Tampoco es justo —añade— que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, y además con pérdida de poder adquisitivo”.
La asociación reclama también un mayor respaldo institucional y jurídico ante las agresiones y el desgaste de la autoridad policial. “El principio de autoridad está en franco retroceso —afirma Domínguez—. Algo va mal cuando una asociación profesional defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus propios superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional”.
Con más de 14.000 miembros, Jucil es la asociación profesional más numerosa de la Guardia Civil. Su labor se centra en la defensa de los derechos laborales de los agentes, la mejora de sus condiciones profesionales y la dotación eficaz de medios y recursos que garanticen el cumplimiento de las competencias asignadas al cuerpo.
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