La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista concedida a EFE, propone crear un grupo de trabajo con Marruecos para conseguir una mayor colaboración en el control de la salida del hachís con destino a las costas españolas, principalmente a través de Algeciras, si bien -explica- la presión policial y judicial en el Campo de Gibraltar ha provocado que las mafias se desvíen a otros puntos como Huelva, o por el Guadalquivir e, incluso, por el Delta del Ebro.

Morán pone el foco en la "banalización" de los efectos de una droga, el cannabis, de la que España se ha convertido en el principal productor de la Unión Europea. "Es un negocio y está muy vinculado a la delincuencia organizada y se están instalando aquí bandas internacionales para la producción del cannabis con vuelcos, con una violencia importante y con tenencia de armas", ha expuesto, al apuntar que se ha identificado que detrás de esos cultivos hay bandas internacionales de ciudadanos chinos, albaneses y de otros países.

"Ya no se trata de una producción nacional, sino que los que vienen a producir aquí son bandas internacionales de delincuencia organizada, que lo que buscan es beneficiarse económicamente de una sustancia que en la creencia general parece que no sea tan perjudicial", ha lamentado la fiscal jefa Antidroga.

La fiscal jefe pone el foco en la necesidad de adaptar un proceso penal "lento" e "ineficaz" y de estructurar la organización judicial "para responder" a esa tipo de delincuencia. Porque, en su opinión, "el sistema no está preparado para responder ágilmente a la delincuencia organizada" al encontrarnos a veces con grandes organizaciones internacionales investigadas en pequeños juzgados de localidades costeras, sin los medios suficientes, en lugar de centralizarse en la Audiencia Nacional. Y cuando llegan a la Audiencia, que tiene competencia para investigar a grupos criminales que hayan operado en varias provincias, los casos se alargan en el tiempo en un tribunal desbordado de procedimientos.

Aunque considera que la corrupción de mandos policiales u otros responsables, como los estibadores, no está extendida, cree que hay que "estar muy vigilante" porque es "muy fácil corromper", al tiempo que destaca el trabajo de los investigadores que "trabajan para evitar que eso se extienda".

La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán.

Relaciones con Marruecos

Respecto a sus relaciones con Marruecos, principal productor del cannabis que se introduce en España, Morán, que antes de llegar a Antidroga ejercía como fiscal de Sala de Cooperación Internacional, ha asegurado que son buenas y que de hecho está dirigiendo un "hermanamiento" entre la Fiscalía General del Estado y la marroquí.

No obstante, ha considerado que esa relación "es mejorable en la parte de investigación", y ha desvelado que Marruecos tiene una regulación "muy importante de la producción del cannabis" y cuenta incluso con una agencia nacional en esta materia. "Lo que pretenden es una exportación regulada de lo permitido", ha observado.

El riesgo de legalizar el uso recreativo del cannabis

Rosa Ana Morán está en contra de legalizar el uso recreativo del cannabis porque -según explica en la entrevista- la experiencia demuestra que con ello aumenta el consumo y se banaliza el riesgo de una droga cada vez más dañina debido a las altas concentraciones de su principal componente psicoactivo, el THC, a través de la manipulación genética.

"Pensar que alguien pueda estar fumando cannabis con una concentración del 20% de THC y que sea un chico de 14, 15 o 16 años, me parece muy preocupante para la salud pública y para la salud de esas personas", respecto a las que ha aumentado, sobre todo en los jóvenes, las intervenciones psiquiátricas, ha observado. Ante esta circunstancia, la Fiscalía Antidroga ha planteado en su memoria anual si no cabría estudiar "si esta sustancia, que está como calificada que no causa grave daño a la salud, en las concentraciones en que se está produciendo, sí lo causa".

Rosa Ana Morán, que ha cumplido ya un año al frente de la Fiscalía Antidroga, tiene clara cuál es la receta: modificar la ley para que sean los fiscales quienes investiguen y los jueces se dediquen a controlar que el procedimiento cumple con todas las garantías, y que las causas más graves sean investigadas en la Audiencia Nacional.