En el cargo desde mayo de 2022, Morán dirige a los fiscales Antidroga de la Audiencia Nacional y a los 28 repartidos por toda España. Defiende que el ministerio público tenga las competencias de las investigaciones y admite que la falta de medios de la Justicia hace en gran parte estériles los esfuerzos policiales contra el narco.

-Una pregunta clásica cuando se entrevista a jueces y fiscales, a sabiendas de la respuesta. ¿Hacen falta más medios en la justicia española?

-Hace ocho meses que estoy en la Fiscalía Antidroga y he detectado que hacen falta más fiscales en la Audiencia Nacional y parece que se van a crear nuevas plazas. Si se mira el número de sumarios, no ha crecido mucho, lo que sí aumenta es la complejidad de las causas y la cantidad de dictámenes que hay que tramitar porque los abogados de los implicados presentan alegaciones, recursos, peticiones... Y a todo ello hay que dar respuesta. Además, aunque los fiscales no instruyamos, cada actuación va precedida de un dictamen de la Fiscalía que sirve de impulso para las investigaciones.

-La carga de trabajo es especialmente intensa para los fiscales Antidroga.

-Entre los 28 fiscales delegados Antidroga hay muchos que están agotados por la enorme carga de trabajo que soportan. Es el caso de los del Campo de Gibraltar. No vale para nada reforzar la seguridad, hacer operaciones policiales e incautaciones de droga si eso no se traduce luego en unos juicios y en unas condenas.

-Hay un cuello de botella.

-Así es. Hay operaciones que salen en la prensa, con la incautación de tantas toneladas de droga, que luego tardan seis años en enjuiciarse o que ni tan siquiera se enjuician. Buena parte de ello es consecuencia de una táctica procesal, permitida, que consiste en ir alargando los procedimientos para evitar un enjuiciamiento. Con eso se persigue lograr beneficios por las dilaciones indebidas, que, en algunos casos y si nos detenemos a analizarlas, no son tan indebidas porque no han sido provocadas por la Administración, sino por las defensas.

“Hay que plantear un nuevo tipo delictivo en relación en relación a la posesión y transporte de gasolina y también con el tema de los correos encriptados”

-Una de las operaciones antidroga más llamativas es la Dismantle, con 157 encausados. Algunos de ellos llevan más de dos años en prisión provisional, pero no hay una sala suficientemente grande donde celebrar la vista. ¿La Junta de Andalucía ha dado algún tipo de respuesta?

-No soy quien lleva ese tema porque no me corresponde, pero estoy enterada. Alguna solución ha dado, lo que pasa es que la Audiencia de Cádiz no considera que sea la más adecuada. Su idea es celebrar el juicio en Algeciras y la propuesta de trasladarlo a otro lugar no cuadra.

Rosa Ana Morán, durante la entrevista.

-A Málaga, donde ya se han celebrado juicios de macrocausas y hay una sala habilitada.

-No es lo más adecuado ese traslado, a hora y media o dos horas de Algeciras... Espero que se encuentre alguna solución. En la Audiencia Nacional hubo que construir una sala de vistas en una nave adaptada en un polígono, en Madrid.

-¿En el Campo de Gibraltar hacen falta más fiscales Antidroga? Ahora hay una fiscal delegada y otros dos fiscales, pero que también entienden de otras causas.

-Creo que sí, por la cantidad de asuntos que llevan y de escritos que atienden.

-¿Hay posibilidades de reforzarlos?

-Yo apoyo la petición, está claro. Hacen falta más fiscales y más jueces.

“Los programas de mensajes encriptados que usa el narco nos están desbordando”

-Esa decisión corresponde al Gobierno.

-La propuesta es de la Fiscalía General, pero desde una perspectiva posibilista, repartiendo la escasez de la mejor forma posible: si el ministerio decide crear 80 plazas, debe hacer una distribución equilibrada de las mismas, aunque necesitemos 120.

-¿Ha notado algún tipo de repercusión en la lucha contra el narcotráfico a raíz de la disolución del OCON de la Guardia Civil? ¿Se echa en falta coordinación al desaparecer un mando único?

-A ver, es algo pronto para valorarlo. Lo que me ha trasladado el secretario de Estado de Seguridad es que no se ha disminuido el número de efectivos, sino que simplemente hay una nueva organización, donde cada miembro de ese dispositivo está en su sitio, dependiendo de sus respectivas comandancias.

“Las redes criminales mueven cantidades de dinero enormes y su capacidad de corrupción es muy grande. No todos los funcionarios son héroes o santos”

-A pesar los refuerzos en materia de seguridad, las organizaciones de narcotraficantes siguen teniendo más medios, humanos y materiales que las fuerzas de seguridad y van por delante de estas.

-Van por delante en medios y estrategias. A la hora de combatir estas organizaciones hay un efecto de acción-reacción. El planteamiento del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar es muy bueno, pero no ha estado acompañado de un plan especial para los juzgados y las fiscalías. Creo que la lucha contra la droga necesita de una mejor coordinación por parte de todos los actores de la cadena, incluida la Oficina para la Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) derivados del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Hacer un plan solo de seguridad no garantiza el éxito: se han producido muchas operaciones policiales, pero hay juzgados colapsados.

-¿La legislación está adaptada a la realidad del narcotráfico? ¿Habría que crear nuevos tipos delictivos?

-Sí, la fiscal delegada de Andalucía ha hecho una propuesta para que se penalice el transporte y posesión de gasolina destinada a suministrar a las lanchas de los narcotraficantes.

Rosa Ana Morán, en los jardines del hotel Reina Cristina de Algeciras.

-Ahora eso supone una falta administrativa y pasaría a ser un delito.

-Efectivamente, pero siempre vamos detrás. Hay que plantear un nuevo tipo delictivo en relación a ese tema y también con el de los correos encriptados. En Francia, la creación de esos sistemas de correos es delito siempre y cuando estén destinados a fines ilegales. En España debemos plantearnos esta cuestión porque hemos descubierto que hay sistemas, como Encrochat, Sky ECC y Anom, que son nuevas formas que las redes de narcotraficantes utilizan para comunicarse. Necesitamos acceder a esos sistemas, impedir que los utilicen y también que se creen otros nuevos porque sabemos que los tienen y que los están utilizando. Así lo vamos a reflejar en la Memoria de la Fiscalía de 2022.

-¿En concreto, qué actividades deberían perseguirse penalmente con esa reforma?

-La creación de este tipo de sistemas encriptados de comunicación, salvo que estén autorizados. Habrá que ver quién hace esos programas y con qué fines, pero es un tema que nos ha desbordado, nos está desbordando.

"No se trata de dar más protagonismo a los fiscales en detrimento de los jueces, sino de crear un sistema que dé respuesta a los casos desde la especialización"

-¿Está resuelta la validación de la interceptación de comunicaciones con la autorización de jueces de otros países? Le pongo el caso de Anom o Encrochat, cuyas interceptaciones han sido puestas en duda por las defensas de muchas de las personas que han sido detenidas en España.

-Una de las cuestiones que más trabajo nos está dando son los recursos de las defensas a ese respecto, en los que se plantea la falta de validez de la incautación de información transmitida a través de sistemas encriptados. El primero que se descubrió fue Encrochat. Pese a lo que dicen las redes sociales e, incluso, algunos periódicos, de que las interceptaciones policiales que se realizaron fueron tumbadas, Francia ha validado el sistema empleado por la Gendarmería francesa para entrar en Encrochat. Lo único que ocurre es que hay una sentencia de casación que da la razón de forma parcial a una defensa por falta de motivación de una respuesta, pero la interceptación de las comunicaciones está validada. Cuando hablamos de una prueba que ha sido obtenida en Francia con todos los requisitos de validez, en España y en el conjunto de la UE, tradicionalmente se ha considerado que esa prueba es válida. Con matices en algunos casos, hay juridisprudencia abundante a ese respecto y sentencias que incluso hablan de la libre circulación de pruebas. Otra situación se daría si las pruebas, en vez de en Francia, hubiesen sido obtenidas en un país donde las garantías procesales fuesen diferentes.

-¿Y en el caso de Anom? Esas interceptaciones, autorizadas por un juez de EEUU, permitieron la desarticulación de grupos criminales en medio mundo. En el caso del Campo de Gibraltar, ese sistema encriptado concebido por el FBI para conocer las actividades de las mafias, permitió la detención en la operación Jumita de 28 personas en el Campo de Gibraltar.

-En el caso de Anom tenemos un auto de la Audiencia Nacional, de 2022 y relacionada con una extradición de un ciudadano británico vinculado a la distribución de ese sistema encriptado, que valida el sistema utilizado por EEUU para la obtención de la información. Se considera que es válido y que no fue un delito provocado.

"En muchas ocasiones nos encontramos con que es absurdo el reparto de competencias existentes"

-En el caso de la Jumita, el FBI detectó un millar de teléfonos móviles encriptados y vinculados a la red solo en el Campo de Gibraltar. Entre los detenidos figuraba un miembro de Aduanas y un veterinario del Puesto del Puesto de Inspección Fronteriza. Entiendo que le preocupa la implicación de funcionarios en hechos como esos y, en particular, cuando pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

-Me preocupa muchísimo, muchísimo. Las redes criminales mueven cantidades de dinero enormes y su capacidad de corrupción es muy grande. No todos los funcionarios son héroes o santos. Yo tengo la máxima confianza en ellos y el 99,99% de los efectivos policiales y de otros cuerpos son honestos, pero… aparece el dinero. Me preocupa la corrupción y hacerle frente es una prioridad, no solo mía, sino de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de sus departamentos de asuntos internos.

Nuevo reparto de papeles

-¿No sería conveniente que algunas de las macrocausas que se instruyen en juzgados de instrucción o mixtos, como es el caso de los de La Línea o San Roque, fuesen instruidos por la Audiencia Nacional (AN) dada su extraordinaria complejidad?

-Hay que replantarse los criterios que determinan las competencias de la AN. Por ejemplo, podríamos asumir casos que afectan a varias provincias, no solo cuando hay terceros países. En muchas ocasiones nos encontramos con que es absurdo el reparto de competencias existentes. No es una solo idea mía, ya lo dijo el anterior fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga. De todas formas, la AN no es la solución para todo, tiene seis jueces de instrucción y también se colapsa. La solución en otros países pasa por la especialización. La investigación no tiene por qué estar en manos de un juez territorial, ese es un modelo muy antiguo. El problema se solucionaría con otra forma de investigación, el actual modelo no podemos mantenerlo. Lo siento, pero lo tengo que decir así porque llevo 35 años trabajando. No solo se trata de los casos de droga, es que no tiene sentido que la investigación sobre el Prestige estuviera en un juzgado de Corcubión. Las investigaciones deben estar en manos de fiscales especializados, que puedan responder creando equipos multidisciplinares.

-¿La solución?

-Pasa por la modificación del sistema de investigación penal en España. No se trata de si los fiscales saben más o saben menos, sino de un problema de organización eficaz para dar respuesta a la delincuencia organizada. No podemos mantener el criterio de competencia territorial como básico para desarrollar una investigación.

"Hay que crear un sistema de organización de la Fiscalía, de nombramiento del fiscal general del Estado y del resto de fiscales que genere confianza en la sociedad"

-¿En esos 35 años de carrera, cuántas veces ha tenido usted la oportunidad de trasladar esa propuesta a ministros, secretarios de Estado, altos cargos..?

-Algunas veces… Y muchas más en otros foros. He estado once años en una secretaría técnica, también he trabajado en cooperación internacional y por eso hablo con conocimiento de causa. Los creadores del sistema de instrucción son los franceses y en Francia, hoy en día, más del 90% de las instrucciones recaen en los fiscales, sin prescindir ni mucho menos de los jueces. Nosotros tenemos aún un sistema que el país que lo creó no lo mantiene. Eso requiere una reforma de la Fiscalía.

-Y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-Son dos procesos que deben ir juntos. No se trata de dar más protagonismo a los fiscales en detrimento de los jueces, sino de crear un sistema que dé respuesta a los casos desde la especialización, no al territorio. Cualquier sospecha de falta de imparcialidad que tenga el fiscal debe venir con una reforma que, además de eficaz, sea creíble. Los fiscales somos más autónomos de lo que se vende, pero debemos parecerlo también. Hay que crear un sistema de organización de la Fiscalía, de nombramiento del fiscal general del Estado y del resto de fiscales que genere confianza en la sociedad para poder hacer ese cambio en los procesos de instrucción.

Blanqueo de capitales

-En los últimos años se ha prestado desde la Justicia especial atención a la persecución del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es un factor clave para combatir las redes criminales.

-En el conjunto de la UE se viene trabajando en el estrangulamiento económico de las redes criminales y eso se lleva a cabo por dos vías: la primera es la recuperación de activos, que no siempre están vinculados al blanqueo de capitales, con la investigación patrimonial y explorando todas las posibilidades que la ley permite para un decomiso; la segunda es perseguir el blanqueo: no solo hay que recuperar lo que han obtenido, sino descubrir y acabar con la estructura financiera de la que se han servido las redes criminales para blanquear el dinero.

-En ese ámbito, la colaboración con terceros países es clave. Entiendo que con los de la UE y otros del ámbito europeo, como Suiza o Liechtenstein, hay una relación fluida.

-Se ha mejorado mucho la colaboración con todos ellos, con Andorra también. Son países con los que se colabora muy bien.

Rosa Ana Morán, durante la entrevista.

-No es el caso de Gibraltar, por lo que se oye a los jueces y fiscales.

-Gibraltar es… La colaboración con Gibraltar debería ser más ágil. Lo digo desde mi experiencia previa en el ámbito de la cooperación internacional en el ámbito judicial. Necesitaríamos mejorar, sí.

-El Brexit tampoco ha ayudado a que esa colaboración sea mejor.

-Creo que todavía no hemos captado tanto el Brexit. A ver, los mecanismos de cooperación internacional con Reino Unido no son los mismos que antes, pero se mantiene cierta relación privilegiada. En el caso de Gibraltar, por las estructuras, por todas las implicaciones que tiene, la colaboración no es ni lo buena ni lo ágil que debiera.

-¿Y con Marruecos?

-Con Marruecos estamos trabajando muy bien. Yo dirijo un proyecto de la UE, un hermanamiento dirigido a mejorar la fiscalía marroquí. Marruecos ha hecho un gran trabajo para crear una fiscalía autónoma, que es la que investiga. En cierto sentido es más autónoma que la nuestra, ya que, al contrario de lo que sucede en España, tiene un presupuesto propio. Tengo intención de hacer con Marruecos un grupo de trabajo sobre narcotráfico, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, para trabajar en ese ámbito. Marruecos está en buena disposición y ya trabaja en un grupo con España, Francia y Bélgica en materia antiterrorista. Lo mismo tenemos que hacer en materia de drogas; yo había pensado en un programa bilateral, pero las fiscalías francesa y belga me han trasladado su deseo de trabajar de forma conjunta en el ámbito del narcotráfico.

"Hay un gran relato, especialmente en relación con la marihuana, en torno a que tiene beneficios para la salud y a que no todo sea represión"

-¿Y Emiratos Árabes? Dubai parece la Meca de los grandes jefes del narcotráfico.

-Ahora parece la Meca de las cúpulas de las organizaciones criminales, sí. La Policía Nacional está haciendo los primeros contactos con ese país y hay que seguir en ese camino, tanto por parte de España como por el conjunto de la UE. Juntos se hace mayor fuerza.

-La marihuana...

-¡Uf!

-A la Guardia Civil y la Policía Nacional casi que le preocupa ya más su expansión que el de otras drogas.

-Miembros de los dos cuerpos también nos lo han expresado así, sin restar importancia a otras drogas. Me preocupa mucho: aparece escondida en grandes importaciones de cáñamo, que dicen que es para explotación industrial y no es cierto. Y luego hay algunas ideas como que el CDB es la panacea ante todos los males, sobre su uso medicinal o, incluso, cosmético… Esas excusas de que su THC no llega al 0,2% no son válidas, no es cierto porque en la mayoría de las incautaciones que se practican se demuestra que no es verdad, que ese porcentaje es muy superior.

-Son plantas modificadas genéticamente.

-Sí, y además es muy fácil. Me preocupa enormemente porque España es el primer productor de la UE de marihuana y el tercer país a nivel mundial. Y eso se agrava porque hay todo un gran relato promovido por organizaciones supranacionales, especialmente en relación con la marihuana, pero también con otras sustancias, en torno a que tiene beneficios para la salud y a que no todo sea represión. Hay páginas en internet dedicadas a difundir esos mensaje, lo mismo que en las redes sociales. La marihuana causa muchos perjuicios a la sociedad y me preocupa que se propaguen esas ideas, incluso en medios de comunicación de los considerados serios.

-¿Las drogas sintéticas se producen en España o se importan?

-Hay de todo. Es preocupante porque llegan de forma muy fácil a los más jóvenes y afectan de forma notable a su salud.