Si tienen unos pocos minutos y les interesa conocer mínimamente algunas de las claves de la situación de la justicia en España, léanse la entrevista que Europa Sur publica hoy mismo con Rosa Ana Morán, fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga. Casi seguro que la cara de la protagonista no les suena porque no la habrán visto jamás en una tertulia televisiva ni en otros foros similares de pimpampum, espacios donde los periodistas, por cierto, presumimos tantas veces de lo que carecemos, ya sea de economistas, de politólogos o de juristas. Todo sea por darle la razón a un  erudito como Montanelli, cuando dijo aquello de que quienes nos dedicamos a este oficio “somos un oceáno de conocimientos… de un centímetro de profundidad”. Por eso conviene atender a las reflexiones de Morán en torno a los (escasos) medios con que cuentan los fiscales, el agotamiento físico y mental de buena parte de sus colegas tras una montaña de horas de trabajo a destajo, el colapso que sufren muchos juzgados o la cuestionada independencia de los fiscales, un pecado original del Legislador.

A lo largo de su carrera profesional, Morán ha pasado por diversos destinos y conoce al dedillo el mundo en el que se mueve. Tiene la gallardía de señalar con abierta sinceridad los boquetes que sirven de vía de escape para los delincuentes y que, al tiempo, hacen que se cuestione la eficacia de un pilar de la democracia como nuestro sistema legal. De qué sirve, pongamos por caso, que la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas destinen a sus mejores profesionales al Campo de Gibraltar y a otros puntos calientes del narco si los juzgados son desde hace años un cuello de botella y los juicios contra las grandes redes del tráfico de drogas hacen cola porque no hay una sala donde celebrar las vistas... Increíble. Como poner un Ferrari en pista para que se nos pare por falta de gasolina en la penúltima vuelta de la carrera.

Morán aborda también la necesidad de dar más peso a los fiscales en los procesos de investigación, de tal forma que sean ellos quienes ejerzan esa labor y los jueces instruyan las causas como garantes de los procedimientos. Así ocurre en muchos otros países con democracias avanzadas, si bien la fiscal jefa Antidroga admite que, como paso previo y para garantizar de forma indiscutible ese nuevo rol de la Fiscalía, debería modificarse también la cadena de mando. Tan claro como el agua. Y eso empieza por el sistema de elección del fiscal general del Estado: no solo hay que ser independientes del poder Ejecutivo, sino también parecerlo, para evitar la tentación de que el gobierno de turno emplee al ministerio público como un títere. El artículo 124. 4 de la Constitución indica que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”, pero nada impide, por ejemplo, que esa “propuesta” tenga su origen en una votación, bien por mayoría absoluta o cualificada, emanada del Congreso de los Diputados.

No escapan de las reflexiones de la fiscal jefa la demanda de una modificación normativa que convierta en delito el transporte y posesión del combustible destinado a las lanchas planeadoras de los narcos, una petición ésta realizada desde múltiples sectores e incomprensiblemente desatendida por el Gobierno y el Legislador. ¿Habrá que esperar a una desgracia para que se atienda, a que una furgoneta cargada de petacas de gasolina estalle en plena calle? Tampoco parece estar en la agenda de los ministerios de Justicia o Interior la penalización de los sistemas encriptados de comunicación con fines delictivos.

Cuando voces tan autorizadas como la de Morán claman en el desierto, hay demasiados factores que nos llevan a pensar que priman intereses ajenos a la Justicia, estéril cuando no toma la espada.