Los juzgados del Campo de Gibraltar tramitan siete macrocausas contra las redes del narcotráfico que operan en ambas orillas del Estrecho. En esas diligencias figuran alrededor de 330 personas investigadas o ya acusadas formalmente, desde los grandes jefes de dichas organizaciones criminales hasta el último gayumbero, pasando por los responsables de lavar el dinero conseguido a través de la compra de inmuebles o de empresas pantalla, algunas de ellas radicadas en Gibraltar o Dubai. 

Esos procesos judiciales y otros muchos con menor número de encausados son el resultado de años de investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. La activación en agosto de 2018 del Plan Especial de Seguridad a iniciativa del ministro Grande-Marlaska supuso el reconocimiento por parte de las autoridades de que la lucha contra el tráfico de drogas necesitaba de más y de mejores recursos. El Plan Carteia y la activación en paralelo del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur de la Guardia Civil fueron dos de los principales exponentes de una apuesta que ahora afronta dos grandes interrogantes.

La primera de ellas es la disolución del OCON Sur a causa de una "reestructuración" del servicio no muy bien explicada por parte de Interior y en contra de la cual se han pronunciado los colectivos antidroga del Campo de Gibraltar. Los brillantes resultados logrados en los últimos cinco años por ese grupo de élite -formado por un centenar largo de agentes especializados en narcotráfico, blanqueo de capitales, crimen organizado y corrupción- hablan por sí solos. 

Furgones de la Policía Nacional, ante los juzgados de Algeciras con detenidos en la operación Lupita, en febrero de 2019.

Tanto esos agentes, que hasta ahora venían trabajando en comisión de servicios, como las investigaciones que desarrollan, han pasado ahora a las comandancias de la Guardia Civil, necesitadas de personal para atender diversas funciones. ¿Funcionará el sistema con los cambios? Si bien es cierto que los principales clanes de la droga han sido desmantelados, los responsables del Plan Carteia confiaban en que el dispositivo se mantuviese por tiempo indefinido, al menos hasta que el narcotráfico se viera reducido a su mínima expresión.

Sin sala de juicios

La otra gran interrogante en la lucha contra las redes de la droga tiene que ver con el cuello de botella en materia judicial que se padece en el Campo de Gibraltar. Desde hace años se viene advirtiendo, sin respuestas positivas, de la falta de medios con que cuentan jueces y fiscales, de la necesidad de ampliar el número de juzgados y de la ausencia de incentivos económicos para evitar una fuga de profesionales hacia destinos "menos complicados". A todas ellas se une otra demanda de la que se ha venido advirtiendo en vano a la Junta de Andalucía: dotar a la sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz de una sala donde poder celebrar los juicios de los macroprocesos contra las mafias del narco.

Prolongar a cuatro años la prisión provisional es una anomalía que puede llevar a convertir en norma lo que debiera ser una excepción

De poco sirve que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplan de sobra con los objetivos, que jueces y fiscales trabajen a destajo para sacar adelante los procedimientos si falla el último eslabón de la cadena, cuando llega la hora de juzgar a los acusados. La mayor parte de ellos, conforme a ley y pasados dos años desde su ingreso en prisión provisional sin que se haya celebrado una vista oral en su contra, quedan en libertad, con el riesgo de fuga y de reincidencia en el delito que ello implica. Puede que los jefes sigan en la cárcel hasta cuatro años sin ser juzgados -como ha decidido la Audiencia en el caso de Antonio Tejón el Castaña y de tres de sus cómplices por la operación Dismantle- aunque ese hecho no deja de ser una anomalía del sistema que puede llevar a convertir en norma lo que debiera ser una excepción.

La sala de vistas con la que cuenta la Audiencia gaditana en Algeciras tiene capacidad para solo 19 acusados, insuficiente para acoger juicios con decenas de acusados. Estas son las siete macrocausas existentes en los juzgados del Campo de Gibraltar y su situación.

Operación Dismantle

Con 157 encausados y pendiente solo de juicio, la operación Dismantle representa el mayor proceso llevado hasta ahora contra las redes del narco. Las peticiones de condena por parte de la Fiscalía Antidroga de Algeciras hablan por sí solas: 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas. El ministerio público considera que Antonio Tejón el Castaña mantenía el control sobre una amplia red de tráfico de drogas, distribuida en cuatro provincias, aun estando en prisión por otras causas.

Operación Lupita

Con alrededor de medio centenar de investigados, la instrucción de la operación Lupita está a la espera de calificación de los hechos por parte de la Fiscalía Antidroga. El presunto líder de esta trama es un narco conocido como Emilio el Moro, detenido en Alcobendas en febrero de 2019. Además de en dicha localidad madrileña, la fase operativa con registros y detenciones se desarrolló en Algeciras, Los Barrios y Chiclana de la Frontera.

Guardias civiles, durante un operativo en La Línea de la Concepción contra el clan de los Castaña.

Operación Koala

Iniciada en 2019, la fase de instrucción de diligencias de la operación Koala aún no ha concluido. Constan 23 investigados a estas alturas, muchos de ellos gibraltareños. El principal investigado es el llanito Gareth Mauro, a quien la Guardia Civil considera líder de una red que fabricaba en dos pequeños astilleros de Pontevedra las embarcaciones para transportar el hachís. Acabados los trabajos, las escondía en Villarobledo (Albacete).

Operación Ropero

En fase de instrucción desde 2019, hay una veintena larga de investigados. Denominada operación Ropero por el apodo del principal implicado -Antonio M.M., el Traje- la Guardia Civil se incautó durante sus operaciones de 5.176 kilogramos de hachís y de 9 embarcaciones, así como dos vehículos todoterreno que habían robado para utilizarlos en actividades delictivas.

Operación Lorac

Con la fase de instrucción concluida, en la operación Lorac -también conocida como operación Nimo- constan 25 personas investigadas, pertenecientes todas ellas a una organización liderada por un narco apodado Nimo, supuesto lugarteniente de Abdellah el Haj, el Messi del hachís. Hasta su detención en marzo de 2021, Nimo lideraba una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar. Se está a la espera de que la Fiscalía Antidroga exponga sus conclusiones y formule la acusación.

San Roque, 2020

Con juicio señalado para febrero de 2020, esta causa instruida por un juzgado sanroqueño cuenta con 32 acusados, todos ellos en libertad provisional. Hay sobre la mesa una propuesta de conformidad entre la Fiscalía y las defensas; de frustrarse esta opción, la celebración del juicio dependerá de que se habilite una sala adecuada para ello.

San Roque, 2021

Constan 19 investigados por tráfico de cocaína y hachís en una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, que contó con la colaboración de cuerpos policiales de diversos países. Las autoridades lograron hacerse con más 4.000 kilos de hachís. El principal acusado es Fiky A.