Más de 44.600 atentados contra la autoridad en cinco años en España: el Campo de Gibraltar, en el foco

El Campo de Gibraltar vuelve a situarse en el foco del debate sobre la seguridad de las fuerzas del orden tras conocerse que en España se han contabilizado más de 44.600 infracciones penales por atentado contra la autoridad en los últimos cinco años, una parte significativa de ellas concentradas en Andalucía y, de manera recurrente, en la comarca campogibraltareña.

Según datos del Ministerio del Interior facilitados a la agencia EFE, la mayoría de estos delitos corresponden a agresiones directas contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aunque la cifra se mantiene relativamente estable en el último quinquenio, se aprecia un repunte del 9,6% al pasar de 15.397 infracciones en 2021 a 16.878 en 2024, último año con datos cerrados.

En 2025, a falta de contabilizar el último trimestre, las cifras apuntan a un volumen similar: entre enero y septiembre ya se habían registrado 12.645 delitos de este tipo en toda España. Andalucía encabeza ese año el ranking nacional, con 2.223 atentados hasta septiembre, una realidad que tiene especial reflejo en zonas de alta presión delictiva como el Campo de Gibraltar.

Una comarca especialmente castigada

Fuentes sindicales y asociaciones profesionales subrayan que un “buen número” de estas agresiones se producen en el Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico y el contrabando de tabaco generan frecuentes situaciones de riesgo para los agentes. Uno de los últimos episodios se produjo el pasado 6 de diciembre, cuando varios guardias civiles fueron agredidos por el conductor de un vehículo que alijaba tabaco en el río Palmones, en el término municipal de Los Barrios.

Desde la asociación Jucil advierten de que la Guardia Civil sufre de media cinco ataques diarios en España, una estadística que, aseguran, se intensifica en enclaves especialmente sensibles como esta comarca del sur de Cádiz.

Delitos con penas de prisión

Los atentados contra la autoridad están tipificados en los artículos 550 a 554 del Código Penal. La ley considera reos de este delito a quienes acometan, intimiden gravemente o ejerzan resistencia activa grave contra una autoridad o sus agentes cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Las penas pueden alcanzar hasta cuatro años de prisión, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad y de si el ataque se produce contra una autoridad o contra otros funcionarios públicos.

Reivindicación histórica de los agentes

La reiteración de estos episodios ha reavivado una reivindicación histórica de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles: el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. Esta misma semana, representantes de estos colectivos llevaron la demanda al Parlamento Europeo, donde el Partido Popular se comprometió a impulsar una directiva comunitaria en ese sentido y a estudiar que las agresiones a agentes sean consideradas “eurodelito”.

Ya en noviembre del año pasado, organizaciones como Jucil y Jupol se concentraron ante el Ministerio del Interior para denunciar lo que califican como una “escalada” de violencia contra los agentes, citando casos graves como la agresión a un policía nacional fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa.

Mientras tanto, en el Campo de Gibraltar, los profesionales destinados en la zona continúan reclamando más medios, refuerzos y respaldo institucional para hacer frente a una realidad delictiva que sigue poniendo a prueba su seguridad día tras día.