El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, mostró ayer su decepción por la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar y readmitir a una auxiliar administrativo, María Ángeles G. P., que fue contratada en la empresa municipal GAMA con un sueldo superior a los 73.000 euros anuales brutos. La demandante denunció al Ayuntamiento por cesión ilegal al ser enviada a trabajar a la citada empresa cuando el PA llegó a la alcaldía.

"Este es un claro ejemplo de que el sistema no funciona. Si finalmente es readmitida sería la funcionaria mejor pagada de toda la plantilla municipal, incluido el alcalde, con una responsabilidad de auxiliar administrativo", explicó Romero, quien ve poco viable la reincorporación de la trabajadora dada las actuales circunstancias económicas por las que pasa el Ayuntamiento.

"Estamos estudiando la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a quienes testificaron en favor de esta empleada y a los responsables de que no estuviera en GAMA, empresa para la que fue contratada y se encontrara realizando funciones en el Ayuntamiento de Los Barrios", anunció Romero.

El andalucista considera "lamentable" que se haya llegado a este extremo, y que su principal tarea no es otra que mirar por los 24.000 habitantes del municipio de Los Barrios.

Hay que recordar que la sentencia dictada por el Supremo obliga al Ayuntamiento a readmitir a G. P. en las mismas condiciones laborales y económicas en las que estaba. Esto podría provocar malestar entre la plantilla, que vería con cierto recelo la presencia de una empleada con un sueldo tan alto, el más alto de todos los que están incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por encima del equipo de gobierno, el alcalde, y los habilitados nacionales.

Romero recordó que lo que se ha dirimido en la causa es la cesión ilegal, y que los letrados que representaron la defensa municipal no pudieron alegar en los tribunales superiores algunas circunstancias que no fueron descritas en primera instancia.