La Justicia condena al exalcalde Miguel Manella a siete años de inhabilitación

El exalcalde de Tarifa Miguel Manella (PSOE) ha sido condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público electo al ser considerado por la Justicia como responsable de un delito de prevaricación por no haber reiniciado un expediente de disciplina urbanística que había caducado mientras ejercía como regidor del municipio.

La sentencia, emitida en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 1 de Algeciras y a la que ha tenido acceso Europa Sur, considera probado que Manella incurrió en prevaricación ya que durante los años 2010 y 2011 no reinició un expediente de disciplina urbanística de protección de la legalidad contra un particular. El fallo ya ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz, según confirmó ayer a este periódico el anterior representante público.

Según consta en la sentencia, Manella no reinició un expediente contra una edificación en precario (una chabola) de un particular en el paraje de la Cañada de Matamoros, dentro del parque natural del Estrecho, pese a que el mismo había caducado en abril de 2010.

En la vista, según recoge el texto del fallo, Manella reconoció que no inició un nuevo expediente contra el particular y alegó que actuó así por el estado de salud, avanzada edad y carencia de otra vivienda por parte de los afectados. "Se trató de un acto de conciencia, añadiendo que no quería camuflar con ello una ilegalidad urbanística, sino sólo retrasar el ejercicio de la potestad disciplinaria en materia urbanística dado que dicha potestad no prescribe por el lugar donde se encuentran las obras, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", recoge la magistrada en el fallo como resumen de su intervención.

Su abogado pidió, por tanto, la libre absolución alegando el principio de intervención mínima del Derecho Penal y a la, según su criterio, insignificancia de la actuación enjuiciada además de las razones de necesidad de las personas perjudicadas por el expediente urbanístico.

Frente a esta postura, el Ministerio Fiscal -que llegó a pedir diez años de inhabilitación- formuló la acusación al entender que estaba ante un delito de comisión por omisión. "Todo ello permite afirmar que aún cuando se admitiera que el acusado actuó en la forma en que lo hizo con el fin de ayudar, ello no puede justificar una actuación que se aparte del sometimiento pleno a la Ley, pues tal circunstancia supondría dar carta de naturaleza al ejercicio arbitrario del poder. En efecto, el delito de que se trata protege el correcto ejercicio del poder público que en un Estado de Derecho no puede utilizarse de forma arbitraria, ni siquiera bajo el pretexto de obtener un fin de interés público o beneficioso para los ciudadanos o para algún ciudadano en particular. Por el contrario, debe ejercerse siempre de conformidad con lo que disponen las leyes que regulan la forma en que deben adoptarse las decisiones", reza el punto primero de los fundamentos de derecho de la sentencia.

Para la juez, Manella no inició "como era su obligación" el expediente para reponer la legalidad en dicha materia, con lo que incumplió, según la magistrada, la función de garante del ordenamiento jurídico que le correspondía como servidor público, siendo él el único competente para hacerlo.

Manella manifestó en declaraciones a este periódico no querer hacer valoraciones alegando que el caso ha sido recurrido, si bien sostuvo que considera que la actuación no era incorrecta dada su trascendencia hacia los perjudicados.

El exalcalde tiene pendiente otras causas judiciales de su etapa como regidor local, la más importante la del llamado Caso Santa Catalina, que investiga la concesión de una licencia de apertura a un negocio en las inmediaciones del recinto. En este caso, la imputación es también por supuesta prevaricación y se encuentra a la espera de juicio.