Junta y Diputación garantizan la atención a menores en riesgo

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó ayer que la Junta de Andalucía seguirá prestando la atención necesaria a 2.400 menores de la provincia de Cádiz en situación de riesgo o desprotección, a través del Programa de Tratamiento a Familias. Así lo manifestó tras la firma del correspondiente convenio con la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García y los representantes de los 15 municipios de más de 20.000 habitantes (Cádiz, Jerez, Algeciras, Arcos, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, La Línea, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda).

El acuerdo forma parte de los 90 convenios que suscribirá la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, junto con las ocho diputaciones provinciales, por un importe de más de 18 millones de euros.

La consejera señaló que estos convenios, que ya han comenzado a firmarse en las distintas provincias, aportan como novedad la garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local. Para ejecutar el programa, la provincia cuenta con un presupuesto de algo más de cuatro millones de euros de los que 2,7 son aportados por la Junta y 1,3 por los municipios y la Diputación Provincial.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía subrayó la importancia de este programa de acción social directa sobre un colectivo tan vulnerable como el de los menores y, por ende, sus familias, a través del cual se proporciona a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador para facilitar la adquisición de pautas rehabilitadoras.

Asimismo, indicó que el programa tiene unos objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo para evitar la separación de los menores del seno familiar, siempre velando por el interés del menor.

La Consejería que preside Sánchez pretende ofrecer los recursos necesarios para capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; y lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.