Gonzalo Fernández Jordá llegó a la Fiscalía de Algeciras en 2007. En 2011, el fiscal jefe Juan Cisneros creo -por primera vez en España- la sección de Violencia sobre la Mujer de una Fiscalía de Área y lo nombró su director. Ahora el puesto ha cambiado de nomenclatura (fiscal de enlace) pero él sigue al frente. Pocas personas más cualificadas que él para analizar la situación de la lucha por erradicar la violencia de género desde la justicia. En la comarca, afirma, todavía queda mucho por mejorar.

-¿Qué ha cambiado desde entonces?

-Hay mucha más concienciación. La reforma de 2004 supuso sensibilizar acerca de la violencia sobre la mujer y que nos pudiéramos enfrentar en común después de que la sociedad tomara conciencia de que no es un problema que afecte solo al ámbito privado, a las parejas, a las familias, sino que atañe al mundo judicial, al sanitario, al educativo. Requiere una reacción de corresponsabilidad de distintos sectores de la sociedad, desde el ciudadano de a pie hasta las distintas instituciones que, a su vez, están formadas por ciudadanos".

-Se nota entonces una mejoría.

-En el reproche general a la violencia sí, pero en el número de delitos y en los comportamientos desgraciadamente no. Han habido oscilaciones, pero seguimos con una constante en toda España, aunque no es un problema solo nuestro. Esto quizás la gente no lo sabe, pero estamos mucho mejor que en otros países de nuestro entorno. Nuestras cifras no son tan graves como las de Francia o Alemania, por no hablar de la Europa del Este, Rusia, Hungría, Polonia, donde los datos son bastante más alarmantes. Se producen cientos de asesinatos de mujeres y en ese sentido no estamos tan mal.

-¿Y en el Campo de Gibraltar?

-En octubre de 2020 entró en vigor la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que solo se ha producido en dos comarcas en España, la de Villarreal y la de aquí. Yo inicialmente no era muy partidario, aunque sí me parecía bien que se tendiera a dar una atención especializada a las víctimas que los Juzgados de La Línea y de San Roque no daban al no ser específicos.

-¿Y, entonces, por qué hay tantas quejas?

-La cuestión es que esa decisión debía llevar emparejadas una serie de medidas colaterales y anexas que permitieran acercar a las víctimas al ámbito judicial, que era el espíritu de la Ley de 2004. En el momento en el que el Juzgado de Violencia está a cuarenta minutos, o incluso más si nos vamos a Jimena o Castellar, del lugar en el que se encuentra la víctima, es necesario suavizar esa situación con protocolos de traslados o con videoconferencias, cosa que no se ha hecho, al menos en la forma en que era necesario.

-¿Qué ha supuesto?

-Una incomodidad alarmante de las víctimas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no pueden ocuparse de trasladar testigos y otras personas vinculadas a los procedimientos para actuaciones como declarar o practicar pruebas en la sede judicial. A eso le añadimos que no hay un juez de refuerzo. Hay que cubrir el trabajo que antes hacían tres jueces en el día a día. Aunque haya un número importante de funcionarios y la jueza sea brillante, que se está partiendo el lomo, los números no salen en cuanto a proporción. Bueno, sí salen, pero a costa de que los funcionarios y la jueza realicen jornadas maratonianas, en perjuicio de las propias víctimas, y que al final nos afecte a todos los que estamos en el proceso. Si el fiscal es necesario, ahí va a estar hasta que se tenga que formular el escrito o practicar la última declaración al final del día, pero eso no significa que se esté dando una justicia de calidad en ese sentido".

-Y todo eso con cambios de sede.

-El juzgado ha estado de prestado en un local que no reunía las condiciones adecuadas, pero afortunadamente se ha vuelto a la sede original, todavía con algún defecto que hay que subsanar, con la falta de una sala Gesell y otras estancias que están proyectadas, pero en definitiva está mejor.  

-¿Cómo afecta la llamada ley del solo sí es sí.

-El Tribunal Supremo ha quedado en pronunciarse dentro de un mes. De la Fiscalía ha salido una instrucción en la que se mantienen los criterios de reformas anteriores, de los años 2007 y 2015, donde venían unas disposiciones transitorias para interpretar las normas en el sentido de que cuando una pena prevista es igualmente imponible conforme a la norma actual no procede su revisión. Sí se ha clarificado ya sea por debajo o por lo alto con un criterio único. Que esto sirva de pábulo para criticar a las instituciones y demonizarlas es deplorable, esa era una técnica que utilizaban anteriormente gente que estaba fuera del Estado de Derecho. Creo que tratar así a las personas que actúan conforme al principio de legalidad, que no tienen más interés que respetar la ley, es cuando menos desafortunado. Muchas veces el mundo político responde a otros criterios que les llevan a no entender que nosotros nos conducimos por otros baremos distintos a los suyos. Lo único que pedimos respeto y comprensión por los profesionales de la justicia.