Condenan a Juan Andrés Gil a 7 años de inhabilitación por prevaricación

Veintitrés días. Ese es el tiempo que ha tardado la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras en emitir la sentencia que condena a Juan Andrés Gil, exalcalde de Tarifa, a siete años de inhabilitación para cargo y empleo público por un delito de prevaricación administrativa establecido en el artículo 404 del Código Penal, que fija entre siete y diez años la inhabilitación a una autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativa.

La primera condena que recibe Juan Andrés Gil, ahora portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarifa, responde a la demanda por prevaricación que el PSOE interpuso contra él por el despido de Miguel Ángel Marín, y la contratación de Cristóbal Iglesias, alcalde de Facinas y miembro del Partido Popular tarifeño. Tal y como quedó expuesto en la vista oral, celebrada el pasado 17 de febrero, Cristóbal Iglesias fue contratado para la realización de trabajos de reforma en el castillo de Guzmán el Bueno sin que fuese convocado ningún proceso de selección ni contratación para tal fin.

En el caso de Iglesias, la jueza le condena a una multa de tres meses, a razón de seis euros diarios, en virtud al artículo 406 del Código Penal, que alude a la persona que acepta la propuesta, nombramiento o toma de posesión sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. A su vez, lo absuelve de la acusación de cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.

El fallo de la jueza entiende que ninguno de los dos acusados -Juan Andrés Gil y Cristóbal Igleisas- tienen responsabilidad alguna en el despido de Miguel Ángel Marín, que se encontraba en período de pruebas en la Oficina de Turismo de Tarifa. Por tanto, les exime de las idemnizaciones que solicitó la acusación.

El Partido Popular de Tarifa emitió ayer un comunicado en el que señaló que aunque la condena insiste en la ilegalidad del contrato de Cristóbal Iglesias, "queda demostrado que no habían un plan preconcebido para despedir a un trabajador y, en su lugar, colocar a otro", señalaron en alusión al sentido con el que los socialistas interpusieron la demanda que los llevó al banquillo de los acusados.

Los populares tarifeños anunciaron que ambos acusados apelarán ante la Audiencia Provincial por no estar conformes con la sentencia emitida por la titular del Juzgado número 2 de lo Penal de Algeciras.

"Si bien la sentencia ha rebajado claramente las peticiones contenidas en la calificación fiscal, no satisfacen las lógicas pretensiones de las defensas. Por ello, y salvado el más estricto respecto a la decisión judicial, apelaremos por no estar conformes con la misma con la seguridad de conseguir una sentencia totalmente absolutoria en segunda instancia puesto que el desarrollo de la vista dejó claro la inocencia de los dos acusados", explicaron desde el Partido Popular de Tarifa.