Augusto Méndez de Lugo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoció ayer ante los parlamentarios andaluces que la justicia "ha llegado tarde" para ejecutar su control ante el incremento de los delitos urbanísticos, si bien se comprometió en actuar "con toda la contundencia" que permite la ley ante estos casos. "Estos escándalos que sublevan a la ciudadanía requieren que todos nos pongamos más a tono para atajar estos males", dijo Méndez de Lugo ante los diputados que conforman la Comisión de Justicia y Administración Pública.

El magistrado achacó estos retrasos a la saturación que viven los juzgados de lo contencioso administrativo, la falta de dotación de personal y material y, añadió, la necesidad de mejorar la formación de los jueces y fiscales sobre urbanismo. Además, propuso la implantación efectiva de los "jueces volantes" que asistan a las sedes judiciales que se ven desbordadas por macroprocesos como el caso Malaya o el reciente caso Astapa en Estepona, ya que estas instrucciones "requieren una dedicación exclusiva".

Méndez de Lugo, que asistió al Parlamento para presentar la memoria anual del TSJA, expuso también que el sistema judicial se encuentra "agotado" y no responde a las necesidades del siglo XXI, por lo que consideró urgente abordar "de forma inaplazable" la reforma de la Justicia con un pacto de Estado. El magistrado consideró que en la actualidad "se está vulnerando y conculcando seriamente el derecho a la tutela judicial efectiva".

El juez sostuvo que los esfuerzos realizados para modernizar la Administración de Justicia y dotarla de medios más avanzados "no han alcanzado los resultados necesarios". "De nada sirve tener un gran automóvil si no se tiene una magnífica autopista", fue el símil que utilizó.

Méndez de Lugo consideró así que 2007 ha sido un "año en blanco" para abordar la reforma del sistema y puso como ejemplo de mal funcionamiento a la oficina judicial, donde, añadió, "estamos peor que antes".

El magistrado consideró la delincuencia juvenil como uno de los nuevos problemas a los que hay que hacer frente y reclamó la "implicación" de todos los agentes y ciudadanos ante la "vulnerabilidad" de los menores.