Un detenido por la Guardia Civil en Algeciras en una operación contra un caso de sextorsión en Teruel

La Guardia Civil detuvo ayer, lunes, en su domicilio de Algeciras a un individuo por su presunta relación con un caso de sextorsión. La operación, llevada a cabo por orden de un juzgado de Teruel a primera hora del día, fue protagonizada por agentes desplazados desde la Comandancia de dicha ciudad, que contaron con el apoyo de efectivos de Algeciras. La detención y el registro de la vivienda se realizaron en la avenida Virgen del Carmen, frente al puerto. La operación continúa abierta.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Sur que se trata de una investigación por un presunto delito de sextorsión, que consiste en amenazar a una persona con difundir imágenes o vídeos íntimos, habitualmente obtenidos a través de redes sociales o servicios de mensajería, con el fin de obtener un beneficio económico o de forzar determinadas conductas.

Uso de material sexual sensible

La sextorsión, considerada una forma de violencia digital, ha ganado visibilidad en los últimos años como una grave amenaza que afecta tanto a adolescentes como a adultos. Se basa en el uso de material sexual sensible para manipular, extorsionar o humillar a la víctima, y suele perpetrarse mediante aplicaciones móviles, redes sociales o plataformas de citas.

En este caso no se ha confirmado que la detención esté relacionada con otras operaciones anteriores. En 2018, la operación Lubido, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel y asumida más tarde por la Audiencia Nacional, destapó una organización con ramificaciones en varias provincias españolas.

En septiembre de 2022, el juez José Luis Calama propuso juzgar a cerca de un centenar de personas por su presunta implicación en este grupo, que habría utilizado la web de contactos sexuales www.pasion.com para captar a sus víctimas. Publicaban anuncios falsos de mujeres que supuestamente ofrecían servicios sexuales. Cuando los usuarios contactaban, habitualmente por WhatsApp, los autores rastreaban sus datos personales —nombre, domicilio, entorno laboral o familiar— y los amenazaban con hacer pública su supuesta intención de contratar servicios sexuales si no pagaban determinadas cantidades de dinero.

El magistrado calificó los hechos como presuntos delitos de organización criminal y extorsión, y atribuyó un papel clave a los cabecillas de la trama: Masinissa F.M. e Ismael B.O., quienes supuestamente controlaban los anuncios, los números de contacto y dirigían las acciones de los demás miembros del grupo.