La Guardia Civil registra en Algeciras un inmueble por un caso de sextorsión investigado en Teruel

La Guardia Civil ha llevado a cabo a primera hora de este lunes, 7 de julio, un operativo en Algeciras relacionado con un caso de sextorsión. La actuación ha sido dirigida por agentes desplazados desde la Comandancia de Teruel, que han contado con el apoyo de efectivos de la ciudad. El registro se ha realizado en una vivienda situada en la avenida Virgen del Carmen, frente al puerto de la ciudad.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Sur que se trata de una investigación en curso por un presunto caso de sextorsión, un delito que consiste en amenazar a una persona con difundir imágenes o vídeos íntimos, habitualmente obtenidos a través de redes sociales o servicios de mensajería, con el fin de obtener un beneficio económico o forzar determinadas conductas.

De momento no han trascendido detenciones ni el alcance de la operación, que continúa abierta.

La sextorsión, considerada una forma de violencia digital, ha ganado visibilidad en los últimos años como una grave amenaza que afecta tanto a adolescentes como a adultos. Se basa en el uso de material sexual sensible para manipular, extorsionar o humillar a la víctima, y suele perpetrarse mediante aplicaciones móviles, redes sociales o plataformas de citas.

La presencia de agentes de Teruel en este despliegue en Algeciras apunta a una línea de investigación que se origina fuera del Campo de Gibraltar, aunque por el momento no se ha confirmado que esté relacionada con otras operaciones anteriores. En 2018, la operación Lubido, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel y asumida más tarde por la Audiencia Nacional, destapó una organización con ramificaciones en varias provincias españolas.

En septiembre de 2022, el juez José Luis Calama propuso juzgar a cerca de un centenar de personas por su presunta implicación en este grupo, que habría utilizado la web de contactos sexuales www.pasion.com para captar a sus víctimas. Publicaban anuncios falsos de mujeres que supuestamente ofrecían servicios sexuales. Cuando los usuarios contactaban, habitualmente por WhatsApp, los autores rastreaban sus datos personales —nombre, domicilio, entorno laboral o familiar— y los amenazaban con hacer pública su supuesta intención de contratar servicios sexuales si no pagaban determinadas cantidades de dinero.

El magistrado calificó los hechos como presuntos delitos de organización criminal y extorsión, y atribuyó un papel clave a los cabecillas de la trama: Masinissa F.M. e Ismael B.O., quienes supuestamente controlaban los anuncios, los números de contacto y dirigían las acciones de los demás miembros del grupo.