El mercado negro de los teléfonos en las cárceles: casi 600 móviles incautados en cinco años en Botafuegos

La introducción ilegal de teléfonos móviles en las cárceles y su circulación entre los internos se ha convertido en uno de los principales problemas de los centros penitenciarios de España, entre ellos el de Botafuegos, en Algeciras. El sindicato Acaip ha alertado de una situación que ha generado "un mercado negro que conlleva graves consecuencias para la seguridad del establecimiento y el buen orden interno". Casi 600 terminales se han incautado en la prisión algecireña en los últimos cuatro años, según los datos que aporta la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias.

"Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados dentro de prisión", advierte Acaip, que contabiliza en 571 móviles los teléfonos interceptados de manera ilegal dentro de Botafuegos entre los años 2020 y 2024. Unas cifras en el resto de cárceles del país asciende a 12.882 móviles. Tan solo el pasado año se requisaron un total de 2.884 dispositivos de los cuales 59 fueron retirados en la cárcel de Algeciras.

El sindicato penitenciario recuerda que "los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género, el narcotráfico o seguir coordinando las redes criminales desde el interior de prisión". Y agrega que "esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reducación y reinserción social".

"Muchos de estos terminales son utilizados por internos condenados por narcotráfico, violencia de género o bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas e intervenidas por motivos de seguridad, a su vez originan alteraciones del orden debido al mercadeo interior donde se generan deudas, coacciones, amenazas, agresiones o peleas", prosigue Acaip en un comunicado.

Esta práctica cada vez más habitual provoca que los funcionarios tengan que hacer frente a esta problemática "con medios insuficientes", ya que "los terminales son cada vez más pequeños y fabricados con plásticos por lo que escapan fácilmente a los detectores de metales, al ser diminutos pueden esconderse en lugares insospechados".

Además, Acaip subraya que han surgido "nuevos métodos de introducción de estos objetos prohibidos", en especial los drones, "con capacidad de sobrevolar las instalaciones penitenciarias y depositarse de forma precisa en el lugar convenido, todo ello gestionado desde el exterior por bandas organizadas previo pago económico del interesado".

"Si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene interés en abordar la problemática que se vive a diario en las prisiones españolas, debe instalar equipos electrónicos con nuevas tecnologías, los actuales inhibidores de frecuencia tienen una función decorativa porque o no están operativos o están obsoletos porque solo inhiben redes 3G y actualmente la tecnología es 5G", sostiene el sindicato.

"Desde Acaip volvemos a poner encima de la mesa del mandamás de las prisiones españolas una de las muchas problemáticas que reina en todas las cárceles del país, una respuesta eficaz ante esta amenaza constante no depende de sus funcionarios penitenciarios, sino del interés que se tomen los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en buscar soluciones", reclama.

Acaip destaca la labor de los funcionarios "a pesar de contar con medios limitados y a la creciente sofisticación de los métodos para introducir estos objetos prohibidos en las cárceles" y remarca "el esfuerzo, compromiso y profesionalidad de los funcionarios".