Judas políticos y mazmorras algecireñas

De regreso a la actividad de las administraciones más cercanas, por aquel comienzo del mes de agosto del 71, y coincidiendo con el expediente de reparto de tierras se observa que: “Al estar á lo acordado el 22 de julio [...] sobre si ha de incluirse en el reparto á los militares, toda vez que la orden que cita el Sr. Comandante General del Campo no es conocida en estas Oficinas ni en las de Hacienda ni lo dispuesto por la de 14 de Febrero Ultmo. es que las cédulas de empadronamiento de los militares no sean gravadas con impuestos municipales”. A pesar de los cambios del sistema parece que ciertos gestos del pasado se resisten a su desaparición.

Al mismo tiempo que se solicita la exención impositiva para el personal del Ejército destinado en la zona, se remite escrito a la corporación algecireña sobre acuerdo para: “Pedir informe al Ayuntamiento de Algeciras acerca de una reclamación de Doña Ana de Rojas y Pacheco, pidiendo la pensión que fue concedida como viuda de Don Cristóbal González Gómez, se entienda desde el 13 de Enero y no desde el 8 de Mayo”.

De vuelta a la presencia en aguas de Algeciras de la llamada Escuadra del Mediterráneo, casualmente y coincidente con la presencia de los navíos españoles atracados frente a la colonia de Gibraltar, hizo acto de presencia una escuadra inglesa que navegaba por el mismo mar compuesta de ocho buques, estando al mando el vicealmirante Sir H. Yerverton. Tras varios días de estancia en la roca partió rumbo a Lisboa y posteriormente a Vigo. Demasiados problemas internos tenía el Gobierno de Ruiz Zorrilla para plantearse o provocar un altercado con la, por aquel entonces todopoderosa Royal Navy.

Otro asunto que aún está de plena actualidad en la comarca es la puesta en libertad de varios dirigentes políticos como el algecireño Miguel José Derqui. Sobre tan controvertida causa los antimonárquicos tarifeños hicieron pública la siguiente nota en la que reflejaron la injusticia e indignación que todos todos los republicanos de la zona sentían: “Día de júbilo para este noble vecindario, día de justa satisfacción y anheloso regocijo para el partido republicano ha sido el viernes 7 del corriente. Los ciudadanos Pablo Gómez Mouré, Juan Romero Gracia y José Navas Fernández, presidente y secretarios que fueron los dos primeros de la junta revolucionaria de Tarifa y el tercero capataz de una de las cuadrillas de derribo parcial de murallas, llegaban al recinto de sus muros procedentes de la cárcel de Algeciras en cuyas mazmorras habían entrado en enero del año pasado de 1870 en unión del ciudadano Miguel José Derqui, vicepresidente de dicha junta. Pocas veces el furor despiadado del pandillaje ha dado un más insigne ejemplo de crueldad y de injusticia”.

“La junta de esta ciudad -prosigue la publica nota-, compuesta exclusivamente de republicanos [...] Dió principio entonces al largo proceso instruido contra los ciudadanos Gómez Moure, Derqui, España, Romero, Manso, Abreu, Navas, Labao y otros, dictándose autos de prisión contra los tres primeros y el penúltimo; los cuales durante más de año y medio han venido sufriendo la más bochornosa de las vejaciones y el más inhumano encarcelamiento [...] Miguel José Derqui no solo ha visto su ruina material sino que al considerarse envuelto en tan monstruosa iniquidad perdió el juicio dentro de la misma cárcel de Algeciras, por cuya razón fue entregado á su familia, y los excesivos cuidados de esta y la notificación de su completa libertad han logrado felizmente extirpar su enfermedad moral”.

Pero aunque de una injusticia se tratara según sus protagonistas, ¿qué motivó además de la conjura política el ingreso en prisión de tan destacados dirigentes antimonárquicos del Campo de Gibraltar? La misma e indignada nota procura aclararlo: “Exhaustas las arcas municipales por el desbarajuste administrativo y económico de los anteriores administradores y debiendo hacer frente a las imperiosas necesidades de momentos revolucionarios como aquellos (1868), decretó un anticipo de 15.000 pesetas con calidad de reintegrable cuando las circunstancias permitieran practicar con las debidas formalidades la subasta del aprovechamiento de leñas de Propios. Con este recurso y los ordinarios atendió la Junta al sostenimiento de sus fuerzas militares, socorro de las gentes advenedizas que pudieran constituir un peligro para el público sosiego, y á mil otras necesidades tan extraordinarias como críticos eran los momentos. Nuestra Junta, como todas las de España, no ajustándose en sus gastos á ningún presupuesto [...] no formalizó, desde luego, cuenta alguna justificada. Más, al fin del periodo de su duración, mal aconsejados sus vocales por la Junta Municipal ya instituida, consideró necesaria una cuenta, como cualquier otra, y elevarla a la aprobación de la diputación provincial [...] Nadie esperaba que la Junta por hacer aquello que no se le mandaba ni podía exigirsele, fuese envuelta en un largo proceso criminal, encarcelados sus individuos, llevados, entre parejas de civiles como criminales peligrosos”.

Desestimadas las cuentas por la Diputación y relegadas al parecer al olvido, “aprovecharon la coyuntura de la irritación gubernamental contra nuestro partido después de las jornadas de diciembre del 69 -de las que se hizo referencia en anteriores entregas- fueron destituidos los legítimos ayuntamientos y reemplazados militarmente por una congregación de Judas políticos [...] exhibió las cuentas al público. La corporación militar estimó la delación [...] y nombrando una comisión para el examen de las cuentas, resultó la falsedad pre-combinada [...] y á pesar de saber que las cuentas de nuestra sensata Junta eran justas [...] no tenía otro objetivo que el de manifestar á la diputación la cifra módica á que ascendían los gastos revolucionarios. Dió principio entonces el largo proceso instruido”.

“Hoy que la Excma. Audiencia del distrito de Sevilla -prosigue la judicial información-, ha decretado el sobreseimiento de la causa estimando los hechos como delitos amnistiados por la Constituyente, declarando de oficio todas las costas, y mandando se les ponga, desde luego en libertad [...] Casi no se concibe lo que durante año y medio ha venido ocurriendo con los jefes del alzamiento nacional en este rincón olvidado rincón de España”. Circunstancia judicial y política aquella que bien recuerda la frase de cierto personaje de Pardo Bazán, de su novela Rodando (1920), cuando Dña. Emilia pone en boca de aquel: “Todo lo que estaba sucediendo era obra de esa justicia que no queremos ver, pero que traspasa cuanto nos rodea”.