Más de cuatro horas de escuchas y grabaciones de la Policía Nacional señalan al armador del Rúa Mar

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional comenzó a finales de 2018 su investigación sobre Pedro Samuel Maza y su entorno. Antes, durante y después de la fatífica noche del 23 de enero de 2020, en la que el pesquero Rúa Mar se hundió y se llevó consigo las vidas de sus seis tripulantes, los agentes pincharon teléfonos de lo que ya entonces sospechaban que eran miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a través de barcos pesqueros. También pusieron un dispositivo de grabación en un Peugeot que el armador había convertido en su oficina. Todos estos audios se han escuchado este martes, durante más de cuatro horas, en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz durante la octava sesión del juicio por el naufragio mortal.

El tribunal examinó una selección de los sonidos que la Fiscalía considera esenciales en su intento de demostrar que el Rúa Mar fue utilizado para el tráfico de hachís entre Marruecos y España, y que su hundimiento no fue un accidente, sino consecuencia del exceso de peso y la mala estiba de la carga junto a la avería del embrague. Además, que Maza ocultó datos relevantes al dispositivo de búsqueda del barco. Para empezar, sabía que había sufrido una avería y no lo dijo.

El ambiente en la sala fue de expectación contenida. Las familias, presentes en mayor número que en anteriores sesiones, observaban en silencio mientras en una pantalla se reproducían los audios uno tras otro. En ellos se oyó cómo el principal acusado organizaba y coordinaba unas "cargas" que le llevaban a recolocar algunos tripulantes e incluso al patrón. También, su preocupación cuando se produjeron las detenciones de nueves personas de "otro grupo" que a veces hacían "trabajos" al suyo". Se escucha hablar de sus sospechas sobre la existencia de un "chivato" e incluso explica cómo hay que "responder" cuando una "persona se va a echar la culpa" para quitársela al "dueño".

Una parte importante llegó con las llamadas que Pedro Samuel Maza cruzó la noche del naufragio con Salvamento Marítimo, que antes de nada realizó cinco intentos de contactar con él sin éxito. Luego mantiene varias conversaciones con un enlace del operativo de rescate ante el que niega que el Rúa Mar llevara un teléfono vía satélite. En varias ocasiones telefonea él, "preocupado" porque, en el pesquero, explica, iban "familiares". "¿Han mirado bien por la zona y no han visto el barco en un radio de tres millas?", pregunta con frialdad. El interlocutor de Salvamento Marítimo le explica que lo único que hay en el punto en el que saltó la radiobaliza es "un velero" que, junto a otros dos barcos en la zona, dicen que no han visto nada. En un momento dado, el miembro de Salvamento Marítimo le pregunta si ha contactado con el Rúa Mar. Él dice que no, que la última vez fue cuando salió del puerto de Barbate. Esto entra en contradicción con otro audio en el que se oye cómo su tío, el patrón, Antonio Javier Maza, lo había llamado a media tarde para comunicarle que el embrague se ha estropeado. Lo primero que Pedro Samuel le pregunta es si lo habían podido "guardar todo".

Avanzada la noche, Salvamento Marítimo le informa de que un helicóptero había localizado la radiobaliza. Le pregunta a Pedro Samuel Maza por qué cree que ha dejado de emitir señales la llamada caja azul. Se trata de un sistema de geolocalización por satélite que transmite continuamente la posición, velocidad y otros datos del barco a las autoridades pesqueras para el control y seguimiento de la flota. "Si el barco se hunde no emite, porque todo es eléctrico", confirma.

La sesión se centró en el análisis de parte de las grabaciones y se decidió suspender el resto hasta este miércoles. La complejidad del material técnico y el tiempo necesario para escucharlo obligaron al tribunal a posponer su revisión completa. Se prevé que, una vez finalizada esta fase, llegue el turno de las declaraciones de los acusados, que hasta ahora han preferido guardar silencio.

Lo que está en juego

La Fiscalía solicita para el armador del buque, Pedro Samuel Maza, penas que suman hasta 114 años de prisión, además de fuertes sanciones económicas. Se le imputan delitos de homicidio, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Junto a él se sientan en el banquillo otros cuatro acusados (uno de ellos sigue declarado en rebeldía), con peticiones de penas que oscilan entre los seis y los diecinueve años, según su presunta participación en la operación.

Las defensas han centrado hasta ahora su estrategia en cuestionar la legalidad de las intervenciones telefónicas y de los dispositivos de localización, argumentando que las pruebas deben declararse nulas. También sostienen que el naufragio fue un accidente, y que cualquier responsabilidad recaería, en su caso, sobre el patrón fallecido, no sobre el armador.

Punto de inflexión

Aunque la sesión no alcanzó el esperado momento de las declaraciones, sí marcó un paso importante: la escucha de las pruebas que sustentan toda la acusación. Este miércoles está previsto que continúe la exposición de las escuchas y los registros de voz. Una vez concluido ese bloque, los acusados tendrán la oportunidad de responder ante el tribunal. Sus declaraciones podrían definir el rumbo del proceso, en el que se cruzan dos versiones: la de un accidente fatal en alta mar, y la de un naufragio provocado por una operación de tráfico de drogas.

Las familias de los desaparecidos siguieron la jornada con serenidad y cansancio a partes iguales. Para ellas, el juicio no solo busca responsabilidades penales, sino también respuestas. En este proceso, cada palabra —grabada o dicha frente al tribunal— puede ser decisiva.