Los juzgados de Marzales en Algeciras vuelven a la actividad tras los temporales entre andamios, cascotes y humedades

Los juzgados de Marzales, en Algeciras, han retomado su actividad entre andamios, cascotes y enormes manchas de humedad tras permanecer cerrados buena parte del mes de febrero como consecuencia de los daños que arrastra el edificio y que se vieron agravados por el tren de borrascas. Una situación que el sindicato CSIF ha denunciado ante la Fiscalía por entender que la Delegación Territorial de Justicia incurre en una "imprudencia" en relación con el personal de la administración de Justicia y los usuarios del recinto.

CSIF reclama la dimisión inmediata de la delegada territorial de Justicia, Ana María Bertón, "por su incapacidad de gestión que ha llegado al límite de la imprudencia después de que haya ordenado a los funcionarios a regresar a los juzgados del Palacio de Marzales en Algeciras sin garantizar la seguridad de las personas". CSIF sostiene que se desconoce el alcance de los daños estructurales que presenta este edificio tras las últimas lluvias torrenciales, cuando fue desalojado, tras años sin mantenimiento.

Además de ante la Fiscalía, por si hubiere responsabilidades penales, CSIF también ha trasladado la situación a la Inspección de Trabajo. "Se han cometido un gran número de irregularidades en la forma de proceder: la decisión se ha tomado sin un informe previo del Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, sin consulta ni participación de los funcionarios afectados ni de sus representantes sindicales y convocando una reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral con incumplimiento de la normativa de plazos", según CSIF.

CSIF censura que “se ha normalizado la dejadez y se ha implantado el abandono institucional, la falta sistemática de mantenimiento de las sedes judiciales mediando falsas promesas de construcción de edificios que nunca llegan y la falta de un mobiliario necesario que nunca se adquiere”.

Asimismo, el sindicato apunta que existe un informe de tres especialistas ingenieros de la edificación y arquitectos técnicos del Estudio Labrum, contratado por la propia Consejería de Justicia, que confirma la existencia de patologías graves, corrosión de armaduras con pérdida de sección de acero, desprendimientos en cornisas, desperfectos en toda la cubierta y riesgo en la capacidad portante de los forjados (techos y suelos).

Junto con los problemas estructurales, el sindicato agrega que la plantilla está desempeñando actualmente su jornada laboral "en un entorno lleno de humedades, malos olores, hongos tóxicos y con la mayor parte del edificio intransitable". "Dicho informe advierte que es necesario estudiar si los daños existentes afectan a la capacidad estructural porque hasta que no se lleve a cabo ese estudio no se puede confirmar si el edificio estructuralmente es seguro. Sin embargo, la Delegación ha obviado este informe y lo único que ha hecho es colocar una marquesina y un vallado por todo el edificio para evitar accidentes por desprendimiento de cornisas y tejas", revela CSIF.