El sector de la estiba mira al Gobierno como el único actor capaz de resolver el embrollo normativo en el que se encuentra esta actividad y demanda del Ejecutivo que actúe cuanto antes para salvaguardar tanto la seguridad jurídica de los trabajadores como la paz social en los puertos que requieren las empresas para mantener su actividad.

La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de imponer una sanción millonaria a la patronal mayoritaria, Anesco, y a varios sindicatos por pactar el año pasado una subrogación generalizada de los estibadores tras el decreto de liberalización del Gobierno del PP ha abierto un nuevo frente de inestabilidad que amenaza con quebrar el frágil equilibrio en el que se mueven las relaciones laborales entre las empresas y los portuarios desde hace ahora casi dos años.

La CNMC estima que ese acuerdo, firmado en julio de 2017 con el visto bueno del anterior Gobierno y la mediación del Consejo Económico y Social, incurre en una vulneración de la normativa de defensa de la competencia y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Precisamente, los argumentos que llevaron al Ejecutivo del PP a iniciar en febrero de aquel año la liberalización de la contratación vía Decreto Ley. El Ministerio de Fomento, entonces titulado por Íñigo de la Serna, siempre insistió en que una subrogación generalizada incluida en la Ley, como demandaban los sindicatos, no tenía cabida.

Para garantizar el empleo de los portuarios, el anterior Ejecutivo instó a la negociación, y así lo hicieron Anesco y los principales sindicatos poniendo fin a varias semanas de huelga en los puertos, y a un reglamento complementario que nunca llegó.

Aunque la propuesta de sanción de Competencia no es firme, deja en saco roto y anulado de facto ese acuerdo social. Competencia, como organismo autónomo e independiente del Gobierno, no tiene potestad directa para modificar las leyes, pero sí para proponer cambios. De hecho, no cuestiona el decreto de liberalización que está en vigor, sino el posterior pacto laboral. No bastaría con pagar una posible multa, dado que la CNMCpuede volver a sancionar a la partes por reincidencia.

Al poner reparos al acuerdo y proponer una multa que en conjunto supera los 7 millones de euros (6,2 para los empresarios), Competencia ya ha provocado una congelación de las relaciones entre la patronal Anesco y los sindicatos, tal y como reconocen fuentes de ambas partes consultadas por Europa Sur. Nadie se atreve a dar un paso más en las conversaciones ante el temor de nuevas sanciones o incluso ante la posibilidad de caer en la reincidencia.

Estas mismas fuentes sindicales y de la patronal de la estiba coinciden en que le toca al Gobierno mover ficha. Desde el ámbito social se estima como necesario que el actual Ejecutivo del Partido Socialista introduzca en la normativa la subrogación para evitar una indefensión de los trabajadores, tal y como propuso el miércoles Comisiones Obreras a través de su secretario comarcal de Servicios a la Ciudadanía, Miguel Alberto Díaz.

El diputado socialista Salvador de la Encina, quien en su día defendió que la subrogación tenía cabida en el Decreto Ley que impulsó el Gobierno del PP, reconoce que hay preocupación en el Ejecutivo después de que en sus primeros cinco meses no haya logrado poner en marcha el reglamento prometido por sus antecesores para resolver la continuidad laboral de los portuarios.

“El Gobierno debe tomar acciones para el futuro del sistema portuario. El Gobierno y el Ministerio de Fomento ya están trabajando en ello, con respeto a la CNMC. También se ha contactado con todas las partes. La subrogación recogida en la norma puede ser una solución, pero se trabaja en una respuesta que dé plena seguridad jurídica a las partes. Es complejo y requiere algo de tiempo”, explica De la Encina, quien medió ampliamente durante la crisis de 2017.

El Gobierno deberá hilar fino para que, en caso de aplicar cambios al actual decreto o incluso si opta por un nuevo texto, no colisione con la normativa comunitaria que motivó la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014 y supuso el principio de un laberinto del que aún quedan pasillos por recorrer.

Fuentes de la patronal coinciden con los sindicatos en que la propuesta de la CNMC deja a las partes en total inseguridad jurídica a la espera de que el Gobierno intervenga. “El Gobierno tiene la llave en la búsqueda de una solución”, subrayan fuentes de Anesco, quienes además apuntan que si la legislación no se modifica, los sindicatos deberán replantear parte de sus demandas (jubilaciones anticipadas o formación) en favor de un mantenimiento de la paz social.

La acción del Ejecutivo deberá ajustarse a las leyes de la UE que forzaron la liberalización

Al margen de las posibles actuaciones del Gobierno, tanto Anesco como los sindicatos trabajan a contrarreloj en los recursos contra la iniciativa de la CNMC. Parte de los argumentos se basarán en defender que el pacto cuestionado nació avalado por la legítima potestad de las partes para la negociación colectiva.

Una vez tramitados los recursos, Competencia resolverá en un plazo prudencial bien ratificando su sanción, modificándola (a la baja) o archivándola. Los empresarios y los sindicatos confían en que se produzca el sobreseimiento. De lo contrario –avanzan– recurrirán a los tribunales dado que las discrepancias con las resoluciones de la CNMC deben ser resueltas ante los tribunales de lo Contencioso. De llegarse a este extremo, se abriría un nuevo frente, el judicial, con unos tiempos de resolución que pueden dilatarse durante varios años.