El largo conflicto sobre la reforma de la estiba vive un nuevo giro, que deja la pelota en el lado de los trabajadores. Durante una reunión celebrada ayer en Madrid entre las empresas del sector y los representantes de los portuarios, los empresarios elevaron su apuesta: la subrogación para los estibadores en todos los puertos del país, un acuerdo a nivel nacional que garantice el empleo a los trabajadores que ya están en el sector. Pero para negociarlo, reclamó la patronal, deben cesar las medidas de presión en los puertos y desconvocarse la huelga, algo a lo que los sindicatos se niegan.

La subrogación de los contratos de los 6.150 trabajadores que actualmente prestan los servicios de estiba en los puertos del país ha sido el principal escollo para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la contratación en la estiba, obligada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera que España incumple el Tratado de Funcionamiento de la Unión al no garantizar la libre contratación. El real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes, como el primero que fue derogado por el Congreso, no incluía la principal demanda de los estibadores, la subrogación obligada de los portuarios ahora contratados. Para los trabajadores, el texto aprobado conseguiría el efecto contrario, su despido, al establecer un periodo transitorio de tres años en los que el porcentaje de trabajadores procedentes de las actuales sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep) que es obligatorio contratar se iría reduciendo y endosar a las autoridades portuarias el pago de las indemnizaciones acumuladas por los estibadores.

Ante la aprobación de un nuevo decreto sin subrogación, los sindicatos presentaron la pasada semana un preaviso de 8 jornadas de huelga en los puertos. Y ayer se celebraba en Madrid la reunión de la comisión paritaria sectorial estatal para mediar ante ese preaviso, una reunión que acababa sin acuerdo.

Las partes llegaban a ella en tensión. Según la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), en los últimos dos días los trabajadores están realizando "intolerables medidas de presión, con bajadas de rendimiento en la mayoría de las terminales españolas". Fuentes empresariales apuntan a una caída de la productividad de entre un 20 y un 30% en las terminales: si en una jornada normal de trabajo se suelen estibar 145 contenedores de media, esa cifra estaría bajando hasta los 120 o incluso 100 como consecuencia del bajo rendimiento de los trabajadores. Eso está ocurriendo en el conjunto de los puertos, con especial incidencia en Algeciras. Algo que a juicio de la patronal "constituye un acto de huelga encubierta e ilegal". Para los empresarios "resulta imposible dialogar ante este tipo de prácticas".

La patronal reclamó ayer acabar con esas acciones y desconvocar la huelga para empezar a negociar la reivindicada subrogación. Pero los trabajadores, aseguran fuentes empresariales (ayer esta redacción intentó contactar sin éxito con los representantes sindicales), negaron que se esté bajando la productividad a propósito y tampoco accedieron a suspender la huelga convocada. En el anterior periodo de prehuelga, ante las quejas de las empresas por la rebaja de la productividad, los sindicatos alegaban que se estaba trabajando al ritmo normal, pero sin hacer esfuerzos de producción. El resultado del periodo de tensión en los muelles se dejó notar especialmente en la estadística portuaria de Algeciras: el puerto vio caer un 15,7% su actividad en marzo, mientras que en Valencia cayó un 2,2%. En cambio, Barcelona acaparó parte de los tráficos desviados y vio subir un 22% el volumen de carga gestionada.

Ahora se teme que el nuevo preaviso de huelga vuelva a traer consecuencias nefastas para los puertos, especialmente para Algeciras por su especialización en el tránsito, un tráfico que puede desviarse de un puerto a otro con mayor facilidad: los contenedores podrían optar fácilmente por otros hub del Mediterráneo. La posibilidad de desvíos de tráficos vuelve a estar sobre la mesa como medida para hacer frente a la huelga. Aunque hay empresas que ante conflictos similares han optado por decisiones incluso más drásticas: según recogen varios medios internacionales, APM ha llegado a anunciar el cierre durante la tarde y noche de su terminal de Gotemburgo y por tanto la exclusión de los trabajadores del turno de noche del trabajo. Una decisión adoptada tras ver caer un 20% su productividad normal.

La patronal Anesco tachó de irresponsable y extremadamente grave que el Gobierno no haya requerido su posicionamiento antes de la tramitación del real decreto ley de reforma de la estiba que llega hoy al Congreso. Las empresas del sector afearon que el Ejecutivo no les haya traslado previamente el texto, ni solicitado su posición, antes de la tramitación de un cambio legal de esta relevancia.

La patronal lamentó en un comunicado no haber podido participar en el proceso para la aprobación y convalidación del decreto ley. "En ningún momento, las empresas del sector han podido expresar su posición, faltándose al compromiso adquirido tras la propuesta de mediación", expresaron.

La asociación empresarial ha exigido su participación activa en el desarrollo reglamentario del decreto ley que debe iniciarse para que puedan recogerse aportaciones, refiriéndose al real decreto de medidas laborales. La patronal pidió basarse en el principio de acuerdo suscrito entre Anesco y las organizaciones sindicales el 27 de marzo (y no en la propuesta del mediador).

El Ministerio de Fomento replicó que ha cumplido "íntegramente" el compromiso adquirido con la patronal de estibadores Anesco de remitirle el borrador del real decreto que recoge la propuesta de mediación elaborada por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

Fomento destacó que el texto había sido remitido por la mañana tanto a Anesco como a los sindicatos de estibadores "un día antes de que se celebre en el Congreso el debate de convalidación del real decreto-ley de reforma del sector de la estiba, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros".

El pasado 6 de abril, el secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez-Pomar, comunicó a los sindicatos y a la patronal que, una vez finalizada la redacción del real decreto que desarrolla el real decreto-ley, se remitiría a ambas partes para que pudieran hacer sus observaciones.