El diputado socialista y responsable de asuntos marítimos y portuarios del grupo parlamentario del PSOE, Salvador de la Encina, insistió ayer en que la subrogación de los estibadores desde las actuales Sagep hacia las empresas que presten este servicio en un sistema liberalizado debe constar expresamente en la reforma del sector. Para De la Encina, se trata de la única forma para garantizar el cumplimiento de esa garantía laboral a lo largo del tiempo y en todo el país.

"Un acuerdo fuera del decreto no garantiza su cumplimiento", alertó el diputado campogibraltareño alegando que en caso de cambio de actores en la patronal o sindicatos, otros podrían recurrir sólo a la normativa en vigor -al decreto- donde no conste esa fórmula de mantenimiento del empleo.

De la Encina apuntó que la base de la negociación que se retomará el próximo martes entre la patronal y los sindicatos debe ser el acuerdo que se perfilaba a finales de enero, donde se contemplaba la subrogación de los estibadores y la estructura de las plantillas puerto a puerto.

"El decreto ha muerto. No existe", remachó De la Encina. Para el representante de los socialistas, cuyos 84 votos en el Congreso resultan vitales para sacar adelante o derogar una próxima reforma, los abogados del Estado deben trabajar junto con el Gobierno en una redacción nueva con garantías laborales. "El Gobierno rompió la paz social con su torpe intervención. Una actuación floja, lenta e irresponsable. La sentencia de la Unión Europea no dice que haya que despedir a los 6.500 estibadores, ni que se tengan que indemnizar con más de 300 millones del Estado", reflexionó De la Encina. Sostuvo que el decreto, por tanto, buscaba favorecer a las empresas de trabajo temporal. "Han intentado hacer lo mismo que en casos como las privatizaciones de Repsol, Trasmediterranea o Telefónica", reprochó.

El socialista además agradeció el compromiso de los sindicatos y la patronal de abordar la negociación sin convocatoria de huelgas para no perjudicar más a los puertos.

De la Encina aseguró que, una vez que concluya esta situación, preguntará por el coste del desplazamiento de 200 agentes de la Policía Nacional y medios técnicos de control de manifestaciones hacia Algeciras en previsión de una huelga de estibadores que no ha llegado a producirse.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, exigió al Gobierno que negocie la reforma de la estiba tras acusar de nuevo al Ejecutivo de Mariano Rajoy de "dejadez". Díaz, al igual que dijo el jueves, lamentó la terquedad del Ejecutivo y su inacción. Además, se preguntó por qué cuando se conoció la sentencia, hace ahora algo más de dos años y cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, "no tuvo voluntad ni priorizó la ejecución de una sentencia que es de obligado cumplimiento".

Díaz incidió en que el real decreto ahora derogado "va mucho más allá de lo que marca la sentencia" y apuntó hacia las pérdidas económicas producidas en los puertos por el clima de inestabilidad generado desde febrero con su presentación.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, valoró ayer que el Gobierno de Madrid, con el rechazo del decreto de la estiba, "pudo comprobar que de verdad no tiene mayoría absoluta".

"Hasta ahora pensaban que en determinadas cuestiones iban a contar con las alianzas y los apoyos necesarios como si tuviesen una mayoría absoluta y comprobaron que ante temas de importancia de Estado tiene que consensuar, pactar, dialogar y no se puede pretender seguir llevando al Gobierno por la línea que actualmente lo hace", dijo Jiménez Barrios.

El consejero andaluz manifestó que el Gobierno "tiene que llevar al Congreso de los Diputados pactada y consensuada las iniciativas", y el tema de la estiba "no podía llevarlo a base de empujones, golpetazos e intentar poner en marcha algo que no contaba con ni siquiera el acuerdo de las empresas". A juicio de Jiménez Barrios se trata de "una lección que creo que debió aprender este jueves el Gobierno, que inevitablemente tiene que buscar el acuerdo para llevar al Congreso iniciativas que tienen tanto calado como estas".

El vicepresidente de la Junta afirmó que los estibadores dieron una muestra de responsabilidad anulando la huelga. "Tiene que iniciarse un diálogo franco, que no puede ser, como hasta ahora, con un intento de esconderse por parte del Gobierno", sostuvo. Jiménez Barrios coincidió con De la Encina y afirmó que el Gobierno debe negociar. "El Gobierno tiene que ser el que esté en la mesa para posibilitar que haya un acuerdo de lo que se está planteando, el cumplimiento de la sentencia para liberalizar la estiba pero al mismo tiempo respeto a lo que significa el trabajo de los estibadores", subrayó. Para el consejero, además de con los trabajadores, debe alcanzarse un acuerdo con las empresas "para que los puertos no sufran una situación como la que previsiblemente iba a ocurrir si la huelga hubiese sido un hecho".