Ediles y funcionarios niegan que la mesa favoreciera a Roseworld

Los concejales del PP y los funcionarios del Ayuntamiento de La Línea procesados en el caso Roseworld negaron ayer que hubiese un trato de favor a esta empresa para hacerse con cuatro parcelas municipales y, al igual que Juan Carlos Juárez y Carlos Ruiz Calama, justificaron la adjudicación a esta mercantil en 2005 en los informes de los técnicos, que según expusieron ante los magistrados de la Audiencia invalidaron la oferta de Promaga y acreditaron la solvencia de Roseworld.

En la tercera sesión del juicio en la sede de la Audiencia Provincial en Algeciras, también prestaron declaración el administrador único de Roseworld, Anil Thakurdas, y Rafael de los Reyes Medina, el entonces representante de Abuztúa Inversiones, empresa que compró a Roseworld las parcelas en 2007. Al concluir ayer las declaraciones de todos los procesados -excepto Kevin Phelan, que sigue sin comparecer-, la sesión prevista para hoy no se celebrará y el juicio se reanudará el martes con los testigos.

La primera persona en declarar ayer fue Thakurdas, quien aseguró a preguntas de la fiscal anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, que "nunca" pensó que su mercantil, Roseworld, fuera a hacerse con las parcelas, y negó que sus negocios previos a la venta con Ruiz Calama influyeran en esta adjudicación. Especialmente difuso se mostró el empresario cuando la fiscal le preguntó por el modo en que se acordó el pago aplazado de los cuatro suelos, pues aseveró no recordar cuándo habló con sus asesores de esta posibilidad, con qué persona del Ayuntamiento se trató el pago aplazado y si este se acordó antes o después de la venta de las parcelas.

Por otro lado, expuso que nunca llegó a realizar el segundo pago por los terrenos al Ayuntamiento al anular la Junta de Andalucía la aprobación provisional del PGOU -el Consistorio sí le reclamó el dinero a través de un acta notarial-, así como que fueron su socio, Kevin Phelan, y los abogados de éste los que tramitaron la venta de las parcelas a Lábaro en 2007 a la vista de que la citada aprobación no iba a producirse. Según el abogado de la acusación popular, Marcos de Felipe, Thakurdas cayó en este último punto en una "contradicción, pues en la fase de instrucción señaló que fue él personalmente el que llevó la tramitación con Lábaro".

Sobre la compra que efectuó en 2004 como administrador de Laxmi de una parcela de Lineatrans, sociedad de Calama, respondió a la fiscal que el contrato privado entre ambas partes no se elevó a escritura pública hasta mucho después "porque estaba buscando un inversor para comprar otros suelos" y porque debía hacer frente a la comisión del broker en el momento de la escritura. Thakurdas, que afirmó que nunca habló directamente con Calama sobre esta operación sino a través del broker, agregó que los dos pagos a Lineatrans -a través de talones y por valor de 870.000 euros cada uno- los declaró en 2004 y 2005, respectivamente, y que en 2006 incluyó la cantidad total declarada, algo más de dos millones de euros al contemplar el IVA.

El empresario, al igual que el resto de procesados, no respondió a las preguntas de las acusaciones y se pasó directamente a las de la defensa. En este apartado, negó haber pagado a alguien del Ayuntamiento por favorecerle, alegó que la oferta de Roseworld siempre incluyó una cuantía económica más un local y admitió que demandó a Lábaro por diferencias respecto a los pagos.

El segundo en declarar fue Rafael de los Reyes, quien expuso que la transmisión de las fincas de Roseworld a Lábaro se produjo el 28 de febrero de 2007, así como que días antes se había efectuado un pago de 1,3 millones de euros al Ayuntamiento a través de Lábaro y no de Abuztúa porque, según argumentó, en ese momento no se había decidido aún quién gestionaría la compra. Añadió en respuesta a las preguntas de la fiscal que, previamente a la transmisión, se comunicó por escrito al Consistorio que había un acuerdo entre las partes y que la respuesta "verbal" de la Administración local fue dar el visto bueno y solicitar un pago que se formalizó cuatro días después.

Por otra parte, admitió que conocía la existencia de un proceso contencioso-administrativo en el momento de la compra "que no era motivo para no seguir adelante", pero no las diligencias previas por lo penal. A preguntas de uno de los abogados de la defensa, dijo que al único procesado del Ayuntamiento que conocía en el momento de la compra era a Juárez por su notoriedad como alcalde de La Línea.

A continuación llegó el turno de los concejales del PP. Declaró en primer lugar Juan Montero, quien presidió la primera mesa de contratación por la ausencia de Juárez. Montero explicó que en las reuniones de la mesa nunca se habló de la forma de pago y ratificó que la oferta de Roseworld "siempre incluyó un local como mejora del pliego".

En cuanto a la solvencia de Roseworld, esgrimió que "no había motivos" para dudar de ella dado que aportó una declaración jurada primero y un certificado bancario después, y ya en respuesta a una pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre si fue el técnico de Contratación y secretario de la mesa, Alfonso Ruiz Pau, el que "convenció" a los demás integrantes de dicha solvencia, afirmó que sí y que lo hizo verbalmente y por escrito a través de su informe sobre la solvencia y la oferta económica.

Montero negó que se beneficiara a Roseworld; que se influyera en la comisión técnica para que solo valorara a esta mercantil; y que hubiese recibido dinero o tuviera constancia de que algún procesado lo hubiera hecho. Por último, respondió a su abogado que no conocía a Anil Thakurdas pero sí a los propietarios de Promaga y que, en su opinión, este caso tiene "una gran carga política". Al término de su declaración, Montero fue felicitado de forma efusiva por otros de los procesados.

En similares términos se expresó la concejal María de la Cruz Atienza, pues también apeló a los informes de los técnicos, tanto al de Ruiz Pau como al de Mercedes Martínez Orrillo sobre la exclusión de Promaga, a cuyo abogado acusó de "amenazar" a los miembros de la mesa de contratación con tomar acciones legales si excluían a esta empresa del concurso. Además, indicó que el concejal socialista Miguel Tornay cambió su voto tras mantener una conversación con esta persona.

Después expuso que no estuvo en el pleno de la adjudicación a Roseworld por motivos personales pero sí en el de la resolución de las alegaciones, y negó que alguien le comentara o insinuara que había que dar a esta mercantil un trato preferente. Por último, aseveró que la primera vez que oyó hablar de Roseworld fue el 29 de noviembre de 2005, fecha de la primera mesa de contratación, y que ha sabido de las empresas Lineatrans, Laxmi, Lábaro y Abuztúa solo a través del actual procedimiento judicial. El último de los ediles del PP en comparecer fue Francisco Muñiz, quien ratificó lo ya expuesto tanto por Montero como por Atienza.

El ex interventor municipal Sergio Gómez fue el siguiente en declarar. En primera instancia aclaró que, cuando se produjo la venta a Roseworld, solo llevaba quince días como interventor y que por tanto el expediente lo había fiscalizado su antecesor. En cuanto al pago a plazos, reveló que fue el tesorero el que le comunicó esta circunstancia después de la venta, así como que, en su opinión, dicha forma de pago se debe recoger en el pliego de condiciones, ya que si no aparece puede interpretarse que la cuantía tiene que abonarse en una sola vez. "Que no se recoja no implica una ilegalidad", apuntó.

Comentó también que la primera noticia de Lábaro la tuvo tras el ingreso de 1,3 millones de euros en las arcas municipales y que fue el entonces coordinador de Hacienda, Calama, el que le indicó a que se debía este pago pero de forma no muy concreta.

Por último, manifestó que uno de los miembros de la comisión técnica, en concreto Marcos Rendón, le hizo una consulta sobre cómo debía efectuar la valoración económica de las ofertas, dada su experiencia en la materia, y que él le trasladó que solía emplear la regla de tres. Añadió que ambos acudieron entonces a Calama para preguntarle al respecto y que éste aceptó el criterio seleccionado. "Hubo total libertad para baremar", apostilló.

Las declaraciones de los procesados las cerró en la jornada de ayer el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, quien se jubiló muy poco después de que el pleno aprobara la adjudicación a Roseworld a propuesta de la mesa de contratación. Sevillano, que nunca se vio envuelto en un proceso judicial durante sus más de cuarenta años en el Consistorio, dijo que fue Tornay el que cuestionó la solvencia de Roseworld, pero que los miembros de la mesa siguieron las indicaciones de Ruiz Pau.